"Al límite de la ley": así funcionan los desokupas

«Donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros. Aquí estamos». Así se presenta uno de los socios fundadores de Desokupa, la primera empresa de desahucio exprés y que ha convertido la desgracia de otros en negocio lucrativo. Reclama anonimato porque «yo no puedo dar la cara» e insiste en que todos sus comentarios se pongan en boca de su socio y director gerente de Desokupa, Daniel Esteve. Utilizan métodos expeditivos para ahorrar a los propietarios de viviendas ocupadas los engorrosos y largos trámites judiciales. Comenzaron a trabajar en Barcelona hace un año y ya han dado el salto al resto del país. «Llevamos 147 actuaciones y no paran de reclamarnos: Madrid, Málaga, Guadalajara, Cantabria... Preparamos un gran plan de expansión para el 2017», se ufana. Antes tenían cinco consultas a la semana. «Ahora llegan hasta 50 en un solo día», calcula Esteve, que asegura que el 70% de sus clientes son privados y el resto inmobiliarias.

Pero en Barcelona empiezan a ser familiares sus actuaciones por el inequívoco sello militar que les imprimen. Desokupa firma contratos de entre 4.500 y 8.000 euros, un precio que varía en función de la complejidad del desalojo (cuántos son, si hay niños, si tienen que repetir los dispositivos...). Después despliegan delante del inmueble a sus hombres varones musculosos salidos de gimnasios, clubes de boxeo, lucha libre e incluso exguerrilleros del Este y tratan de «negociar» con las personas a desalojar. Dicen que lo suyo son «controles de acceso» y que graban todo con minicámaras para dar «seguridad a los desalojados». También insisten en que todo tiene una completa cobertura legal y que nunca trabajan en la vivienda de un hipotecado o desahuciado. «Esos casos solo los puede resolver un juez. Solo aceptamos un trabajo cuando un okupa le ha dado una patada a la puerta. El 87% son marroquíes y gente del Este y no entendemos la connivencia de los ayuntamientos con esta gente. En Alemania, los pobres viven en la calle», arenga Esteve, que, de alguna forma, considera que su negocio ayuda a reducir la delincuencia. «Dentro de estas viviendas se producen todo tipo de delitos y nosotros las limpiamos».

Al límite legal

Llega a afirmar que se ofrecen salidas honrosas, que son un «puente» entre el dueño y sus habitantes. También admite que «sabemos que somos incómodos, no somos una ONG. La gente nos contrata porque no lo puede arreglar por otra vía», se justifica. Un año después, Desokupa se presenta en su web con un sello de «probada eficacia». Asegura que en el 95% de los casos el acuerdo de desalojo se zanja en «una hora. Ni coaccionamos, ni echamos a nadie».

Trabajan en las zonas grises de la ley. ¿Saben que van al límite?

Puede. Sin embargo, trabajamos para estar lo más lejos posible de esa raya legal.

Pero han protagonizado al menos cuatro actuaciones en la capital catalana que han puesto en alerta al activo movimiento de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), los colectivos vecinales y hasta el Ayuntamiento, que estudia los límites legales de sus métodos. Incluso se ha creado el colectivo Stop Desokupa que incluye una red de alertas para que corran la voz cuando aparezca un despliegue de este tipo junto a un inmueble. La concentración de docenas de vecinos ha logrado abortar alguna de estas prácticas. «La tranquilidad y exposición pública con la que actúan en la vía pública y en las violaciones de domicilios han evidenciado una amplia sensación de impunidad», denuncia la Asamblea del Raval, el popular barrio barcelonés.

Estos colectivos, junto con la PAH, la Federeción de Vecinos y el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), afirman haber presentado una querella para denunciar presuntas «amenazas e intimidaciones». «Vamos todas las semanas a preguntar por esas querellas. Pida una copia, porque a nosotros no nos ha llegado nada», recomienda Desokupa a este diario.

Carlos Gallego Brizuela, uno de los mayores expertos de España en la Ley de Propiedad Horizontal, tiene claro que estas prácticas no pueden ser legales. «Es un delito. Aunque lo hayan ocupado ilegalmente, solo lo puede desocupar la ley, un juez o la Policía», concluye este letrado. Sin embargo, reconoce que «sus víctimas no suelen estar en condiciones de denunciar». Gallego Brizuela equipara estas prácticas con un eslabón más del método del Cobrador del Frac, empresa de cobro de morosos contra la que este abogado interpuso una querella y logró una condena por coacciones después de que a un cliente suyo le hicieran la vida imposible.

Desokupa empezó por una experiencia personal. «He tenido hasta tres okupas en mis negocios y los saqué a la puta calle», habla con total crudeza la voz de Esteve. Sus creadores ya tenían experiencia en el cobro de morosos e incluso el propio fundador, Daniel Esteve, fue detenido por presunta extorsión y amenazas en 2008 por las actividadades de su empresa MorososBCN. Insiste en que lo suyo es una cruzada contra las mafias de okupas que piden dinero por marcharse. Agradece el interés de la prensa por su negocio «Me sigo ganando la vida muy bien si me dais publicidad» y se queja de que «hacéis sangre con nuestros clientes en lugar de denunciar a los delincuentes».

Los planes de expansión de Desokupa, a la que ya empiezan a salirle competidores, según advierten las plataformas que reclaman el derecho a una vivienda digna, cabalgan a lomos de una web que recibe miles de visitas desde su creación. Sus emprendedores aseguran que lo suyo no es una empresa sino una marca que ya empiezan a comercializar en los mercados de camisetas, ropay estética extrema. Incluso no descartan «dar el salto al activismo social para denunciar que la propiedad es sagrada y no podemos permitir gobiernos que la debiliten».

Para hacer todo esto ¿es necesario contratar a exmilitares de la guerra de los Balcanes?

Nosotros buscamos a gente deportista, sana. Pero no tengo la culpa de contratar a un señor en cuyo país ha habido tres guerras. Hay que imponerse de alguna manera.