Guardaespaldas españoles que no tienen a quien proteger
La recolocación de los últimos 109 escoltas privados que quedaban en Euskadi pone fin a una categoría profesional que se hizo tristemente familiar en las calles del país
javier guillenea
Domingo, 9 de abril 2017, 01:03
Fueron legión y vivieron con la sensación agridulce de desear que desapareciera el motivo de su trabajo. Ahora que ha ocurrido, los escoltas privados hacen ... lo que pueden para reciclarse profesionalmente, con desigual fortuna. Las promesas que recibieron en su día no se han cumplido, sus antiguos protegidos vuelven la cabeza cuando se cruzan con ellos y su currículum laboral muchas veces es más una carga que una ayuda para buscar trabajo. Se sienten «olvidados».
Los datos
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Excedente
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En la actualidad hay en España 200.000 personas que cuentan con acreditación como vigilantes de seguridad. De ellos solamente tienen trabajo 85.000 profesionales.41
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personas que aún llevaban escolta privada en Euskadi concejales del PP y PSE, sobre todo dejaron de tenerla el pasado día 1. En 2009 y 2010 llegaron a contar con protección 1.500 personas en el País Vasco yNavarra.
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Secuestros
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Los grandes empresarios y las fortunas españolas mantienen servicios privados de vigilancia que están orientados no a la prevención contra actos de terrorismo, sino a eliminar el riesgo de sufrir secuestros. Se desconoce su número exacto, pero no es muy elevado.
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6.000 euros netos llegó a cobrar al mes un escolta privado en los peores tiempos del terrorismo. En los últimos años esta cantidad se había reducido hasta situarse en 2.200 o 2.500 euros. Un vigilante puede ganar hoy 1.200.
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65 antiguos guardaespaldas privados protegen en la actualidad a mujeres maltratadas en el País Vasco en casos de alto riesgo de agresión.Las asociaciones de escoltas reclaman que esta medida se extienda a toda España.
Ese olvido comenzó a fraguarse el 5 de septiembre de 2010, día en que ETA anunció el alto el fuego que este fin de semana desembocará en el comienzo del desarme de la organización terrorista. La tregua trajo consigo una reducción paulatina de los servicios de protección a políticos, cargos públicos y empresarios, que se habían multiplicado desde el asesinato del concejal del PPde Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1997. En 2009 llegó a haber 2.600 escoltas privados en activo en la Comunidad Autónoma Vasca y otros 1.400 en Navarra, que daban protección a 1.500 personas. Ahora ya no queda ninguno.
El anuncio de ETA marcó el comienzo de un proceso que ha llevado a cerca de 4.000 escoltas privados a perder su empleo y a buscar una salida profesional para eludir la condena del paro. Después de años jugándose la vida para salvar las vidas de otros, se vieron en la calle con un certificado que acreditaba sus servicios prestados y unas cuantas promesas que a menudo no llegaron a cumplirse.
El Congreso de los Diputados estudió diferentes iniciativas para recolocar a los escoltas en puestos relacionados con la vigilancia en penitenciarías o con la protección de mujeres víctimas de violencia de género, pero todo quedó en buenas intenciones. «El Gobierno nos prometió que nos daría una salida en la seguridad de prisiones, decía que íbamos a tener un trato especial por lo que habíamos hecho, pero no cumplió su promesa», recuerda Juan Luis, que fue la sombra de altos cargos en el País Vasco durante 17 años, hasta que en 2015 se quedó sin nadie a quien proteger. «Yo he tenido suerte porque tengo 40 años y me he podido colocar en Bizkaia en una empresa de transportes blindados, pero los que tienen más de 50 años no encuentran trabajo de ningún tipo», añade.
En el sector llaman «los últimos de Filipinas» a los 109 escoltas privados que quedaban en Euskadi tras la gran purga que hace seis años llevó a la calle a 2.900 de sus compañeros. Su empresa ha tenido que despedirles después de que el Ministerio del Interior haya anunciado que no le renovaría el contrato para proteger a cargos públicos. Los escoltas ya no son necesarios, no tienen espaldas que guardar.
«A finales de este mes se acabará la categoría de escoltas», señala Arturo Salinas, responsable de Seguridad Privada en el País Vasco del sindicato CCOO, que ha llegado a un acuerdo para garantizar el futuro laboral de los últimos 109 profesionales. Los que acepten quedarán recolocados como vigilantes de seguridad en infraestructuras especiales como empresas electroquímicas y la central nuclear de Garoña, o en supermercados. Muchos se ocuparán de la vigilancia perimetral de las cárceles, después de que, hace dos años, el Ministerio del Interior se comprometiera de nuevo, y esta vez lo cumplió, a incorporar a este cometido a escoltas privados.
Porteros de discotecas
Según datos de la Asociación Española de Escoltas, el 80% de los antiguos escudos contra ETA han conseguido un nuevo empleo como vigilantes de seguridad o en servicios de protección a altos ejecutivos de empresas. El resto está desperdigado en destinos como porteros de discotecas, detectives o compañías de seguridad. Algunos no fueron capaces de reciclarse y acabaron suicidándose o alcoholizados. «Hace poco he recibido la llamada de un antiguo compañero que protegió a concejales en el País Vasco. Me dijo que estaba viviendo en un coche», confía Juan Luis. «Muchos han rehecho su vida, pero otros vienen al sindicato cobrando una prestación social», agrega Arturo Salinas.
«Podríamos contar secretos, pero no lo hacemos»
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el silencio
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«El problema es que al final no nos quiere nadie.Muchos de nuestros antiguos protegidos se dan la vuelta cuando nos ven», asegura un escolta privado que, como todos sus compañeros, firmó un contrato de confidencialidad cuando comenzó a trabajar. Durante años han sido la sombra del poder y eso proporciona abundante información. «Sabemos muchos secretos», insiste un guardaespaldas, que deja caer algunos de ellos como ejemplo. «Diputados que consumen droga, mala praxis de concejales y altos cargos o reuniones que nadie imaginaría nunca», lanza. «Podríamos hablar, pero no lo hacemos», sostienen. Y no lo hacen a pesar de considerar que el trato que han recibido por parte de sus protegidos «no siempre ha sido digno». «Cuando mataron a Miguel Ángel Blanco todos obedecían a sus escoltas sin rechistar, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo y hubo gente que comenzó a tratarles como si fueran criados. Algunos aprovechaban para mandarlos a hacer la compra», afirma el experto en seguridad César Charro. «Los escoltas saben que han ganado, que han contribuido a la derrota de ETA, han cuidado de los hijos de los políticos, conocen sus intimidades y ahora los echan a la calle», lamenta.
«Cuando ha habido alguna reconversión el Gobierno ha hecho planes para los trabajadores, pero aquí no ha habido nada. La tregua de ETAcoincidió con la crisis económica y miles de escoltas acabaron en el paro. Para ellos fue algo traumático», se queja el experto en seguridad César Charro. Lo malo es que no se podían quejar. Lo peor es que tampoco les habrían escuchado porque, en cuestión de meses, se convirtieron en seres invisibles.
Han salvado muchas vidas, sostiene Charro. «Desde que pusieron escoltas a los concejales, no volvieron a matar a ninguno que llevara protección. Su efectividad fue del 100%». Tanta eficacia les proporcionó una experiencia que no se ha visto recompensada posteriormente a la hora de buscar empleo. «Su preparación no se valoraba. El mundo de la seguridad privada es muy capitalista y las empresas preferían contratar como vigilantes a gente sin experiencia, más barata».
César Charro insiste en que los escoltas «nunca han buscado privilegios». «Ellos pedían que no les despidieran o que les colocaran, pero ni las empresas ni el Gobierno hicieron esfuerzo alguno». Arturo Salinas sostiene que «ellos ven lógico que se les cambie de categoría profesional porque la situación ha cambiado». No reclaman seguir cobrando los 5.000 o 6.000 euros que algunos llegaron a percibir en los años álgidos del terrorismo. Solo piden un puesto de trabajo y también, si no es mucho demandar, un reconocimiento social que nunca han sentido.
«La socidad les ha olvidado muy pronto, esa es su principal queja. Estuvieron 25 años protegiendo a cargos públicos en las peores épocas y comprenden que su servicio ha acabado, pero lo que no entienden es que no se les haya hecho ningún reconocimiento social», argumenta el experto. «Nadie ha luchado por ellos», añade.
De eso sabe mucho Juan Luis, el escolta que ahora trabaja en transportes blindados: «Las empresas no nos quieren ni mirar porque estamos resabiados». Y eso dentro del gremio, porque, cuando se trata de otras profesiones, esgrimir como mérito que uno ha trabajado como guardaespaldas es una temeridad, sobre todo en el País Vasco. «Si yo quiero trabajar en un bar y pongo en el currículum que he sido escolta durante 17 años me echan a la calle. En Euskadi seguimos siendo unos apestados», advierte.
Pese al malestar que se desprende de sus palabras, Juan Luis no se arrepiente de haber ejercido un trabajo por el que se ha jugado la vida. «No quiero parecer más víctima de lo que soy. Yo elegí esta profesión, todos nosotros la elegimos. Mi experiencia con mis protegidos ha sido maravillosa; ninguno me ha pedido que le lleve las maletas».
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