Estonia y Letonia no brindan más

Estonia, Letonia y Lituania han sido los principales proveedores de priva barata de los países escandinavos, donde hace ya décadas las autoridades establecieron restrictivos sistemas para mantener a raya la dipsomanía de su población, desde un sistema de monopolio estatal y cartillas de racionamiento hasta una fuerte presión fiscal con intención disuasoria.

Con su ingreso en la Unión Europea en 2004 el trasiego fronterizo se hizo más fluido, pero las tres repúblicas establecieron algunos límites, alarmadas por las graves consecuencias sociales y sanitarias de su acentuada inclinación a empinar el codo. Según Eurostat, los habitantes de estas tres naciones de largos y fríos inviernos, que apenas suman 6 millones, son, con diferencia, los que más gastan en alcohol de todo el continente.

En los últimos meses Estonia y Letonia, ebrios de patriotismo proteccionista, se han embarcado en una guerra fiscal de consecuencias impredecibles. Una de las promesas electorales del ultraderechista Partido Conservador Popular Estonio (EKRE) era bajar los impuestos al consumo de bebidas para evitar que los consumidores cruzaran masivamente la frontera sur en busca de líquidos baratos para remojar el gaznate. Además, ambos países compiten por los sedientos turistas finlandeses o suecos que cruzan el Báltico para aprovisionarse de cara a la farra del fin de semana, sorteando el rigor de sus respectivas 'leyes secas'.

De hecho, junto a productores y distribuidores, uno de los grupos de presión más interesados en reducir el precio del licor 'take away' ha sido el formado por las compañías que operan los ferris en el mar Báltico. «El alcohol barato no es la principal razón para visitar Estonia o viajar en nuestros barcos, pero es, inevitablemente, parte de un paisaje competitivo más amplio», explicó a 'The Baltic Times' el CEO de la naviera Tallink Grupp, Paavo Nogene, al tiempo que anunciaba la inmediata caída del precio de 700 de los productos que se venden a bordo.

Cediendo a las demandas de sus socios de gobierno, una de las primeras medidas del presidente Yuri Ratas (Partido Centro) fue aprobar una reducción del 25% en los impuestos a la botella, con el triple objetivo de facilitar la vida de sus súbditos, dinamizar el negocio privado y llenar las arcas públicas. Se aplica a la cerveza, la sidra y destilados de alta graduación, pero no al vino ni al champán. «El volumen de alcohol vendido en Estonia aumentará y en Letonia disminuirá, seguro», declaró ufano a la radiotelevisión pública el 'ultra' Martin Helme, ministro de Finanzas. El partido EKRE, socio de la Liga de Matteo Salvini y el FPÖ austriaco en la Eurocámara, triplicó sus resultados electorales en las pasadas elecciones generales de marzo con esa y otras promesas.

Preocupación por la salud

La medida ha producido un efecto dominó. Temeroso de que la bajada de precios en el país vecino acabe con su ventaja competitiva, el ejecutivo de Riga -del que forma parte Alianza Nacional, de extrema derecha- ha anunciado una inmediata reducción fiscal sobre el preciado néctar, sin detallar su cuantía. Las autoridades lituanas no se han pronunciado, pero los analistas no dudan que la rebaja en el territorio contiguo repercutirá en los hábitos de consumo de sus ciudadanos y Vilna tendrá que reaccionar tarde o temprano. Por su parte, los cerveceros de Finlandia reclaman a su gobierno protección frente al 'ataque' de Tallin.

No todo el mundo ve en esta escalada bajista una ocasión para el brindis. Las organizaciones de salud pública han advertido de que abaratar el alcohol disparará su consumo e incrementará los ya de por sí altos índices de suicidio, accidentes de tráfico y enfermedades relacionadas con las curdas frecuentes, con el consiguiente aumento del gasto público.