Los cambios que plantea el Gobierno en las pensiones para el 2021

De acuerdo con el plan remitido a la Comisión Europea, el Gobierno prevé un alza del deflactor del PIB –el índice más aproximado al IPC– del 0,9%. Subiendo las pensiones en el mismo porcentaje, el Gobierno cumplirá con su compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

De hecho, el objetivo del Gobierno es derogar el actual Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y aprobar antes de que acabe el año la revalorización de las pensiones vinculada al IPC. Si se aprobase, las pensiones subirían anualmente vinculadas al propio IPC de forma automática, de acuerdo a una fórmula que tenga en cuenta la inflación media de los últimos 12 meses u otra similar.

Con respecto a las pensiones mínimas aún no se ha especificado nada, por lo que es probable que vuelvan a tener en 2021 la misma subida que las demás: un 0,9%. No obstante, dado que aún no están cerradas las recomendaciones del Pacto de Toledo, la subida del 0,9% de todas las pensiones podría variar. El Ejecutivo no descarta que dicho incremento pueda modificarse tras las negociaciones con sindicatos, patronal y el resto de grupos parlamentarios, pues no quiere que se entienda como una decisión unilateral, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.

Por otro lado, el Gobierno planea sacar las pensiones no contributivas del sistema de Seguridad Social para poner fin al déficit. Así lo indicó hace unas semanas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Según señaló el ministro, las pensiones no contributivas pasarán a «integrarse en el futuro» en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El ministro, además, explicó que quiere definir mejor estas pensiones no desde el punto de vista del individuo, sino desde el hogar en el que se encuentra. Integrar las pensiones no contributivas en el IMV significa que ya no serán consideradas pensiones y que no las pagará la Seguridad Social, sino que se cargarán en el Presupuesto del Estado. Todo ello con el objetivo de poner fin al déficit de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad.

Esta medida forma parte de una de las recomendaciones que se están debatiendo en el Pacto de Toledo: separar las fuentes de financiación para liberar a la Seguridad Social de todos los gastos que no sean contributivos. Si se realizase esta reforma, las pensiones contributivas seguirían pagándose gracias a las cotizaciones, mientras que las no contributivas pasarían a pagarse con los impuestos.