Exhibe pornografía a su sobrina de seis años y alude en el juicio que lo hizo con fines educativos

De acuerdo con la sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, los hechos comenzaron en el año 2020, cuando la cría tenía seis años y el encausado 25. Por aquel entonces, el procesado seguía viviendo con su madre, que a su vez es abuela de la víctima, por lo que era habitual que la niña acudiera a su domicilio.

Para «satisfacer sus deseos libidinosos» y «prevaliéndose de la ascendencia que tenía sobre la menor», solía llevar a la niña a su habitación, donde le mostraba en su móvil vídeos pornográficos a los que accedía a través de Internet. Según la resolución, algunas veces era él quien los escogía y, en otras ocasiones, instaba a la víctima a que eligiera entre las diferentes opciones que ofrecía la página web.

Estos episodios, según ha quedado probado para el tribunal, sucedieron «frecuentemente» durante unos dos años, hasta que la pequeña realizó un comentario a su madre que hizo que saltara todas las alarmas, ya que denotaba un conocimiento de carácter sexual demasiado avanzado para su edad. Al indagar su progenitora, la menor le habló de los vídeos que le había enseñado su tío.

Como se recoge en la sentencia, a pesar de que el propio acusado al inicio de su testimonio en el juicio pretendió negar estos hechos, a lo largo del interrogatorio manifestó «sin ningún género de dudas» que había exhibido este tipo de contenidos a su sobrina.

Según intentó argumentar, no obró movido por su deseo de satisfacer sus necesidades sexuales, sino para «proporcionar a la menor una educación sexual» que la perjudicada, a los seis años, le habría reclamado. Unas explicaciones que, para los jueces, no supusieron más que «absurdos intentos de justificación» a su conducta.

Por ello, la Audiencia Provincial ha condenado al investigado como autor de un delito continuado de exhibicionismo o provocación sexual a menores a la pena de nueve meses de cárcel, además de inhabilitarlo durante cinco años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores.

Según el fallo judicial, se le ha impuesto dos años de libertad vigilada y una orden de alejamiento e incomunicación respecto a la víctima de la misma duración. Además, tendrá que indemnizar a la menor en la cantidad de 15.000 euros en concepto de daño moral.