Referéndums, ¿sí o no?

Podría ser el artículo uno del manual del gobernante astuto: nunca convoques una consulta popular que no vayas a ganar. Pero ni los más hábiles estadistas escarmientan en cabeza ajena. Santos podría haberse fijado en lo que le ocurrió en junio a David Cameron, que pasará a la historia como el primer ministro que logró que el pueblo británico tomara una decisión trascendental salir de la Unión Europea que al parecer no deseaba tomar: el 51,9% de los ciudadanos optaron por el Brexit, pero solo unos días después 4 millones de firmas pedían la repetición de la consulta.

En Hungría, otro caso reciente, la ciudadanía le ha hecho la peineta a su gobierno, pero no con el sentido de su voto, sino con su pasividad: el 98% de los votantes dio este fin de semana su respaldo al populista Víktor Orban y su portazo a los refugiados, pero la participación del 43% inferior al mínimo estipulado impide que el resultado sea vinculante.

Y en el aire sigue la promesa/amenaza lanzada la semana pasada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien anunció que de aquí a un año preguntará a los catalanes si quieren ser independientes.

Plebiscito significa decidido por la plebe y está en el origen mismo de la democracia. Pero, mientras en países de nuestro entorno las consultas a la ciudadanía son el pan nuestro de cada día en Suiza se han celebrado unas 600 desde 1848, nuestro sistema jurídico es muy reacio a esta práctica. La Constitución de 1978 aprobada precisamente mediante un referéndum constituyente el 6 de diciembre de 1978 establece en su artículo 92 las condiciones en las que se puede consultar al pueblo sobre distintas cuestiones y una ley orgánica desarrolla su regulación. Pero los números cantan: desde la Transición solo se han celebrado en España dos consultas: la de la permanencia en la OTAN, en 1986, y la de la Constitución europea, en 2005.

Fernando Rey reconoce que los redactores de la Carta Magna veían esta herramienta de la democracia directa «con prejuicio y hostilidad». «Sospechaban que los referéndums los cargaba el diablo, sobre todo en un país sin cultura democrática», resalta. Para Rey, consejero de Educación en Castilla y León, una de las razones de esas reticencias es que el referéndum «es una manera de tomar decisiones que también existe en las dictaduras». El franquismo celebró varios, no porque el generalísimo tuviese mucho interés en conocer la opinión de la gente su decisión ya estaba tomada, sino porque pretendía alardear de lo que carecía: democracia. Parece una broma, pero en la consulta sobre la Ley Orgánica del Estado de 1966 participaron el 100% de los españoles llamados a las urnas. Ni que decir tiene que el 95% votaron sí.

La segunda razón es que nuestros próceres estaban «obsesionados por la estabilidad» y consideraban que apelar al electorado podría «alterar la democracia representativa». Por eso el mecanismo de convocatoria es muy rígido y los temas de consulta, limitados.

Para la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez, un sistema no es más democrático porque sea más proclive a los plebiscitos. En la mayoría de los países perviven las dos formas de democracia directa e indirecta y el uso que se hace de las instituciones de participación depende mucho de la propia historia. Por ejemplo, en Alemania «no quieren saber nada de referéndums» porque Hitler llegó al poder por esa vía.

La tentación de manipular

Gómez considera que apelar al pueblo como titular de la soberanía es una herramienta «valiosa», pero también arriesgada: tanto el gobierno como la oposición pueden caer en la tentación de manipular a la ciudadanía y ofrecerle información tergiversada. Es lo que ha ocurrido, a su juicio, en el Reino Unido donde los partidarios del Brexit vendieron la idea de que todos sus problemas se acabarían fuera de Europa y en Hungría. «Con el dinero que costó el referéndum se podía haber atendido a gran parte de la cuota de refugiados para un año», recuerda.

En Colombia, añade, la consulta era obligada e impecable, pero ha sucedido lo que siempre advierten los juristas: «Si convocas un referéndum, puedes perderlo».

Los dos constitucionalistas coinciden en que en el brindis al sol del presidente catalán hay, además de manipulación la pregunta de la consulta de noviembre era para nota, una manifiesta ilegalidad. La legislación española no prevé que una comunidad autónoma pueda consultar al electorado sobre un asunto que no es de su competencia, como ya advirtió en 2014 el Tribunal Constitucional.

Cuestión aparte es el enorme despiste de los expertos en sondeos electorales ante los resultados de los plebiscitos. ¿Por qué fallan tanto? El catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada, Juan Montabes, destaca que, en este tipo de consultas no se puede jugar con el recuerdo de voto y, por tanto, es mucho más difícil hacer la estimación de qué hará finalmente ese 30% de los encuestados que se declara indeciso; primero, si irá a votar y, si lo hace, qué votará. En los plebiscitos, advierte, los márgenes de error no se dividen en pequeños abanicos para cada partido, como en unos comicios, sino que se reparten entre solo dos opciones el sí y el no y las probabilidades de patinar crecen muchísimo.

Por si fuera poco, concluye el investigador de Cadpea, el cis andaluz, la opinión pública es ahora «mucho más voluble, volátil y frágil. Lo que hoy es A mañana puede ser B». Quizás a causa de la ingente cantidad y variedad de información a la que tenemos acceso vía internet. Un ejemplo, Donald Trump, que según los sondeos perderá en noviembre, pero se ha convertido en el espectáculo favorito de las cadenas de televisión norteamericanas. Lo último: 18 años sin pagar impuestos. «Quién sabe, a lo mejor es el ideal de muchos electores. No me atrevo a predecir nada»,admite Montabes.