Madrugar para no llegar a fin de mes

De acuerdo con datos del INE, más de una de cada cuatro personas en España reúnen las condiciones del indicador de la UE para considerarse en riesgo de pobreza o exclusión (ERPE). Ese porcentaje se situó en 2023 en un 26,5 % (más de 12 millones de personas) y llegó al 34,3 % en el caso de los menores de 16 años.

Dicho de otra forma, más de un tercio de los niños y niñas que viven en territorio español padecen pobreza o riesgo de exclusión. Y tener un trabajo estable ya no es un indicador de bienestar, pues un tercio de las personas en situación de pobreza son trabajadoras, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España).

Hay múltiples factores que explican esta realidad en el cuarto país más rico de la UE. El principal es la desigualdad, es decir, la falta de medidas retributivas eficaces. Esta carencia ha llevado en las últimas dos décadas a una tendencia ascendente de la concentración de la riqueza, pues se acelera especialmente en periodos de crisis (ya sea la económica de 2008 o la sanitaria de 2020).

En 2022, más de la mitad de toda la riqueza en España estaba en manos del 10 % más rico de la población. Es más, según el informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad en España, ese año el 1 % más rico poseía el 22 % del total de la riqueza.

Más allá de una mejora en la política fiscal respecto a ese 10 % más rico que derive en mejores medidas redistributivas, la sobredimensión de las rentas del capital y financieros sobre la renta del trabajo es otra de las razones que explican esta violencia institucional y empresarial. Dicha sobredimensión impacta directamente en un PIB en el que pesa cada vez más la riqueza en manos de unos pocos, en forma de activos financieros, sobre la riqueza generada por la mayoría a través del trabajo retribuido.

Siguiendo con datos del informe de Oxfam, otro factor que explica el enriquecimiento de unos pocos sobre el trabajo de la mayoría es la distancia manifiesta entre los incrementos de los beneficios empresariales y las mejoras salariales. Desde el inicio de esta década, las grandes corporaciones, especialmente en los sectores financiero, de la energía y de la tecnología, han ido multiplicando sus beneficios por encima del 10 % de media anual.

Los beneficiados de esta prosperidad han sido los miembros de los consejos de dirección de esas entidades que, en los primeros 3 años de esta década, incrementaron sus retribuciones en un 45 %, mientras que el salario medio en España se incrementó menos de diez puntos (9 %), impulsado en parte por el crecimiento del salario mínimo interprofesional.

En ese sentido, los trabajadores no solamente no se benefician directamente de las ganancias empresariales sino que su retribución está lejos de corresponderse con el coste de vida. Desde la crisis de 2008 se ha ido incrementando la diferencia entre el valor de los salarios y el incremento de precios (IPC), de acuerdo con datos del INE. Esto ha venido provocando la precarización de la vida. Cada vez hay más gente que cubre menos necesidades vitales con su retribución salarial.

Por otra parte, las mujeres siguen siendo el colectivo que cobra mayoritariamente los sueldos más bajos y son, asimismo, las perjudicadas por la desigualdad retributiva por género.

De media, las mujeres cobran un 18,4 % menos que los hombres. Es decir, las mujeres se ven privadas de la retribución de más de dos meses de trabajo por el mero hecho de serlo, según datos del ministerio de Trabajo. En efecto, la brecha salarial representa un horizonte desigualitario que se agranda cuanto más altos son los cargos en la jerarquía empresarial.

Otros colectivos especialmente perjudicados por la precariedad laboral y económica son los jóvenes y las personas con nacionalidad extranjera. En el primer caso, hay que recordar que España sigue siendo uno de los países en lo más alto del ranquin de Estados con más paro juvenil, alrededor del 29 % según datos del Banco Mundial.

En la misma línea, es en la comunidad extranjera –en la que predomina la población joven o en edad de trabajo (más de la mitad tienen entre 20 y 39 años)– donde abundan más personas en situación de pobreza o exclusión, alrededor del 40 % según datos del INE de 2022.

En el terreno de la cobertura de una necesidad básica como es la vivienda digna, el 77 % de las personas en situación de sinhogarismo son extranjeros, según ha estimado Unicef.

Con todos esos datos sobre la mesa, urge que los poderes públicos prioricen la transformación de esta realidad, atajando la pobreza y enmendando la desigualdad creciente.

En ese horizonte, la ciudadanía también tiene el reto de organizarse para exigir la puesta en la agenda política de temas como la revalorización de los sueldos. O abrir el debate sobre el cambio de modelos de medición de la productividad en pro de la superación del paradigma del crecimiento por el crecimiento (PIB) y apostar por alternativas como el índice de desarrollo humano (IDH), que pone el foco en las capacidades de las personas.

En esa misma línea, en esta era del desembarco de la IA, tiene sentido considerar otro medidor como la felicidad interior bruta (FIB), que se centra en la cobertura de necesidades básicas y el tiempo disponible para la familia, los amigos o el ocio.

Este artículo ha sido publicado en «The Conversation».