Subirats se da hasta el otoño para pactar la reforma universitaria

Joan Subirats, que ha usado sus primeras tres semanas para ponerse al día y ratificar la confianza en todo el equipo designado por Castells, se va a dar de margen máximo hasta el próximo otoño para concluir la negociación de la reforma universitaria, prácticamente seis meses más que su predecesor, que quería tener un proyecto de LOSU cerrado antes del verano, a poder ser con consenso.

El objetivo de Subirats es llevar un anteproyecto al Consejo de Ministros antes de que termine el año, para su aprobación definitiva y remisión al Parlamento. Su compromiso es tener aprobada la LOSU antes del verano de 2023, para lo que deberá dar al Congreso y al Senado al menos seis o siete meses para la tramitación desde que el Gobierno les envíe el proyecto de ley.

El catedrático emérito de Ciencias Políticas, especializado en gestión pública, no tiene intención de empezar de cero la elaboración de la LOSU, porque considera que el trabajo realizado por Castells durante más de un año es «muy sólido», pero tampoco oculta que quiere hacer «algo suya» una de las leyes estrella de la legislatura, la que debe sustituir una regulación con 20 años y lograr la modernización y mejora de la financiación de las universidades españolas, una reforma reclamada desde hace años por comunidad universitaria, empresarios e instituciones.

El plan del antiguo teniente de alcalde de Ada Colau en Barcelona es reunirse en pocos días con rectores, alumnos y sindicatos (profesores y PAS) para comprobar cuanto antes qué aspectos del borrador de Castells «están maduros» (tienen consenso) y qué puntos deben ser reconsiderados o retocados. De hecho, con la Conferencia de Rectores, con la CRUE, se verá esta misma tarde. El grueso de la negociación la realizará con la comunidad universitaria, pero también tiene previsto empezar a mantener encuentros en breve con los grupos parlamentarios, para conocer sus demandas y avanzar los acuerdos políticos.

Subirats todavía no desvela en qué puntos está dispuesto a cambiar el borrador de Castells, pero algunos de los que tiene en mente son los referidos a la carrera profesional y docente o a la aprobación de títulos. De hecho, ni siquiera da por cerrado un punto que su antecesor no parecía dispuesto a retomar, como es la desaparición de los grados de tres años (los de 180 créditos) antes de 2025, algo que se establece en el real decreto de ordenación de las enseñanzas que el Gobierno aprobó en septiembre.

Este fue un aspecto en el que chocó con los rectores catalanes. La razón es que aunque se trata de una fórmula académica autorizada en 2015 por el Ejecutivo del PP, pero muy poco utilizada -no llegan al 0,6% del total de títulos españoles-, de los 24 grados de tres cursos que hay en España más de la mitad, 17, se imparten en centros de educación superior catalanes.