La red de activistas clandestinos

Ellos, con su acreditación colgando del cuello y el lazo, también acreditativo, en la muñeca, son algunos de los más de mil individuos, procedentes de 130 países, que participan en la quinta edición del Internet Freedom Festival (IFF), un certamen que se celebra en Las Naves, un centro de innovación del Ayuntamiento de Valencia, que se apoya sobre el andamio de la tecnología, los derechos humanos y la libertad en internet. Allí se dan charlas a todas horas de los temas más diversos, pero lo que más se aprecia es sentarse al solecito en el patio, o en lugares más discretos como un pasillo, y hablar con otros entusiastas para tejer la red del activismo con la que atrapar las injusticias.

Muchos van con el ordenador portátil a cuestas. Todos han cegado la mirilla de la 'webcam' y han adornado la cubierta con pegatinas reivindicativas que sirven, de paso, para tapar las manzanas mordidas. Guillermo Peris se lía un cigarrillo antes de salir pitando hacia el aeropuerto de regreso a su hogar, en Bruselas. Él trabaja para EDRI (European Digital Rights), que extiende una red de defensores de los derechos digitales por toda Europa, pero que aprecia la proyección mundial del IFF y «la gran presencia de gente del sur global y Asia». Guillermo se dedica a reclutar nuevos miembros. «Y esto es una oportunidad única», dice.

La génesis del IFF se encuentra en los proyectos, de menor calado, que realizaba hace seis o siete años Sandy Ordóñez, una mujer latina, hija de español y cubana, que nació en el Bronx. Estaban destinados a evadir la censura digital y como le habían encantado España y, especialmente, Valencia, durante un viaje al que le invitó la Fundación Carolina, hizo una búsqueda en Google con la idea de organizar un nuevo evento a orillas del Mediterráneo: introdujo tres palabras -'comunidad, tecnológica, Valencia'- y le salió, el primero de todos, un nombre: Pepe Borrás. Sandy le llamó por teléfono en un momento providencial, una semana antes de que fuera a mudarse a Berlín. Le explicó su idea y, después de escucharle, aquel dijo: «Mola».

Pepe Borrás, entonces, solo tenía 25 años, suficientes para acabar dos carreras -Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual-, completar un máster sobre Digital Media en una escuela creativa llamada Hyper Island, en Estocolmo, «haciendo cosas muy locas con gente muy buena con creatividad y tecnología», y trabajar en BBH, una de las mejores agencias de publicidad del mundo, desarrollando campañas para Virgin, Google, Audi...

Ahora ya tiene 30 años, vive entre Nueva York y Valencia y se dedica a tiempo completo al IFF, que maneja un presupuesto de un millón de dólares y que ha convertido, en su ámbito, en el mejor congreso del mundo, pese a que, en Valencia, nadie, o casi nadie, sepa qué se ha hecho esta semana, de lunes a viernes, en esas imponentes naves, unos antiguos graneros, que hay a un paso del puerto. «Pues ahora mismo es la capital mundial de los derechos digitales. Hemos convertido la ciudad en sinónimo de libertad en internet», presume, antes de deslizar que, si ese interés no aumenta, si nadie más arrima el hombro para evitarlo, el IFF puede acabar en el futuro en otra urbe europea.

Activismo norcoreano

Borrás se fijó un reto desde el primer año: la seguridad de los activistas. Por eso está prohibido hacer fotos sin su consentimiento, grabar una nota de audio o, ni por asomo, un vídeo. Muchos, tras pasar un filtro previo en su país de origen, se registran con un 'nick'. Porque aquí, por ejemplo, está el programador de la 'deep web'. Y el año pasado, y quién sabe si quizá este también, estuvo Jung Gwang-il, un hombre empeñado en quitarles la venda a los ciudadanos de Corea del Norte. Para ello -su manera de hacer la contrapropaganda- cuela, con la ayuda de drones, memorias USB que contienen desde películas de Hollywood a la versión coreana de Wikipedia. Su objetivo es romper la burbuja que les impide ya no ansiar sino simplemente saber que existe un mundo mucho más apetecible que el que conocen, constreñido por la censura extrema del Gobierno del líder supremo, Kim Jong-un.

La mejor prueba del prestigio y el potencial del IFF es que la lista de espera para participar es mayor que la de los inscritos. A algunos, muchos de los que vienen desde países en vías de desarrollo, les costean el viaje para que puedan predicar en Valencia su valiosa y valerosa labor, encontrar alianzas o, simplemente, gente que entienda y aplauda lo que hacen.

Borrás relata su historia mientras está sentado, cruzado, en un sillón de manera que le cuelgan los pies por el reposabrazos. Y recuerda cuando, en 2013, pergeñó la primera campaña de recaudación de fondos en Spotify. «Me pregunté qué pasaría si detrás de un 'track', en vez de una discográfica, estuviera una ONG. Subimos un 'track' de audio porque solo con hacer eso estás logrando una gran audiencia. Y cruzamos los dedos para que Spotify no la retirara. Pero empezaron a llegar correos de trabajadores de Spotify felicitándonos y, al fin, un día, el fundador de la compañía tuiteó que le había encantado».

Siempre tuvo esas inquietudes. Por eso ahora, mientras balancea los pies colgantes, incide en que las medidas preventivas no son esnobismo. Por eso retrocede otra vez al primer año, a 2015, cuando lograron localizar a un representante del Gobierno de Irán que se les había colado en el festival y al que invitaron a marcharse. Otros años los filtros frenaron a espías de China y de otros países.

Ali Gharavi participó en la ceremonia inaugural de aquella primera edición. Este activista sueco lleva 18 años trabajando con defensores de los derechos humanos en más de cincuenta países. En 2017 viajó a Turquía para impartir un taller y allí fue arrestado, acusado de apoyar a tres organizaciones terroristas, y encarcelado. Permaneció tres meses en prisión. El lunes regresó al IFF para participar en el 'Opening' junto a Sharmin Hossain, una mujer que tiene sus orígenes en Bangladesh y trabaja en Queens (Nueva York). Más conmovedora fue la noticia del asesinato, el 2 de marzo de 2016, de la ambientalista hondureña Berta Cáceres mientras su amiga Hedme Sierra Castro participaba en un taller en defensa de la libertad de expresión.

Como en un guiño del destino, el promotor del IFF nació a la vez que internet, que cumple 30 años «con 4.000 millones de usuarios y la otra mitad de la población mundial viviendo en países en vías de desarrollo, así que estamos en pleno colonialismo digital». Por eso, quizá, es importante la labor de algunas organizaciones sin ánimo de lucro (ni de poder, cabría añadir). En el patio, mientras unas mujeres maquillan con purpurina a todo aquel que le apetece cambiar de aspecto, Jean Carlo divulga la labor de Accessnow, una línea de ayuda en seguridad digital gratuita para la sociedad civil. «Defendemos los derechos digitales en todo el planeta. Nos envían las peticiones por correo y las atendemos sin costo».

Por allí también pulula Stéphane Grueso. Este cineasta entregado al activismo advierte que los derechos que parecen obvios en la calle «no se cumplen en internet». Su asociación, PDLI (Plataforma en Defensa de Libertad de Información), se esfuerza en crear «una red de alerta para aquellas personas que se están jugando la vida por luchar contra la censura» en el ciberespacio.

Muchos de esos activistas, angustiados por hacer más y más, explotan en el festival de Valencia. Por eso hay un equipo de psicólogos, encabezado por la doctora María Pérez. Y no es una pose. «Un joven asistió ayer (por el miércoles) a una charla, se le removieron cosas por dentro y sufrió un ataque de pánico», desvela. Otros ven caer el sol, a última hora de la tarde, mientras se relajan, beben cerveza, abren una botella de ron y ríen. Un respiro antes de volver a la lucha.