El oficio de influir

En todo caso, la historia y la experiencia justifican por qué en la cultura anglosajona ser un profesional del lobby es algo tan cotidiano como ser abogado o médico. Solo en Washington hay unas 10.500 sociedades registradas, según el Center for Responsive Politics. Entre todas cobraron en 2016 unos 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) como premio a su habilidad para acceder a los despachos oficiales.

En la cúspide mundial del capitalismo nadie invierte en balde. Por eso es de suponer que los efectos de sus gestiones se habrán multiplicado de forma exponencial. Como los 20 millones de dólares que la Asociación Nacional del Rifle se gastó en la campaña de Donald Trump.

Por supuesto, en Europa y sobre todo en España se realizan contactos similares, pero ofrecen muchas más sombras que luces. El 56% de los cargos públicos españoles reconocen que habla con estos grupos de presión. Eso significa que más de la mitad de nuestros 122.000 políticos, 2.500 parlamentarios y los responsables de los 50.000 organismos públicos están en la agenda de los que tratan de imponer sus intereses cuando tengan que aprobar una ley, decidir por dónde pasa una carretera o cambiar el recibo de la luz. Al otro lado está el 46% de españoles que jamás se ha planteado contactar con un político. En medio de esta dinámica entre la injerencia y la abulia política, los persuasores afilan sus bien pagados argumentos.

En los últimos años ha habido en España tres intentos fallidos de acercar la transparencia y regulación al nivel anglosajón para estos profesionales de los public affairs (asuntos públicos), como les gusta que les llamen. El martes próximo va la cuarta, y parece que la vencida. El pleno del Congreso de los Diputados discutirá la propuesta de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción que defiende Ciudadanos. Incluye un apartado dedicado a los lobbies. «Ellos son los primeros interesados en salir de la zona gris en la que trabajan ahora. Por eso reclamamos un registro público, gratuito y electrónico en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», resume el portavoz de Justicia del partido naranja, Ignacio Prendes. Su propuesta incluye la publicación habitual de las agendas de sus contactos con los cargos públicos.

«Hasta ahora no hemos sabido dónde se hacían esos contactos: en los pasillos, en una cena o el fin de semana. Si no olvidamos las diferencias políticas y asumimos que la corrupción es un problema transversal del Estado no hay nada que hacer», advierte el presidente de Transparencia Internacional y catedrático de Economía Financiera, Jesús Lizcano.

Sin embargo, parte de esos escenarios quedaron desvelados en juicios como la trama Gürtel, algunos de cuyos protagonistas entran estos días en prisión tras confesar en la vista oral que «Génova [sede del PP] era mi casa».

Conseguidores y políticos

«Es que un lobbista profesional no es un conseguidor. Y España ha estado llena de esos personajes cuya llamada puede costar un disgusto, al menos ético y tal vez judicial, al político», destaca Alfonso López, creador de RetiEspaña Lobbying Spain, una de las firmas más veteranas. Nadie tiene datos reales de cuántas empresas se dedican a ejercer influencia a sueldo. El Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en vigor desde 2014 pero voluntario, incluye a 386. En su homólogo de Bruselas, 422 de sus más de 11.000 firmas inscritas son españolas. Las estimaciones más modestas sitúan la cifra de gestores por encima de las 3.000 personas, aunque muchos «mirarán para otro lado si se les pregunta a qué se dedican», admite Prendes.

Su patronal (Asociación Profesional de Relaciones Institucionales, APRI) ha presentado hace unos días un estudio en el que el 80% de las empresas clientes consultadas anuncian que mantendrán sus gastos en esta faceta. Y un porcentaje aún mayor les reclama que estén en registros públicos, tengan códigos de conducta y se pueda seguir tanto su huella, como la de los cargos con los que se reúnen.

En esta creciente salida del armario hay una mayoría de grupos patronales, corporaciones y despachos de abogados. Pero también se empiezan a apuntar ONG o asociaciones que defienden ntereses sociales o generales, porque, como explica el gerente de APRI, Andrea Vota, «cualquier persona o entidad que intenta influir en la sociedad tiene que estar registrado». En una ocasión la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se revolvió cuando calificaron de lobbista su trabajo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En un país cada vez más desapegado de la política, las plataformas ciudadanas (Stop Desahucios, cláusulas suelo...) se han convertido en formas de lobby urbano que nos acercan al modelo de Estados Unidos, el país con mayor músculo cívico y capacidad de influencia.

«Las ONG también somos lobbies sociales que hacen propuestas y deben estar registradas», zanja el presidente de Transparencia España, Jesús Lizcano. Lo ratifican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la primera en integrarse. «Si nos quieren llamar lobbistas que nos llamen. Pero tenemos el deber de defender los legítimos intereses de los consumidores. Por eso pedimos al resto de actores sociales que también se inscriban», reclama su portavoz, Enrique García.

Aunque antes tienen que acabar con la imagen peyorativa y sospechosa que proyectan. Según el Eurobarómetro, para el 81% de los europeos la suma entre intereses políticos y económicos siempre da como resultado la corrupción. Tienen motivos para pensar así cuando por los pasillos de Bruselas se mueven no menos de 30.000 influenciadores. ¡Es decir, por cada europarlamentario (766) hay unas 40 personas tratando de condicionar sus votaciones! «Sin embargo, su labor no es negativa ni perseguible per se. Ayudan a los que toman las decisiones a conocer la realidad. Un legislador no tiene por qué saber de todo», defiende su papel Jesús Lizcano.

También el vicepresidente de APRI, Pedro Fernández, destaca que «un lobby es un peligro, pero mil lobbies son una bendición para la democracia». Lo dice un profesional que ha ejercido su labor en sectores siempre bajo la lupa como hidrocarburos (British Petroleum) o tabaco (hoy representa a British American Tobacco). Fernández reconoce que en España «todavía no se ven como una profesión».

¿Cómo se plantea hoy la defensa de los intereses de una empresa tabaquera?

Cuanto más regulación, más difícil es hacer lobby. Pero sigue habiendo gente que, a pesar de todo, decide fumar. Es apasionante defender esos espacios de libertad. Y es aquí donde entra el respeto a los procedimientos porque el escrutinio es mayor. Nunca he tenido problemas para reunirme con la Administración.

En este escenario, las llamadas puertas giratorias de políticos que engrosan las nóminas de las grandes corporaciones se han convertido en la más refinada forma de lobbismo. Y la que más está contribuyendo a que a la sociedad le cueste confiar en ellos. Alfonso López, que fue alto cargo en Endesa (una de las multinacionales con mayor nómina de expolíticos: José María Aznar, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa...), prefiere ser prudente en la materia, pero admite que «estos fichajes son generadores de tales polémicas que provocan bastante desconfianza desde el principio. Acaban siendo contraproducentes y generan muchas dudas al político de hoy que tiene que atender sus consultas».

El día que en España quede imagen gráfica, como ya ocurre con los que visitan las sedes europeas, empezarán a borrarse la sombra de esas sospechas.