710.000 dependientes carecen de teleasistencia pese a tener derecho a ella

El informe señala que, de hecho, el área con más escaso desarrollo es el de los servicios sociales domiciliarios, un abanico de ayudas y apoyos clave, pues es el mecanismo decisivo para cumplir la estrategia de desinstitucionalización lanzada por el Ministerio de Derechos Sociales, que tiene como objetivo fundamental que los mayores y dependientes puedan vivir bien cuidados el mayor tiempo posible en sus casas, que es lo que demanda la mayoría de ellos, y que el ingreso en residencias y similares sea la excepción.

La ayuda a domicilio, las horas semanales o mensuales de apoyo en casa por parte de profesionales, apenas ha mejorado en España en los últimos trece años. En 2010 tenían esta ayuda el 4,7% de los mayores de 65 años y hoy disponen de ella el 5,7% y la media de horas mensuales recibidas, 21, solo ha aumentado en cuatro en más de una década. Si solo se mira la ayuda a domicilio de los dependientes reconocidos, la intensidad media es de 35,6 horas mensuales, pero con enormes diferencias según el grado de discapacidad. Va de las 17 horas mensuales de ayuda de los dependientes más autónomos a las 60 horas mensuales de los de grado III, quienes necesitan apoyo permanente para todas las actividades de la vida y a los que las dos horas y media de ayuda profesional que reciben les resultan «claramente insuficientes».

Las plazas en centros de día, un apoyo clave para asegurar que el dependiente siga en su casa, han aumentado hasta 1,1 por cada cien mayores de 65 años, pero sigue siendo una tasa de cobertura muy baja. La teleasistencia es un servicio del que disponen en España el 11% de los mayores de 65 años, con una mejora de tres puntos en 13 años, pero que ya tendría que cubrir al 100% de los dependientes, para lo que a final de 2024 aún faltaban 709.234 personas. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, una paga que recibe el 42% de los dependientes para la persona que más les ayuda, no supera los 264 euros al mes de media.

El informe señala que el gasto en servicios sociales ha mejorado en 2022 y 2023 gracias a los 600 millones adicionales por año para dependencia que ha aportado el Gobierno. Gracias a ese dinero, el gasto por habitante se elevó en 2023 a 548 euros, 36 más que un año antes, con una subida del 7%. Sin embargo, las administraciones públicas no han aumentado el presupuesto que destinan a gastos sociales, que repite en el 10,2% del total, y, de hecho, por tercer año consecutivo desciende el dinero gastado en este concepto en referencia PIB, que era el 1,88% en 2020 y es ahora el 1,76%.

Lo que deja bien claro el informe son las enormes diferencias de calidad de lo servicios sociales según los territorios. Hay tres autonomías a los que los directores y gerentes de centros dan entre una nota alta y excelente, que son el País Vasco, Castilla y León y Navarra, seguidas por una calificación media alta en Asturias, La Rioja y Castilla-La Mancha. Por contra, consideran que hay cinco comunidades en las que vive un 40% de la población española y que consideran que tienen unos servicios sociales «débiles» e incluso «irrelevantes», que son Murcia, Madrid, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Baleares. Uno de los ejemplos más negativos por su gran cantidad de población es el de la Comunidad de Madrid, que gasta un 76% menos por habitante y la tercera parte del porcentaje de PIB que Extremadura, que está en la mitad de la tabla.