Desmantelada una red criminal por tráfico ilícito de migrantes sirios y argelinos

Según la policía, facilitaban su permanencia en España y el tránsito a otros países europeos a cambio de cantidades que podían llegar a los 20.000 euros, lo que les habría reportado unos beneficios de más de 1.500.000 de euros. En total, han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid (13), Almería (5), Guipúzcoa (1), Málaga (1) y Murcia (1) entre los que se encuentran seis cabecillas que han ingresado en prisión provisional.

La investigación policial que ha permitido desarticular esta red tuvo su origen en otra operación durante el año pasado, que sirvió para desmantelar la logística en España de una organización dedicada al tráfico de personas. Con la información obtenida, y después de numerosas pesquisas, los enacargados de la investigación pudieron delimitar la existencia de esta importante red criminal de ámbito internacional dedicada al tráfico de migrantes sirios y, en menor medida, de migrantes argelinos, compuesta por dos organizaciones principales, una asentada en Argelia y otra en España.

La rama española de la red estaba dividida en dos grupos con tareas bien definidas. El grupo principal, asentado en Madrid, se encargaba de la coordinación de todas las actividades de la red en colaboración con la célula matriz asentada en Orán (Argelia). Por otro lado, el grupo afincado en Almería, se encargaba de la recepción de los migrantes en las costas de Almería y Murcia y su posterior traslado a la capital española.

Desde el enclave argelino, organizaban las travesías marítimas, realizadas con grave riesgo para la vida de los migrantes, en unas embarcaciones sobreocupadas carentes de cualquier elemento de seguridad, sin chalecos salvavidas o arnés de seguridad, cargadas de bidones de combustible y en las que no había agua ni comida. Las travesías se realizaban normalmente de noche y en zonas poco accesibles alejadas de núcleos urbanos.

De manera inmediata, el grupo de Almería, y gracias a la flota de vehículos que poseía la red, trasladaban a los migrantes hasta la provincia de Madrid, donde contaban con una amplia red de pisos de seguridad en los que eran alojados en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Cuando consideraban que en esos inmuebles ya no se podían instalar más migrantes, los traficantes hacían uso de algunos establecimientos hoteleros que controlaban y que permitían ocultar hasta 30 personas al mismo tiempo.

A los migrantes que decidían abandonar España, el entramado les ofrecía la posibilidad de hacerlo vía aérea, facilitándoles la obtención de los pasaportes y billetes necesarios, o bien vía terrestre, a bordo de vehículos de su propiedad o de alquiler que arrendaban a nombre de testaferros.

Los cuerpos de seguridad han destacado la especialización y profesionalización de la red en el movimiento secundario terrestre de los migrantes sirios desde España a otros países europeos, de tal manera que habían ideado una ruta especial que marcaba un itinerario concreto y un horario especifico para cruzar las fronteras interiores sin ser detectados por las autoridades policiales. Además, en ocasiones, y para aumentar los beneficios del entramado, esa información era vendida a otras organizaciones criminales que se dedicaban a actividades delictivas similares, de manera que podían aumentar los beneficios.

La ruta migratoria empleada por los traficantes con los ciudadanos de origen sirio discurría por Asia, África y Europa. El punto de partida era el aeropuerto de Beirut (Líbano), donde llegaban tras ser introducidos cruzando la frontera terrestre siria, y desde aquí eran traficados vía aérea hasta Egipto. A continuación la organización facilitaba el cruce de fronteras terrestres de Libia y Túnez hasta llegar a Argelia, donde eran alojadas hasta su salida hacia España. Los migrantes debían ir pagando en cada etapa a través del conocido método «hawala», sistema financiero que actúa fuera de los cauces legales, y se calcula que cada migrante podría haber pagado hasta 20.000 euros. Durante la investigación los agentes detectaron cómo el entramado criminal hacía uso de determinado material tecnológico –cámaras espía y micrófonos ocultos- para, entre otros objetivos, garantizar los cobros de dinero.

La investigación ha finalizado con un operativo policial que ha contado con la participación de 90 agentes y en el que se han realizado cinco registros domiciliarios y cuatro inspecciones a establecimientos hoteleros en las provincias de Madrid, Almería, Guadalajara, Murcia, Málaga y Guipúzcoa, en los que se han incautado 8.950 euros, 1.381 dólares, 36.000 dinares argelinos, tres vehículos y diverso material tecnológico. Además, se ha decretado el bloqueo cautelar y embargo preventivo de 25 cuentas bancarias.