La justicia europea decidirá si multa a Madrid y Barcelona por la contaminación

No es la primera vez que la Comisión se pone firme con la contaminación con los países miembros de la Unión Europea. En 2015, decidió denunciar a Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y Reino Unido por sus emisiones excesivas de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante vinculado a los vehículos y a la quema de combustibles fósiles. Superaron los 80 y los 90 microgramos, doblando lo que marca la normativa (40 microgramos).

Entonces, el expediente de España quedó en suspenso a la espera de que entrarán en funcionamiento las medidas anticontaminación anunciadas. Hace dos años, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, dio un ultimátum al Gobierno español, amenaza que repitió en enero de 2018; cinco meses después las aguas se calmaron tras escuchar a las autoridades nacionales y locales. Los dos consistorios mostraron entonces sus planes, como Madrid Central, para mejorar la calidad del aire, con niveles superiores a los permitidos desde hace una década. España se libró de ser denunciada y exponerse a una multa millonaria.

El último aviso llegó a principios del mes de julio. En una carta, el comisario Vella exigía medidas más drásticas para paliar la contaminación y reclamaba más colaboración a todos los implicados para rebajar los niveles NO2 y mejorar la salud de los ciudadanos. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió entonces que se tomen «medidas radicales para evitar una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» y mejorar la salud de los ciudadanos.

Un estudio publicado en marzo en la revista 'European Heart Journal' aseguraba que cerca de 800.000 europeos morían de forma prematura al año por culpa de la contaminación ambiental que, además, acortaba la esperanza de vida de los europeos unos 2,2 años. En el planeta, la Organización Mundial de la Salud calculó que la polución del aire estaba detrás de 8,8 millones de fallecimientos anuales, una cifra muy superior a lo que realmente estimaban hasta entonces (unos cinco millones).

A la espera de que hoy la Comisión Europea confirme la denuncia, Ecologistas en Acción aseguró que este paso es «una consecuencia lógica ante la ineficacia de las medidas adoptadas por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona». Este colectivo consideró que la decisión viene dada por «las nuevas intenciones» del gobierno de José Luis Martínez-Almeida con respecto a Madrid Central, «queriendo establecer la moratoria de multas».

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio madrileño, Borja Carabante, aseguró que esta medida judicial demuestra «fracaso de Madrid Central por no cumplir con la directiva europea» y que durante el proceso ante las autoridades europeas, el ayuntamiento presentará «mejoras» de Madrid Central, inversiones para renovar la flota de autobuses y furgonetas o subvenciones para retirar las calderas de gasóleo y carbón.

Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente de Más Madrid, Inés Sabanés, criticó que el gobierno municipal haya actuado de forma «premeditada» y recordó los logros del gobierno anterior, que «luchó» pese a encontrarse de frente con situaciones como los «refuerzos de Metro que no se producían, impugnaciones institucionales en el caso de la Comunidad que nunca se habían dado y una actitud irresponsable de la entonces oposición».

«La denuncia se ha acelerado por querer eliminar Madrid Central», afirmó la teniente de alcalde de Ecología de Barcelona. Sin embargo, Ecologistas en Acción reprochó al ayuntamiento de la ciudad condal «las intervenciones aisladas» que no han reducido las emisiones.