«Hay un concepto de dignidad de la abogacía que debemos mantener»

- Hay 250.000 abogados colegiados en España, pero solo ejercen 150.000. ¿A qué se debe una diferencia tan grande?

- Quiero suponer que la razón está en los servicios que ofrecemos, que les resultan atractivos. La información que se da, la biblioteca de la que disponemos, la tecnología, los cursos que se imparten...

- España es uno de los países europeos con más abogados por cada 100.000 habitantes. ¿Degrada eso de alguna manera la profesión?

- Lo importante no es el número de abogados que haya sino la formación que tengan, que sea la adecuada. Sinceramente, no creo que seamos demasiados. Pero lo relevante es tener la formación exigible y practicar la profesión según las normas.

- En 62 universidades presenciales hay Facultad de Derecho. Eso son muchos miles de graduados cada año. ¿Qué futuro tienen?

- Cuando entró en vigor la ley de acceso a la profesión, que contempla la realización de un máster, se dijo que de esa manera se excluía a un porcentaje elevado de personas. No es así. Queríamos que se garantizara que quienes acceden a la profesión tengan unas habilidades y competencias adecuadas. Es cierto que hay muchas facultades, pero un volumen alto de esos graduados van a otros destinos laborales distintos del ejercicio de la abogacía.

- Estos días hay quien defiende la idea de que la Judicatura es conservadora porque las oposiciones para ello requieren de recursos económicos importantes. ¿Puede pasar lo mismo con los abogados, por la necesidad de hacer un máster tras el grado?

- No creo que esté sucediendo eso en la judicatura ni creo que los jueces sean esencialmente conservadores. Pero aunque lo fueran, lo importante es la independencia en su ejercicio. Y con los abogados pasa lo mismo. También podríamos decir que los graduados son conservadores porque vienen de familias con recursos, dado que el tiempo que están en la Universidad podrían estar trabajando y ganando un dinero. Habrá quien crea que si no lo hacen será porque no necesitan ese dinero. Pienso que lo relevante es que quien quiera cursar el máster pueda hacerlo con becas, o facilitándolo a través de los precios públicos. Igual que pasa con el grado, ni más ni menos.

- ¿No tienen la tentación de presionar para limitar el número de estudiantes que entran en las facultades, como hacen en otras disciplinas?

- Algunas facultades ya tienen un límite de acceso.

- Pero es un asunto puramente académico. Me refiero a un límite fijado para controlar mejor el mercado de trabajo.

- El control para el acceso debe venir por la formación y luego el mercado decidirá. No debe haber otros límites.

- Algunos especialistas sostienen que los dobles grados han deteriorado la formación, porque con apenas unas horas más de clase no se puede saber de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el doble grado más común, lo mismo que si se estudiaran ambas carreras.

- Creo que ese es un debate de carácter más bien académico. Hay que dar tiempo a ver cómo se decantan esas titulaciones. Pero, en un mundo en el que se tiende hacia la especialización, no me parece mal que existan. No creo que nadie que piense dedicarse al ámbito del Derecho Penal o Civil las elija. Estudiará Derecho. Y al mismo tiempo, para alguien que quiera centrarse en el Mercantil, mejorar los conocimientos de empresa, aunque sepa menos de Penal, le vendrá muy bien.

- La última encuesta hecha a los colegiados recoge quejas por la gran diferencia de ingresos entre unos y otros. ¿Eso es malo para la profesión?

- Es inevitable. Estamos en una profesión liberal y como sucede en todas ellas hay diferencias, a veces enormes, en los ingresos. Es una realidad. Creo que, ante eso, lo que debemos decir a los jóvenes es que existe la posibilidad de buscar nuevos nichos de trabajo, y creo que lo están haciendo. Ya antes lo hacían pero ahora hay más posibilidades en ese terreno.

- Esa encuesta dice también que están ustedes convencidos de que la situación de la Justicia no es buena y reclaman un pacto de Estado.

- Creo que lo primero que debo aclarar es que la profesión reconoce sin duda la independencia del poder judicial. Cuando hablamos de que la situación de la Justicia no es buena, nos referimos a cuestiones de funcionamiento. Hablamos de la falta de recursos, sobre todo tecnológicos, que se ha hecho aún más evidente durante la pandemia. También a la necesidad de una reforma en el orden jurídico-procesal, porque nos regimos por algunos textos de finales del siglo XIX, que eran muy buenos pero no nos permiten afrontar de la mejor manera posible algunos asuntos. Y por último, creemos necesaria una reforma de carácter organizativo.

- Ese pacto de Estado que reclaman no parece fácil en estos momentos por la tensión entre los grandes partidos.

- Y sin embargo es fundamental ponerse de acuerdo. Por eso lo hemos pedido en varias ocasiones. Ahora bien, somos realistas y sabemos que es difícil. Con todo, habrá que tener una mirada optimista.

- Hay actuaciones de algunos abogados que irritan a la sociedad y empeoran su imagen. Como lo que hacen quienes para defender a sus clientes (acusados de asesinato, violación o sedición...) echan tierra sobre las víctimas o desacreditan a la Justicia o al Estado.

- Sin duda, esos comportamientos nos perjudican. Nos regimos por un código deontológico actualizado, tenemos normas sobre publicidad, secreto profesional... Y vulnerarlas conlleva sanciones. Hay un concepto de dignidad de la profesión que debemos mantener. Comprendo que algunas de esas actitudes de las que me habla generen inquietud social. Pero la ciudadanía puede estar tranquila porque nuestra actuación se rige por unas normas muy claras.

- También, en asuntos muy mediáticos, hay abogados que al inicio del proceso ya anuncian que llegarán hasta Estrasburgo. Eso denota poca confianza en la Justicia española.

- Tenemos que ver el elevado número de asuntos que entran en los tribunales. Si luego, en media docena, o en 200, alguien anuncia eso no resulta significativo del total, por mediáticos que sean esos casos. Eso sin olvidar que estamos intentando que haya vías alternativas de resolución de los conflictos, como la mediación o el arbitraje. Y nos cuesta, porque el cliente quiere saber lo que finalmente decidirá el juez. Eso revela confianza en la Justicia, no lo contrario.

- En las redes sociales se crucifica a quienes defienden a acusados de delitos muy graves como asesinatos o violaciones. ¿Por qué cuesta tanto entender que un acusado tiene derecho a la mejor defensa?

- Esos abogados son personas que defienden con su conocimiento a los acusados. Es un derecho fundamental de un acusado y sus abogados deben realizar su trabajo lo mejor que sepan. Y desde luego cuentan con nuestro apoyo en todo momento. Yo también conozco casos de letrados que han sido insultados en las redes sociales solo por hacer su trabajo y garantizar ese derecho.

- ¿Las redes sociales tienen buena parte de culpa de esta justicia popular que tanto abunda?

- Ya sucedía antes. Ahora sucede de forma más rápida y lo sigue más gente.

- Da la impresión de que, a despecho de ese intento de buscar vías alternativas del que me hablaba, se está judicializando todo, no solo la política. ¿Lo ve así?

- Creo que sucede sobre todo en el ámbito político. Fuera de él se hace un esfuerzo creciente por la conciliación. En los temas de familia, por ejemplo, es muy alto el número de asuntos que se cierran con acuerdos. O en el sector mercantil. Esa es la realidad cotidiana.

- ¿Cómo asume la abogacía que haya sentencias muy diferentes, cuando no opuestas, sobre casos idénticos o muy parecidos? Podemos hablar de la pandemia, y de otros muchos asuntos.

- Más que lo que sucede en la abogacía me preocupa lo que puede pensar la ciudadanía. En los temas procesales, es importante la labor unificadora del Tribunal Supremo, y a ella nos acogemos. Por supuesto que habría sido mejor que, en el asunto concreto de la pandemia, hubiese existido una normativa específica. Pero también es cierto que esto nos ha desbordado a todos. Hay que entenderlo.

- Con todo, no es fácil de entender que existan decisiones judiciales radicalmente opuestas sobre los cierres de la hostelería, por ejemplo. Y ustedes están en medio.

- Es algo que va implícito en la independencia judicial. Y no olvidemos que los casos tienen matices. Debemos analizar las diferencias porque a veces, en las normas que las autoridades regionales o municipales han ido aprobado, hay pequeños matices y ahí está el problema. Por cierto, esto no es algo que haya pasado solo en asuntos relativos a la pandemia. Ha sucedido en normativas sobre consumo, o hipotecas, y en otros temas relevantes.