Un año de la ley mordaza

El mero hecho de exhibirlo por la calle fue considerado una «falta de respeto a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones», infracción que, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, puede acarrear una multa de entre 100 y 600 euros. «Intenté dialogar, pero como veía que cuanto más hablaba más nerviosos estaban, desistí». Solo al leer detenidamente la denuncia volvió sobre sus pasos para exigir una rectificación: «Habían escrito que en el bolso ponía All cops are bastards y eso no era cierto. ¿Cómo iba yo a demostrar después que era ese y no otro el bolso por el que me denunciaron?». Los policías se negaron a cambiar una coma, aunque dos días después se archivaba el caso, que se había convertido en lo más visto en Twitter.

No ha sido el primer aluvión de críticas contra la conocida como Ley Mordaza. La norma más contestada del Gobierno de Mariano Rajoy cumplirá el 1 de julio un año en vigor con el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía y todos los partidos de la oposición enfrente, además de organismos como Amnistía Internacional o el Consejo de Europa. La normativa, que venía a actualizar una similar de 1992, regula aspectos como la fabricación de armas, el consumo de drogas o la prestación de servicios sexuales en la vía pública, pero son los artículos que se refieren al orden público los que han generado mayor malestar.

De las 372.018 denuncias que se cursaron entre julio de 2015 y abril de 2016, la inmensa mayoría (77,8%) están relacionadas con la tenencia ilícita de estupefacientes. Pero hay 17.206 expedientes bajo el epígrafe «faltas de respeto a fuerzas de seguridad» y otros 14.277 por «desobediencia o resistencia a la autoridad», de los que el 75% acaban en sanción. Tras ese enunciado, que muchos tachan de «ambiguo», se esconde un rosario de situaciones rocambolescas, desde una queja en Facebook porque la Policía Local no contesta al teléfono a otras por llamar colega a un agente o criticar abiertamente que un coche patrulla esté mal aparcado. La penúltima perla es el bolso de los gatitos.

El primer caso en levantar polvareda lo motivó un comentario mordaz colgado en las redes sociales. Eduardo Díaz, un canario de 27 años con una página en las redes sociales donde analiza la actualidad local en tono satírico, se vino arriba al enterarse de que la alcaldesa pensaba trasladar las dependencias policiales: «Lo mejor para controlar a una casta de escaqueados bien acomodados en convenios y estatutos es alejarlos del centro de poder. Sí señor. Qué grandes». A las pocas horas tenía a dos agentes llamando a la puerta de casa. Le comunicaron que había sido denunciado por faltarles al respeto.

«No soy antisistema»

¿Donde está la barrera que convierte el sarcasmo en una infracción administrativa? «Son empleados públicos y tienen que estar dispuestos a admitir críticas», clama Juan Carlos Puyoles, un cerrajero del pueblo malagueño de Pizarra, denunciado por unos hechos parecidos. Había recibido un aviso urgente y no podía acudir porque alguien había aparcado en la puerta de su garaje, a pesar de que contaba con un vado. Trató de ponerse en contacto con la Policía Local varias veces para que lo retiraran, pero nadie contestaba al teléfono. «Es la 1 de la mañana, estoy llamando a la Policía y no está operativa, pero toman café en el pueblo de al lado», se desahogó en Facebook. «Ya era la segunda vez que me pasaba y estaba cabreado», reconoce.

Cuenta que al día siguiente le pararon por la calle, «me identificaron y redactaron la denuncia en un folio en blanco». Cuando fue a recoger una copia a la comisaría, no figuraba la fecha ni el lugar de los hechos y decía que se había negado a firmarla. «No es cierto, yo la hubiera firmado encantado porque no me compromete», protesta. Su historia despide un cierto tufillo a rencilla personal. No era el primer rifirrafe del cerrajero con los agentes de su pueblo. «No soy ningún antisistema, soy un currante que tiene derecho a quejarse y al que se le ha aplicado la ley de forma desproporcionada».

El abogado barcelonés Andrés García Berrio también considera que fue víctima de un «abuso de autoridad». Especializado en Derechos Humanos, participaba en una manifestación en contra del Centro de Internamiento de Extranjeros en calidad de mediador. Al llegar a las instalaciones, se acercó a los Mossos dEsquadra para comentarles que no le parecía conveniente que exhibieran metralletas. «Al agente con el que hablé no le sentó bien, pero después se lo dije a su jefe y mandó retirarlas», recuerda. En un momento de la manifestación, que transcurrió sin incidentes, un fotoperiodista que además era amigo suyo sufrió un ataque de epilepsia. Su compañera, muy nerviosa, le pidió que se quedara a su lado.

Cuando llegó la ambulancia, el mismo agente al que había solicitado desprenderse del fusil de asalto se acercó para exigirle que se fuera de allí. «Intenté hablar con él para explicarle la situación, que era mediador y que estaba acompañando a mi amiga en ese mal trago». Su actitud no fue comprensiva. «¿Tú de qué vas? Antes eras abogado, luego mediador, ahora amigo, lo que eres es un listillo», cuenta que le dijo el policía. «Intenté hacerle razonar, pero cuanto más hablaba más se cabreaba, hasta que comenzó a redactar una denuncia». Andrés asegura que en ningún momento se negóa darle la documentación, y que cuando le pidió al agente su número de placa, éste pretendió hacerle desistir a cambio de no cursar el expediente. «Pero yo no funciono así».

Un consejo práctico: el letrado invita a quienes crean que están sufriendo un abuso de este tipo «que pidan con tranquilidad y educación la identificación, porque es la única manera de denunciar una situación irregular». A su juicio, la ley tiene un efecto disuasorio sobre las manifestaciones. «A mucha gente le costaba salir a la calle a protestar y esta ley les ha intimidado», critica.

Control del poder

A quien no le ha amilanado para ejercer su trabajo es a la periodista Mercé Alcocer, multada con 601 euros por saltarse el perímetro reservado a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional. «Ni siquiera había cordón, era una línea imaginaria», apunta. Curtida en la información de tribunales desde hace treinta años, asegura que ha vivido «situaciones muy tensas, pero nunca hasta llegar a la denuncia». Prestaban declaración Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, «un día de gran impacto mediático». A la salida, la reportera de Catalunya Radio trató de abordar al letrado de la familia, pero un policía le dio el alto. En las imágenes que se emitieron en televisión se ve a Alcocer corriendo tras el letrado y volviendo sobre sus pasos a la llamada del agente. «Solo me preocupaba obtener las declaraciones», recuerda.

Se inició una breve discusión cuyo resultado fue una sanción de 601 euros por desobediencia. La que fuera jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se enfrentó a críticas cuando desempeñaba esa labor, «pero siempre fui consciente de que los medios de comunicación son el control real del poder judicial y deben tener un margen de maniobra». Aquel día se vio maniatada por las órdenes de un agente totalmente ajeno al oficio de periodista. Al margen de cómo se resuelve el proceso judicial su empresa va a recurrir, para Mercè su caso es «grave» porque «esconde una situación de total indefensión, demuestra que esta ley deja demasiado margen a la Policía y reduce las garantías de los ciudadanos».

Que se lo digan a la panadera Emilia Navarrete. Se le ocurrió comentar con su compañera de trabajo, en voz alta, que no le parecía correcto que un agente de la Policía Municipal de Sabadell dejara el coche patrulla mal aparcado para entrar a comprar un bollo. Al hombre no le sentó bien la crítica y la denunció. El pasado mes de febrero Emilia recibió una multa de 100 euros por «faltas de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Dos horas de formación

Algunas de estas situaciones resultan tan absurdas que invitan a reflexionar sobre el tipo de formación que han recibido los agentes para aplicar una ley que es su principal herramienta de trabajo. «Apenas un par de horas de charla», reconocen desde el SUP, sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Para su portavoz, Ramón Cossío, «era necesario que la figura del policía se viera reforzada frente a algunas situaciones», pero admite que la ley «no está bien desarrollada, no concreta muchos casos e induce a la confusión». El resultado es que «el ciudadano no sabe hasta qué punto está cometiendo una infracción administrativa» y, lo que es más grave, «el agente muchas veces tampoco». Incluso jueces y fiscales están teniendo problemas para interpretar una norma plagada de expresiones tan subjetivas como «perturbación grave», «tranquilidad ciudadana» o «falta de consideración».

¿Es sancionable llamar colega a un agente? Un vecino de Málaga recibió una multa de 300 euros por dirigirse en tono coloquial al guardia civil que le estaba sometiendo a un control de alcoholemia. Su conducta fue descrita como «despectiva y desconsiderada» en el acta, que además señalaba como agravante que se hubiera producido «en presencia de viandantes por la zona». Para Álvaro García Ortiz, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, la normativa adolece de una «redacción muy abierta y no debería serlo tanto para no dar lugar a malas interpretaciones».

La Ley de Seguridad Ciudadana ha llegado además de la mano de una reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas, por lo que esas infracciones administrativas que antes eran revisadas por un juez ahora son tramitadas por el Gobierno, y solo acaban en un juzgado en caso de recurso contencioso administrativo. «Hay que tener mucho cuidado cuando se toca el balance de poderes en un estado de derecho», advierte el fiscal, porque el resultado es que «en nuestra vida diaria el poder de la Policía es mucho mayor que antes». La asociación Jueces para la Democracia va más allá y la califica como «el mayor recorte de libertades de la historia reciente».

¿Innecesaria?

«Cualquier ley es un recorte de libertades para unos y al mismo tiempo una garantía para las libertades de otros», templa el magistrado Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Desde la agrupación conservadora defienden la pertinencia de actualizar la legislación porque «la ordenación anterior penaba algunas conductas de manera excesiva» y también era necesario que otras «recibieran algún tipo de sanción». Así, se han tipificado como infracciones las sentadas, las manifestaciones frente al Congreso o el Senado o la escalada de edificios o monumentos sin autorización, en lo que parece un intento de penalizar el catálogo de las formas de protesta empleadas por los indignados.

El fiscal García Ortiz discrepa: «No había un problema de conflictividad en España que justificara incidir en los derechos fundamentales de la ciudadanía, ya que las herramientas legales disponibles hasta ahora eran suficientes». La plataforma o Somos Delito, que agrupa a más de ochenta colectivos del país críticos con la ley, ve una «clara intencionalidad política que busca criminalizar la protesta social y convertirla en un problema de orden público».

Lo cierto es que difícilmente habría salido adelante en otro contexto que no fuera un gobierno del PP en mayoría absoluta. Pero desde el Ministerio del Interior tratan de «matizar» la abrumadora contestación social. «Se ha abierto un debate muy manipulado, en estos meses ha habido más manifestaciones y con una regulación más garantista para los ciudadanos», defiende el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Aunque la regulación de las libertades públicas «siempre es un debate espinoso, deben aplicarse de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad», apunta el magistrado Rodríguez Padrón.

Un ejemplo. La ley penaliza el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. El artículo sirve para castigar a quien difunda la fotografía reconocible de alguien que participa en una operación antiterrorista. ¿También a la mujer denunciada por colgar en su perfil de Facebook una foto de un coche patrulla aparcado en el espacio reservado a discapacitados?