El Gobierno ultima una reforma para evitar la fuga de otros 5.000 talentos
La ley de Ciencia crea un contrato indefinido para grupos de investigación y diseña una vía estable para que los doctores consoliden una plaza
El sistema español de I+D+i sufrió un duro golpe la pasada década, con el frenazo de la oferta pública de empleo y la ... caída de las inversiones. Supuso un envejecimiento de las plantillas de científicos y una precarización de la carrera, con la proliferación de interinidades, contratos temporales, inseguridad laboral y sueldos ridículos. El resultado fue, según los datos oficiales, la pérdida entre 2011 y 2016 de 5.000 puestos de investigación y la marcha al extranjero de al menos otros tantos jóvenes talentos, en busca de una carrera que no veían factible en su país.
El Consejo de Ministros dará luz verde en febrero al proyecto de ley que pretende paliar la precariedad del trabajo científico español y que, según su preámbulo, abre una vía para que los jóvenes investigadores puedan transitar con estabilidad hacia una plaza pública permanente en una universidad o centro de investigación, bien sea de carácter laboral o funcionarial. El objetivo declarado de la batería de cambios es evitar nuevas fugas de talento científico y, en la medida de lo posible, traer de regreso a parte de los investigadores que dejaron el país o a profesionales extranjeros de prestigio.
La ley de Ciencia, que si es ratificada por el Parlamento reformará una norma de hace una década, también aspira a suprimir burocracia para agilizar el trabajo de los grupos de investigación, incluye medidas contra la brecha y la desigualdad de género en los equipos y laboratorios, y potenciará con incentivos e inversiones la transferencia directa del conocimiento y la innovación a la sociedad y a las empresas.
La primera herramienta del texto que patrocina la ministra Diana Morant es un contrato indefinido para científicos, gestores y técnicos vinculados a grupos o proyectos de investigación que cuentan con financiación externa o procedente de ayudas públicas obtenidas en concursos. No dependen de los topes de la oferta pública de empleo, podrán optar a ellos licenciados, máster, técnicos superiores y doctores, y deben adjudicarse en convocatoria pública por mérito y capacidad. Beneficiarán a miles de investigadores de organismos y universidades que hoy viven con la incertidumbre de encadenar durante años contratos temporales o de obra y servicio.
La segunda medida busca abrir un itinerario previsible para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable hasta que obtengan una plaza pública permanente. Se crea un contrato de acceso a la carrera, con duración de tres a seis años, ocho máximo en el caso de científicos discapacitados, que también descontará del tope los permisos por embarazo y crianza, violencia de género o cuidados de familiares.
A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada. En caso de resultado positivo, mejorará su salario y les facilitará un certificado de «investigador establecido». El estatus les permitirá competir por una reserva de entre el 15% y el 25% de los puestos públicos de investigador que se oferten cada año y les liberará de parte de las pruebas de las oposiciones a una plaza funcionarial. La pretensión es agilizar y asegurar el trayecto de investigadores competentes hasta las plazas públicas ya que en una década se jubilarán unos 25.000 científicos en España.
La ley completa la mejora de las condiciones de los investigadores predoctorales, que ya optan a un contrato de cuatro años con un mínimo salarial tasado, con el derecho a una indemnización de 12 días por año a la finalización del trabajo. También restringe el contrato de «investigador distinguido», sea español o extranjero, a científicos de reconocido prestigio y reputación internacional consolidada que vengan a ejercer de director de equipo de investigación o de centro.
Para minimizar la burocracia que en ocasiones atasca el trabajo científico, simplifica la justificación de las subvenciones y permite ayudas directas a proyectos que ya han sido evaluados por otros agentes públicos españoles.
La transferencia de conocimientos a empresas se premiará con sueldo y promoción, las administraciones públicas podrán patrocinar 'start-up' para desarrollar los descubrimientos, los procesos de selección y evaluación deberán garantizar igualdad de oportunidades a quienes han asumido permisos de crianza o cuidados, y los propios comités de evaluación deberán tener un mínimo de un 40% de mujeres.
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