Los funcionarios tendrán un 'botón del pánico' en su puesto de trabajo

La Función Pública ha activado las alarmas ante el incremento en el número de amenazas y agresiones físicas a empleados públicos registradas en los dos últimos años, de forma que la Administración pondrá en marcha un Plan de Prevención y Actuación ante la Violencia Laboral, en la que se divulgará los recursos existentes, como el protocolo de actuación, póliza de seguro de defensa jurídica para empleados del SEPE.

El plan incluye la instalación en los ordenadores de las oficinas de empleo de un 'botón SOS antipánico', un programa informático con la finalidad de lanzar un aviso a los compañeros indicando una posible situación de peligro. La Dirección General del SEPE comienza este mes a instalarlo de manera paulatina a modo de proyecto piloto.

El aviso se activa pulsando la combinación de teclas Ctrl+F9. CSIF reclama simplificar el procedimiento con el fin de activar la alarma con un click del ratón del ordenador.

Asimismo, se ha preparado una guía con indicaciones sobre los tipos de agresiones que no se deben permitir bajo ningún concepto, consejos para identificar los indicios de agresividad en el usuario, gestionar los conflictos, protegerse si la violencia va en aumento, tácticas verbales o no verbales y consejos jurídicos para los casos en los que lamentablemente resulte agredido.

Además, la Administración ha preparado carteles específicos que situará a la vista de los usuarios en las oficinas, donde de manera explícita se recuerda la prohibición de agredir a los empleados públicos, avisando de las consecuencias legales que puede tener esta práctica.

Los carteles piden respeto a los trabajadores y prohíben el uso de cámaras o dispositivos móviles para amenazar o posteriormente atentar contra la intimidad del empleado público en redes sociales.

Una agresión física cada cuatro días

CSIF denuncia que las agresiones físicas a los empleados públicos se han duplicado en un año, al registrarse 78 en 2015 frente a las 39 del año anterior, lo que supone que cada cuatro días se produce una agresión física a un empleado público.

En concreto, entre 2014 y 2015 se registraron 895 situaciones violentas, con un incremento del 33%; y solo en 2015 se produjeron 539 casos de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, de las cuales 78 casos fueron con violencia física.

Esto supone que cada cuatro días se produce una agresión física (como golpes, empujones o zarandeos)y que las agresiones físicas registradas se han doblado en un solo año.

A nivel global, sumando el número de agresiones físicas y verbales, entre 2014 y 2015 se registraron 895 situaciones violentas (más de una al día), con un incremento del 33% entre ambos periodos.

"La grave situación de paro que afrontan los españoles hace de las oficinas de empleo el principal punto caliente, con el 80% de las denuncias en atención al público", denuncia CSIF. El resto de los casos se concentran en otros siete organismos: Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Delegaciones del Gobierno y la Dirección General de Tráfico.

Más plantilla y protección

Ante esta situación, desde CSIF reclaman un reforzamiento de las plantillas y que la violencia "sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias".

También demanda una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos; un incremento de las medidas de protección; y promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del empleado público, el rechazo a la agresión y "una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los empleados públicos".

De igual forma, pide considerar al empleado de las administraciones como agente de la autoridad pública, tal y como sucede con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el personal docente y el sanitario, con el fin de que el testimonio sea válido como prueba ante una agresión.

Otras de sus reivindicaciones son la inclusión del personal de Instituciones Penitenciarias en el Protocolo de Agresiones; añadir en el protocolo las agresiones internas (agresiones de compañeros de trabajo); sensibilizar a los responsables de los centros de trabajo; y la grabación de llamadas telefónicas.