Las universidades privadas han duplicado sus alumnos en una década

Pero el gran despegue de los centros superiores privados se produjo en este siglo, al calor de los recortes en los públicos, el encarecimiento de sus tasas y el endurecimiento de las becas, el aumento de las notas de corte y la enorme demanda de másteres, entre otros. Dos datos lo atestiguan con claridad. La última universidad pública que se creó en España fue la Politécnica de Cartagena, en 1998. Desde entonces, lograron autorización para impartir títulos oficiales de educación superior con el calificativo de universidad más de una quincena de centros privados. Solo en Madrid ya hay doce campus privados por media docena de públicos.

El segundo dato que describe las grandes proporciones del fenómeno es que, en solo una década, de 2009 a 2019, prácticamente se ha duplicado el número de universitarios que optan por un centro privado. Pasaron del 11,5% del total al 20,3%. Son ya más de 300.000 alumnos con matrículas privadas, dos de cada diez universitarios españoles.

La expansión acelerada de la privada, tanto de campus presenciales como de educación en línea o fórmulas mixtas, ha provocado que entre las 37 universidades acreditadas haya enormes diferencias de calidad académica. Existen desde instituciones totalmente asentadas y de alto prestigio internacional, encabezadas por la Universidad de Navarra -la única española no pública incluida entre las 600 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái-, hasta centros con un limitadísimo abanico de titulaciones, más parecidos a una academia de estudios superiores que a un campus, sin apenas programas de doctorado, o sin labor investigadora reseñable.

La altísima disparidad de calidad académica, que apenas se da en los campus públicos -ocho de cada diez están entre el 6% de las mejores universidades del planeta-, es una de las principales razones que ha llevado al Ministerio de Universidades a redactar un real decreto, que quiere aprobar en pocos meses, donde fijará los requisitos imprescindibles para que un centro de estudios español público o privado pueda ser acreditado como universidad, y que endurece de forma notable las exigencias actuales.

La norma, una vez entre en vigor, no solo fijará el nivel que deben alcanzar quienes aspiren a crear una nueva universidad, sino también los mínimos que deberán demostrar los campus de cualquier tipo ya acreditados, en un plazo máximo de cinco años, si no quieren perder el calificativo de universitario en alguno o todos sus centros. La regulación tendrá efectos retroactivos.

El secretario general de Universidades resume su contenido. «Para que una universidad merezca el nombre de tal necesita tener actividad en las funciones fundamentales de una institución de educación superior». Estos mínimos, según José Manuel Pingarrón, son impartir las enseñanzas fundamentales «en un número suficientemente grande como para que cubra las grandes ramas de conocimiento» y dedicarse a la investigación y a la transferencia de conocimiento. Quien no alcance los mínimos no podrá llevar el nombre de universidad para «evitar confusiones». Podrá funcionar adscrito a una universidad o impartir docencia superior, pero sin expedir títulos oficiales.

El borrador de real decreto, que en sus objetivos cuenta con la bendición de la Conferencia de Rectores (CRUE), indica que las universidades deberán disponer como mínimo de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura).

Cinco años después de empezar su actividad, al menos el 50% de sus estudiantes deberán ser de grado y grados dobles -para evitar que la entidad abandone las carreras profesionales en favor de la mayor rentabilidad de los másteres- y los matriculados en formación continua no podrán superar en dos veces a los inscritos en títulos oficiales (para que no se convierta en una academia).

El otro gran requisito es que los centros deberán dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la investigación, tendrán que tener un mínimo de publicaciones científicas -seis firmadas por cada tres docentes en tres años-, y deberán presentarse cada año a un mínimos de cinco proyectos competitivos de investigación autonómicos, nacionales e internacionales, logrando en el lustro al menos cinco concursos.

Entre el resto de las exigencias del real decreto de creación de universidades también destacan que el 60% de su personal docente e investigador (PDI) deberá ejercer sus funciones a tiempo completo y que el número de estos PDI no será inferior a uno por cada 25 alumnos matriculados en enseñanzas oficiales, aunque esta ratio podría ser algo más flexible para los centros de estudios en línea o semipresenciales.