La norma que prohíbe bailar en bares llega hasta nuestros días

Acababan así 91 años de anacronismo; se ponía fin a una legislación trasnochada, que obligaba a los establecimientos de la Gran Manzana a cumplir con unas exigentes medidas de seguridad (demasiado caras para los pequeños negocios) y unos kafkianos trámites burocráticos para obtener una licencia reservada sólo a unos pocos afortunados. Apenas un centenar de los más de 25.000 bares, restaurantes y discotecas de Nueva York contaba hasta ahora con el polémico permiso. Otra cosa es que el resto cumpliera a rajatabla con la letra escrita.

Aunque pocos establecimientos han sido perseguidos en los últimos años por esta norma, sus detractores denunciaban que su aplicación era «arbitraria», discriminatoria, que se utilizaba como una excusa para cerrar locales donde se congregaban minorías negras, latinas y homosexuales. En realidad, esa sospecha le ha perseguido desde sus orígenes. Si inicialmente esta disposición legal fue aprobada para limitar el consumo ilegal de alcohol durante los años de la Ley Seca, algunos historiadores sostienen que su verdadera finalidad fue clausurar los bares de jazz de Harlem en las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta para evitar que blancos y negros se mezclasen.

Originalmente, la ordenanza obligaba a los bares a contar con un permiso para poner música, pero, con el tiempo, fue objeto de numerosas modificaciones. Entre 1940 y 1967, Nueva York requería bajo esta ley que los artistas que actuaban en cabarés y sus empleados tuviesen también una licencia específica. Para conseguirla, debían someterse a entrevistas y no tener antecedentes penales, además de renovarla periódicamente. Por esta razón, Frank Sinatra se negó durante años a cantar en Nueva York. 'La Voz' consideraba «indigno» tener que pedir una licencia para poder hacerlo. ¿Prestar sus huellas dactilares para desarrollar su oficio? Sinatra no estaba dispuesto a pasar por ahí. Otras grandes estrellas, como Billie Holiday o Ray Charles, no pudieron actuar durante gran parte de sus carreras tras perder sus permisos por problemas con la ley relacionados con el consumo de drogas.

Ya en los setenta y ochenta, la Ley de Cabarés se esgrimió para bajar la persiana de establecimientos frecuentados por la comunidad LGBTQ, que luchaba por sus derechos civiles. Y en los noventa, el alcalde Rudy Giuliani la utilizó de forma generalizada para controlar la bulliciosa vida nocturna de Nueva York y «poner orden» en la gran metrópoli. Los propietarios que decidían mirar para otro lado cuando sus clientes se rendían al baile se lo tenían que pensar dos veces: violar la legislación hasta hace una semana podía conllevar una multa de 200 dólares (171 euros) y la pérdida del permiso para vender alcohol, lo que hacía inviable sacar adelante cualquier bar o discoteca.

«Error histórico»

«Es simplemente ridículo», señaló el concejal Rafael Espinal, promotor de la propuesta para abolir la norma. «Se puede perseguir el ruido, las actividades ilícitas y a aquellos locales que no sean seguros, pero no bailar. La ley -añadió el demócrata de Brooklyn-, penaliza al pequeño emprendedor». «Es hora de que arreglemos este error histórico», sentenció Espinal, que entre sus argumentos apuntó que la ley empujaba a la gente a bailar en establecimientos sin regular e inadecuados para su práctica. La iniciativa estuvo respaldada desde el principio por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la campaña 'Let NYC Dance'.

Pese a su derogación, continuarán en vigor algunas de sus disposiciones, como la obligación de contar con cámaras y personal de seguridad en los locales de mayor capacidad. Pero no sólo eso: un nuevo cargo, que han venido en bautizar como 'el alcalde de la noche', mediará a partir de ahora entre bares, vecinos y Administración para que la fiesta, que mueve 10.000 millones de dólares anuales, no la agüe nadie.