Los padres denuncian que la concertada viola la ley al imponer cuotas

La número dos de la confederación que representa a 12.000 asociaciones de padres de la escuela pública recordó que, por ley, la enseñanza concertada debe ser gratuita -no puede exigir desembolsos ni directos ni indirectos- y que los pagos por actividades escolares complementarias o servicios de los centros -a realizar fuera del horario lectivo- deben ser voluntarios y nunca significar discriminación para los alumnos.

Ceapa y Cicae realizaron esta acusación tras elaborar un estudio en 330 colegios concertados de ocho autonomías (Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco) que concluye que el 87% de los centros cobra a las familias una cuota base mensual para que los niños cursen en sus instalaciones la enseñanza que subvenciona el Estado y que estos pagos son obligatorias en el 76 % de los casos, contraviniendo la ley de educación (Lomloe), que ampara la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.

El estudio, realizado por la empresa Garlic B2B, cuyos investigadores acudieron la primavera pasada a los colegios haciéndose pasar por padres que pedían información para matricular a sus hijos este curso, aclara que las cantidades exigidas que ahora denuncian se reclamaron exclusivamente para actividades complementarias y para reforzar la enseñanza, pues no incluyen los posibles precios y costes de comedor ni los del transporte.

La directora de proyectos de la consultora, Amparo Núñez, relató la dificultad para conseguir información que indicase claramente a las familias las tarifas y aportaciones que tenían que hacer, en concepto de qué les cobran y los horarios o contenidos que justifican su pago. En algunos casos debieron insistir muchas veces al colegio para lograr los datos, en otros les entregaron una información comercial muy completa, pero no incluyeron la de la cuota, y un 39% de los centros no llegaron a entregar documento alguno con los precios complementarios.

El análisis detalla el dinero que exigen estos colegios a las familias en ocho comunidades autónomas, con gran disparidad de cuantías, que van desde los cero euros (un mínimo de centros) a los 1.000 euros mensuales. Las cuotas medias más elevadas están en Cataluña (214 euros), Madrid (129) y País Vasco (99). El precio medio es inferior en Aragón (41), Galicia (48), Andalucía y Murcia (53) y Comunidad Valenciana (83). Lo más preocupante, coincidieron las tres denunciantes, es que la investigación detectó que en el 16% de los casos existe riesgo de exclusión o discriminación para el alumno cuya familia no pague la cuota, un dato que aumenta hasta el 36% en las instalaciones visitadas en la Comunidad de Madrid. En estos centros, el estudiante no podría acudir a las actividades complementarias con el resto de los alumnos, por lo que la familia tendría que ir a recogerlo antes o quedará aislado del grupo en otro espacio del colegio.

Leticia Cardenal mostró su sorpresa, «un año más», ante la «pasividad» de las administraciones educativas, a las que considera «cómplices» de que curso tras curso los centros concertados sigan haciendo negocio con las cuotas y de dejar «desprotegidas» a las familias.

Elena Cid cree «inadmisible» que las autoridades «permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad». «En un sistema sostenido con fondos públicos, algunos centros hacen un uso abusivo e ilegal de las cuotas, siendo muy poco transparentes con las familias y actuando como privados 'low cost' », añadió.