«No son fósiles. Son ciudadanos asesinados»

«No son fósiles. Son ciudadanos asesinados»

La directora hispanogermana Paloma Brinkmann rueda en España, Alemania y Bosnia un documental sobre desaparecidos

INÉS GALLASTEGUI

El 2 de noviembre una unidad militar del Acuartelamiento Daoiz y Velarde de Paterna (Valencia) atravesó el cementerio municipal para rendir homenaje en el mausoleo castrense a los caídos por España en acto de servicio. La ceremonia tiene una larga tradición pero, hasta este año, las tropas nunca habían desfilado por delante de las fosas abiertas de los 'otros' muertos por la patria. En concreto, de los 2.238 asesinados en el Paredón de España tras la Guerra Civil. Un concejal de Esquerra Unida abordó al militar de máxima graduación y le pidió que presentara sus respetos también a los caídos por la legalidad republicana. La respuesta del teniente coronel fue cortés pero firme: «No puedo visitar las fosas. En todo caso, en otro momento, lo haré de paisano, porque me interesa la historia». A la vuelta, los soldados pasaron de largo, a paso ligero, desdeñando a los muertos, a sus hijos y a sus nietos. La escena es solo una anécdota, pero refleja muy bien lo que la España democrática ha estado haciendo en los últimos cuarenta años con las cerca de 140.000 personas asesinadas y enterradas sin identificar en cunetas, fosas comunes o camposantos: ignorarlas.

Tal vez por su herencia alemana, la cineasta Paloma Brinkmann está genéticamente incapacitada para comprender la anomalía de que un país democrático desde hace cuatro décadas, la cuarta economía de Europa, sea incapaz de desenterrar a sus desaparecidos y entregárselos a sus familiares. Armada con su cámara, quizá alentada por los reportajes fotográficos de su abuelo, un joven oficial nazi en el frente de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, empezó a escarbar el suelo del olvido en Padul, un pueblo de Granada que acogió un campo de concentración franquista con más de 300 víctimas. Pero las historias familiares la llevaron a Paterna -donde fusilaron a presos de todo el país-, y la silenciada maquinaria de muerte española, por comparación, la condujo a Alemania, que ha ordenado identificar las muestras biológicas de más de 3.000 enfermos mentales asesinados por el Tercer Reich, y a Bosnia-Herzegovina, que, pese a la resistencia serbia, está destapando las huellas del horror. El resultado es el primer largometraje documental de investigación cinematográfico sobre la memoria histórica que se rueda en nuestro país. En él estarán los muertos anónimos y sus hijos, pero también Francisco Franco y Federico García Lorca, el exjuez Baltasar Garzón, el hispanista Ian Gibson y el periodista Gervasio Sánchez.

«Las familias no tienen tiempo para otra ley»

Un aullido de dolor salió de la garganta de Ascensión Mendieta el 1 de julio de 2017, el día en que enterró a su padre, Timoteo, presidente de la UGT de Sacedón (Guadalajara) ejecutado en 1941. El sentimiento de culpa por haber abierto la puerta de su casa a los asesinos la acompañó durante 78 años. Residente en Argentina, llevaba décadas buscando los restos de su padre. Su hallazgo –junto al de otros 50 asesinados por el franquismo– es hasta ahora el único éxito relativo de la llamada 'querella argentina' de la jueza María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad, que se topa una y otra vez con la impunidad de los culpables derivada de la Ley de Amnistía de 1977.

Para otros es demasiado tarde, denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Él comenzó a investigar para escribir un libro sobre su abuelo, asesinado por los falangistas junto a otros doce militantes de izquierdas en octubre de 1936, y la suya fue, en 2000, la primera exhumación científica de una fosa del franquismo en España. Allí estaban 'los trece de Priaranza del Bierzo'. Desde entonces ha escuchado cientos de testimonios de maridos, mujeres, hijos y nietos de represaliados que quieren encontrar a sus seres queridos para darles una sepultura humana. Su abuela murió dos años antes de lograrlo. Por eso Emilio tiene una cosa clara: ya no hay tiempo de debates parlamentarios para reformar la ley o aprobar otra nueva. Lo que hace falta, subraya, es voluntad política.

La prueba, asegura, es que hay comunidades autónomas que no han aprobado una ley de memoria histórica pero están exhumando víctimas, mientras otras han seguido todo el proceso legal para casi nada. Entre las primeras, pone como ejemplo al País Vasco. «Gracias a un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se hacen todas las exhumaciones de fosas de las que se tiene conocimiento, se han digitalizado documentos y grabado testimonios», resume. En cambio, Cataluña, que presumía hace diez años de la ley más avanzada, se ha limitado a exhumar «soldados que nadie reclamaba». Andalucía acaba de aprobar un plan de excavación de fosas dotado con 6 millones de euros en tres años.

La fotógrafa hispanoalemana, profesora de la Escuela de Arte de Granada, comenzó hace año y medio una colaboración con el departamento de Arqueología de la Universidad para documentar la localización y apertura de las fosas de Nigüelas y Padul, pero lo que empezó como un proyecto andaluz se ha convertido en un relato europeo: el de la supresión de la identidad de los enemigos a través de los asesinatos sistemáticos, en el Holocausto nazi, el «exterminio franquista» y la limpieza étnica en los Balcanes. «Se titula 'Territorio liminal', en alusión al limen, el umbral: los desaparecidos ni están ni no están; no existen. El objetivo de un genocidio no es solo la destrucción de un grupo, sino la negación de su identidad», explica la autora, que dejó a medias Historia del Arte para documentar el genocidio del Tíbet.

Paloma Brinkmann Fotógrafa y cineasta «Las fosas son una singularidad cultural española, como los toros y el flamenco. Algo que solo pasa aquí»

Se ha rodeado de un equipo de mujeres con amplia experiencia cinematográfica -Eva Díaz es la directora de fotografía y Emma Tusell, la de montaje- para embarcarse en un proyecto al que no le ve el fin: la intención del nuevo Gobierno de hacer efectiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 y asumir la identificación de las víctimas le obligó a cambiar el guion, pero no es optimista. Cree que en ese impulso hay demasiados fuegos de artificio. El objetivo de su cámara ha sido testigo del culebrón de la 'resurrección' en el Valle de los Caídos -allí estuvo el 18 de julio, atónita en la misa por el Generalísimo- y de la extraña jugada de la Junta de Andalucía, que ha paralizado una excavación que ya tenía visado técnico -la de Padul- para emprender una vez más la mucho más vistosa búsqueda del poeta de Fuente Vaqueros. El propósito, a su juicio, es esperar a que los testigos mueran de viejos para no dar una imagen «balcanizada» del país. «En Padul hay una señora de 96 años que llama cada poco tiempo a los arqueólogos preguntando cuándo le van a hacer la prueba de ADN».

«Las familias de los desaparecidos se sienten abandonadas. Tienen un sentimiento de injusticia y de abandono. Hubo manifestaciones cuando secuestraron a Diana Quer, pero en España hay decenas de miles de desaparecidos y nadie se manifiesta por ellos», lamenta.

Memoria y olvido

Verdad, justicia y reparación

La Ley de Amnistía de 1977 bloquea la posibilidad de acusar judicialmente a los responsables de las ejecuciones de la guerra y la postguerra. La gran mayoría de los culpables han muerto. Muchos testigos, también. Tras el intento frustrado de Baltasar Garzón, la 'querella argentina' de María Servini de Cubría ha sido reiteradamente bloqueada por el Gobierno y la Fiscalía.

Ley a medio camino

La Ley de Memoria Histórica del Ejecutivo de Zapatero estableció el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero delegaba su exhumación en las comunidades autónomas o en asociaciones de familiares. Su efecto se ha limitado al cambio de algunos nombres de calles y la retirada de símbolos franquistas. Sin financiación para ejecutar las medidas que contempla, la ley ha estado paralizada de facto durante los años de gobierno del PP. 2.457

fosas comunes hay en todo el territorio nacional, fruto de asesinatos y fusilamientos, según el Ministerio de Justicia. De ellas, 1.221 nunca han sido abiertas. Aragón es la comunidad con más enterramientos (600), seguida de Andalucía (550) y Asturias (324).

Los jueces no intervienen

La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los juzgados a investigar cuando se denuncia el hallazgo de restos humanos en su jurisdicción. «En el 95% de los casos no van. Eso es prevaricación», denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).Priaranza del Bierzo, primera

Desde la primera exhumación científica de la ARMHen Priaranza del Bierzo (León) en 2000, se han excavado cerca de 500 fosas y se han extraído unos 8.500 cuerpos. El último gran proyecto es el de la fosa 128 de Paterna, con unos 70cadáveres. En todo el cementerio valenciano hay 2.238 represaliados.6%

de los 140.000 desaparecidos en España han sido localizados e identificados en 40 años de democracia. En Bosnia-Herzegovina, 20 años después de la guerra, solo quedan por exhumar unos mil cuerpos de 35.000, según el Consejo de Europa.

Comisión de la Verdad

La reforma de la ley emprendida por Pedro Sánchez promueve la creación de una Comisión de la Verdad y un censo nacional de víctimas para que el Estado asuma su localización e identificación. También pretende anular las condenas del franquismo e impedir que el dictador sea homenajeado en su nueva sepultura.

3.000

muestras de cerebros extraídos para los experimentos de eugenesia nazis fueron hallados en unas obras en el Instituto Max Planck de Munich en 2015. Una investigación dotada con 1,5 millones de euros analizará el ADNy tratará de identificar a cada víctima. El Tercer Reich asesinó a unas 300.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales. La mayoría eran niños. El suelo alemán está plagado de símbolos de homenaje a los más de seis millones de judíos y miembros de otros grupos étnicos o sociales exterminados por los nazis. Algunos campos de concentración se han abierto como museos.

Y todavía hay miedo, especialmente en zonas rurales. Este verano, en Paterna, mientras documentaba la excavación de una fosa por el equipo de ArqueoAntro, financiado por la Diputación provincial, comprobó que un hombre mayor acudía todos los días a observar los trabajos desde una prudente distancia. Una vez le preguntaron por qué y se echó a llorar. No había ningún pariente suyo allí, pero cuando tenía 10 años fue testigo de decenas de ejecuciones fruto de los juicios sin garantías del 'terror frío', ya acabada la guerra. Solo les dejó grabar su voz contando los espantos que vieron sus ojos de niño. A los detenidos los insultaban, les despojaban de todo lo que permitiera reconocerlos y los mataban, mientras las familias observaban en silencio, impotentes, a unos metros.

«En Alemania las fosas de los campos de concentración se ordenaban como latas de sardinas, con los cadáveres apilados en filas, unos encima de otros. Aquí los arrojaban como bolsas de basura y se formaba una especie de talud de cuerpos. Los huesos están mezclados», cuenta espantada por la falta de respeto hacia los muertos y la ausencia de compasión de un país que se dice religioso. «Se están tratando las fosas como si fueran yacimientos arqueológicos. Pero esto no son fósiles. Son ciudadanos asesinados», denuncia Brinkmann. Como no hay un censo estatal de víctimas, ni una oficina pública, ni apoyo económico o moral por parte del Estado para los descendientes de los fallecidos, las familias acuden a los arqueólogos, que se convierten en detectives, en psicólogos o en paño de lágrimas. «La carga emocional de este trabajo es enorme», afirma.

Paterna en Europa

Lo corrobora Javier Iglesias, antropólogo forense de ArqueoAntro, responsable de varias de las exhumaciones de Paterna, donde ya se han extraído unos 500 cuerpos. «Hemos llegado muy tarde -lamenta-. Tenemos una base de datos de 300 familias, pero los hijos tienen más de 80 años. Este año han fallecido seis», señala el científico, que acaba de regresar de reclamar ante el Parlamento Europeo, en nombre de las familias, que se abran de una vez las fosas españolas.

La película se rueda en español, inglés y alemán y Brinkmann aspira a llegar a un público europeo. Nacida en Madrid y criada entre los dos países -su abuelo paterno era español y su abuela murió enferma durante el cerco de la capital en la guerra-, la cineasta tiene doble nacionalidad y muchas dificultades para hacer entender a sus amigos germanos o a su compañero holandés lo que ocurre en España, que ostenta el dudoso honor de esconder bajo su suelo el segundo mayor número de desaparecidos forzosos del mundo, por detrás del régimen comunista de Pol Pot en Camboya. «Solo en Andalucía, el número de asesinados, más de 50.000, supera los de las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala y Perú», recuerda.

«Cada vez que alguien levanta una ceja o desprecia a una persona por buscar a su abuelo, se está adscribiendo a un genocida, y eso debería ser delito -denuncia-. Yo firmaría por tener en España una derecha como la de Angela Merkel, porque en cultura democrática va muy por delante». Porque no se pretende, matiza, reabrir heridas, resucitar las dos Españas o crispar la vida política; se trata de derechos humanos: «Aquí las fosas son como una singularidad cultural, como los toros y el flamenco. Pero el exterminio franquista sigue unas pautas que también se dan en el Holocausto en Alemania o la limpieza étnica en Bosnia o el Tíbet. Hay que aplicar los cánones del Derecho Internacional, igual que en los demás genocidios».

Hace dos meses, a siete metros de profundidad en la fosa 128 de Paterna, Paloma Brinkmann tomó una decisión: cuando termine su película renunciará a la ciudadanía española. «Creo en la responsabilidad social colectiva. Los verdaderos responsables de esta barbarie no son los franquistas. Ellos hicieron su trabajo, que era asesinar. Quienes han sepultado la memoria son los demócratas: los políticos, los jueces, las universidades, la Iglesia... Lo siento, pero me da vergüenza».