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COLPISA | José M. Camarero
Martes, 13 de marzo 2018, 20:17
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El nuevo bono social de la luz con el que el Ministerio de Energía quería respaldar los sectores más vulnerables de la población va camino de convertirse en un reducto al que apenas unas miles de familias accederán si no cambia la situación en los próximos 30 días. Ese es el plazo que resta para que quienes cumplan con los requisitos para obtener esta ayuda -un descuento en la tarifa, dependiendo de los ingresos- lo soliciten a sus compañías energéticas. Si no lo hacen, no podrán acogerse al mismo. Y, por ahora, la recepción de solicitudes es mínima con respecto a los potenciales perceptores del bono.
A las eléctricas han llegado unas 343.000 peticiones para ser beneficiarios del bono social desde que el Ministerio de Energía pusiera en marcha el reloj, el pasado mes de octubre. Lo habilitó durante seis meses, que expiran el 10 de abril. Sin embargo, esas solicitudes apenas representan un 15% de los actuales beneficiarios de la ayuda, que superan los 2,3 millones de titulares.
En el caso de Iberdrola, la firma ha recepcionado 186.000 solicitudes frente a los aproximadamente 860.000 clientes actuales que tiene con bono social. En Endesa, 134.771 peticiones de 917.000 usuarios en esta situación. En Gas Natural Fenosa, unos 12.700 de más de 400.000. Y en EDP, otros 9.800 de 56.000. Hay que tener en cuenta que no todos los perceptores podrán acogerse al nuevo sistema. Pero el goteo de solicitudes es tan «insignificante», como sostienen algunas empresas, que previsiblemente muchos se queden sin saber si podrían optar o no. Entre los potenciales nuevos beneficiarios, la llegada de peticiones también es «mínima», según apuntan fuentes del sector, donde muestran la sorpresa que les está causando esta parálisis de los consumidores.
Sin embargo, esta situación no le resultará novedosa al Gobierno, porque el Ministerio de Energía ya había previsto que hasta un 45% de los beneficiarios de la subvención no accederían a la misma, al no solicitarla por desconocimiento, falta de interés y otras situaciones personales similares. «Es improbable que la totalidad llegue a hacerlo», reconocía el departamento dirigido por Álvaro Nadal en la memoria económica adjunta al decreto ley que desarrollaba esta iniciativa.
Si antes del próximo día 10 no lo hacen, los titulares de contratos de luz no podrán acogerse al nuevo sistema de ayudas eléctricas para amortiguar los efectos del coste de la luz en los presupuestos familiares. El nuevo bono social establece un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura, para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos-, de 14.910 euros -con un hijo- o 18.637 euros -dos-, además de las familias numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros, dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social que sean atendidas por los servicios de la comunidad o el ayuntamiento.
El problema burocrático al que se ha enfrentado el nuevo bono es que debe ser solicitado tanto por quienes, cumpliendo los requisitos, sean nuevos perceptores, como por aquellos hogares que, beneficiándose ya del mismo, también quieran mantener esa situación. Y es en este segmento de consumidores en el que más se está notando la atonía.
La situación es de tal calado que son las propias compañías eléctricas las que han puesto en marcha campañas de información para recordar a los usuarios la posibilidad de acogerse a esta ayuda para pagar el recibo de la luz. En Iberdrola han puesto en marcha un 'road show' que recorrerá las principales capitales para exponer las novedades del nuevo bono social eléctrico a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales.
También Endesa están realizando una campaña informativa en las zonas donde tienen actividad para recordar los plazos, el sistema y los requisitos para acceder al mismo. Entre las acciones que también llevan a cabo en EDP se incluye el envío de una carta a los potenciales perceptores. Se trata de una correspondencia en la que se incluye la información del bono social, el formulario para solicitarlo y hasta un sobre franqueado para agilizar la solicitud por parte de sus clientes.
Ante este contexto, desde el sector energético se están planteando la posibilidad de ampliar los plazos, más allá del 10 de abril, para evitar que miles de ciudadanos se queden sin la ayuda. Aunque se trata de un extremo que en el Ministerio de Energía no han confirmado, a la espera de ver la evolución de las solicitudes en las próximas semanas. Confían en que, a medida que se acerque el final del plazo, el incremento de formularios sea mayor.
Si finalmente no llegan muchas más solicitudes, el coste de la medida será mucho menor de lo inicialmente previsto. El Gobierno se propuso reformar el bono social a raíz del fallecimiento de una anciana en Reus (Tarragona), en noviembre de 2016, por el incendio provocado por una vela que usaba al no poder pagar la luz. A la modificación del descuento, que irá ligado a la renta, y del que se salen los hogares con potencia contratada inferior a tres kilovatios -al entender que, en muchos casos, eran segundas residencias sin necesidades para recibir esta subvención-, se une un nuevo sistema de financiación.
Serán las grandes compañías -Endesa, Iberdrola y Gas Natural, fundamentalmente, por su cuota de mercado- las que asuman un 88% del coste del nuevo bono, según la última propuesta de Energía. El Tribunal Supremo ya anuló el régimen anterior al obligar a todas las comercializadoras de luz, y no solo las dedicadas a generación y distribución, a financiarlo.
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