Los crímenes de la casa de pique

No había dudas de lo que había sucedido. El cuerpo descamisado y torturado mostraba un orificio de bala. Su hijo Jorge, que entonces contaba 15 años, recuerda que la rabia y la indignación inundaron a la familia. «También nos cuestionamos la sociedad cuando oíamos que le tachaban de terrorista», recuerda.

Entonces, él mismo comenzó a reclamar justicia. Pronto llegaron las amenazas de muerte y la urgente necesidad de exiliarse. Partió para Venezuela y, desde este país, voló al País Vasco, donde encontró refugio. En 2012 creó una asociación con el nombre de su padre que ya suma 246 miembros. «No se trata sólo de una investigación por un crimen concreto, sino que representa el caso de muchos defensores de los derechos humanos en mi país».

El asesinato del profesor Freytter revela un capítulo poco conocido del conflicto colombiano, prolongado durante 70 años y aún vigente. La expansión de las milicias paramilitares en el campo, apoyada por la elite terrateniente, ha sido estudiada, pero no existe tanta información sobre su propagación urbana, especialmente en el ámbito académico.

Estos individuos formaron las denominadas autodefensas. «Se formaron con agentes de la policía y el Ejército entrenados por mercenarios estadounidenses e israelíes», explica. «Tomaron el poder durante los años noventa, se infiltraron en las instituciones públicas, incluidas las universidades, donde se hacían con sus presupuestos, designaban a profesores y decanos, y desterraban el pensamiento crítico», apunta, y señala, eufemísticamente, que su objetivo era disuadir a la oposición, desde los partidos de izquierda y los movimientos sociales. «Estaban avalados por el gobierno, con la connivencia de los cuerpos de seguridad».

Quienes se resistieron a su poder fueron tachados de enemigos internos, estigmatizados y, por último, eliminados. «Ya habían matado a cinco compañeros y la policía política le había detenido anteriormente reteniéndolo durante 13 horas», aduce. «Querían probar que él era un subversivo cuando lo que defendía era la educación pública».

Pero la muerte de Freytter no fue un hecho más, carente de trascendencia y culpables. Su hijo alentó una minuciosa investigación a través del trabajo de campo y el recurso a documentos desclasificados. Esas pesquisas condujeron hasta la declaración de Carlos Arturo Romero, un paramilitar que reveló el nombre de los autores. En una filigrana común a la retorcida historia reciente del país, los ejecutores formaban parte del Gaula, la entidad policial que, teóricamente, luchaba contra los secuestros y desapariciones. Además, se hablaba de una bodega donde el docente fue golpeado y asfixiado.

La localización de ese lugar fue otro empeño que llegó a buen puerto. Se trataba de una finca ubicada en un barrio acomodado. «Está situada cerca de una escuela de suboficiales de la Armada y de un batallón donde el Gaual poseía su base principal. Un marco ideal para la impunidad», indica. «Era el lugar donde retenían a los raptados, los torturaban y asesinaban. Los cadáveres los trasladaban a otros departamentos para dilatar el procedimiento judicial».

Pero había más. El inmueble pertenecía a Enilce López Romero, alias 'La Gata', presunta testaferro de los paramilitares, y también se descubrió que servía como base logística para el narcotráfico local, otra de las rentables actividades de los paramilitares. A la dueña se le propuso redimirse penalmente si daba cuenta de lo que sucedía en su sótano, pero falleció hace un año sin confesar nada. «Con ella murió gran parte de la verdad», lamenta.

La Asociación Jorge Freytter acaba de publicar 'La bodega', un libro en el que relata el proceso y cómo el reconocimiento oficial del crimen como de lesa humanidad permite proseguir con las diligencia. Próximamente, un equipo forense, con apoyo de la Diputación vizcaína, viajará hasta Barranquilla para buscar rastros biológicos en la casa, confiscada por el Estado. «También queremos que la casa se convierta en un espacio para la memoria histórica, tal y como prometió hacer el presidente Gustavo Petro con este tipo de sitios».

La historia de aquel crimen y el sótano del horror no corresponden, desgraciadamente a un pasado superado. «Aun siguen habiendo casas clandestinas de pique, tal y como se les llama porque allí pican a las personas, y hemos identificado otras siete víctimas, incluidos dos menores», revela el investigador.

En realidad, nada parece haber cambiado. «Las víctimas no constituyen la centralidad», denuncia. «Los paramilitares siguen detentando el poder, son patrones y jefes de negocio y quieren proteger sus recursos generados por el saqueo y las drogas. Seguirá la represión y la violencia mientras no se desmonten sus estructuras».