Los rectores podrán elegirse mediante un concurso de méritos nacional

El candidato a rector ya no tendrá por que ser catedrático, bastará con que sea un profesor titular con 15 años de docencia, 16 de investigador y al menos 4 al frente de un departamento, un decanato o un vicerrectorado. Se le podrá elegir por el método tradicional -por mayoría del Claustro- o por un órgano específico con esa sola misión que celebrará una especie de concurso de méritos nacional. Lo formarán, como el Claustro, profesores (50%), alumnos (10%) y trabajadores (10%), más un 30% de ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la universidad. Valorará los currículos y méritos de todo profesor funcionario que se postule y elegirá a uno por mayoría. El mandato del rector pasa de 4 a 6 años, pero no puede presentarse a la reelección.

La norma da mayor representación a los alumnos, que al menos tendrán un puesto en el Consejo de Universidades -el órgano nacional de coordinación académica- y que constituirán un Consejo de Estudiantes (para representar al colectivo) en cada centro.

El Consejo Social, el órgano por el que la sociedad participa en la gestión de la universidad, también tendrá más poder. Tiene asegurado un puesto en el Consejo de Universidades y al menos un 10% de los asientos en el Consejo de Gobierno de cada campus, máximo órgano universitario. A cambio, sus miembros serán elegidos en listas abiertas por las asambleas autonómicas.

Las mujeres son el 55% de la tituladas universitarias, pero solo el 41% de las profesoras titulares y el 25% de las catedráticas. La ley pretende romper este techo de cristal con medidas como reservarles un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También pide paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.

Establece por ley que las universidades, muy maltratadas durante la crisis, deben recibir al menos una financiación suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento básico (personal, corrientes e inversiones) más otro aporte adicional por objetivos (resultados docentes o de investigación). En una década, añade, deben recibir una aporte semejante a la media de la UE.

El borrador indica que la carrera de los docentes tendrá como escalones estables los profesores ayudantes doctores, los titulares y los catedráticos. La temporalidad máxima debe reducirse a la mitad, del 40% actual al 20%. El profesorado funcionario, por contra, debe subir del 51% de la plantilla a tiempo completo al 55%.

Para terminar con el fraude de ley de los supuestos profesores asociados, figura pensada para que profesionales diesen clase a tiempo parcial, pero que se han convertido en docentes a tiempo completo y con sueldos pírricos que sostienen muchas universidades, se abren dos vías. Para los que son doctores y llevan al menos cinco años en campus con más de un 15% de asociados se les reservará un 15% de plazas en los concursos de profesor titular. Los no doctores que hayan trabajado cinco años como asociados podrán ser contratados por un máximo de cinco años como interinos.

Una de las medidas más novedosas es que la ley trata de acabar con el amiguismo y la endogamia de las universidades españolas -el 70% de profesores trabajan en el campus en que se doctoraron-. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber una mayoría de profesores de otras universidades que serán elegidos por sorteo. Otra novedad son los contratos de 1 a 4 años para «profesores distinguidos». Un instrumento que busca permitir el fichaje temporal de científicos de renombre mundial.

Prevé toda una batería de medidas para favorecer la investigación y la transferencia de innovación a la sociedad. Obliga a que todas las universidades inviertan al menos un 5% de su presupuesto en este área y a reservar al menos el 15% de las plazas docentes para investigadores.