La lista de la vergüenza

La referencia a la villa cántabra alude a los años de formación del mexicano Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, ensalzado en innumerables ocasiones por el Vaticano a pesar de que su adicción a las drogas y su afición por abusar sexualmente de niños pequeños incluidos dos de sus hijos ilegítimos ya habían sido denunciadas a Roma en 1948 por los superiores jesuitas de la Universidad Pontificia.

En la ciudad de la Alhambra, el caso Romanones estalló el 14 de octubre de 2014. Fue el día que Daniel, nombre ficticio que la prensa eligió para él, denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los abusos y agresiones sexuales de los que había sido víctima desde los 14 hasta los 17 años por parte de diez sacerdotes y dos laicos.

«Recordar todo es muy doloroso», escribió el lunes Daniel en un mensaje de WhatsApp a este periódico. El joven de 25 años, miembro del Opus Dei, se ha alejado de Granada y trabaja en una universidad del norte de España. No quiere hablar con los medios de comunicación. La investigación le obligó a desenterrar recuerdos que prefiere no tener que revivir de nuevo. Al menos, no hasta que se celebre el juicio.

Orgías en el chalé

Monaguillo desde los 7 años en la parroquia Juan María de Vianney, en el popular barrio del Zaidín, mantenía una estrecha relación con Román Martínez, un párroco peculiar que se desplazaba por la ciudad en una moto de gran cilindrada y lideraba un grupo de curas, el llamado clan de los Romanones. Ya de adolescente, Daniel frecuentaba la casa parroquial y algunos de los 19 pisos y chalés del grupo, beneficiario de la herencia de una farmacéutica de Órgiva. Según su declaración, empezó a quedarse a dormir «para ver películas» y acabó sufriendo abusos sexuales por parte del padre Román, hoy sexagenario, y otros curas. Relató al juez cómo los sacerdotes practicaban sexo anal, felaciones y masturbaciones entre ellos. Como el adolescente se resistía a participar en las orgías, el presunto agresor le reprendía por no vivir la sexualidad «con claridad de miras». Otros tres testigos confirmaron ante el instructor que los religiosos se bañaban desnudos en la piscina y compartían besos, caricias y masajes. Dos de ellos recibieron peticiones «libidinosas» del líder del clan. Daniel asegura que otros chicos y chicas también sufrieron abusos.

Román y otros dos sacerdotes M. M. M., párroco en la localidad alpujarreña de su rica benefactora, y F. C. M., miembro del tribunal eclesiástico de la diócesis, junto al laico S. Q. M., profesor de Religión, fueron detenidos el 24 de noviembre de 2014. Gracias a la investigación canónica previa, tuvieron varios meses para preparar su defensa. En ese período también se produjo el oportuno robo de un ordenador y una tablet en uno de los chalés que compartían.

Finalmente, solo el cabecilla del clan será juzgado por abusos y agresiones sexuales con penetración anal y prevalimiento aprovechándose de su autoridad. Tanto el instructor como la Fiscalía entienden que los presuntos delitos de los otros once denunciados tocamientos, exhibicionismo y encubrimiento han prescrito.

Antes de presentar la denuncia judicial, Daniel había enviado una carta al Papa para contarle los hechos. Francisco le llamó por teléfono: «No he podido más que emocionarme y sentir un dolor inmenso al leer tu relato. Perdona este gravísimo pecado y gravísimo delito que has sufrido». El Pontífice ordenó al arzobispo que iniciara una investigación interna y colaborara con la Justicia. Pero Francisco Javier Martínez desoyó en cinco ocasiones la petición del juez para que entregara la documentación de su propio interrogatorio, alegando que estaba protegido por el «secreto pontificio». El magistrado le recordó que no existe tal cosa y mencionó la recomendación de Bergoglio de investigar el caso hasta el final. Advertido de que podía ser acusado de obstrucción a la justicia, el prelado accedió por fin.

¿Qué conclusiones habían alcanzado las pesquisas arzobispales para que Martínez se resistiera a entregárselas al juez? El abogado Juan Pedro Oliver, presidente de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), que ejerce la acusación popular, explica que, tras interrogar a los denunciados, Martínez remitió a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma un documento en el que apreciaba «indicios de delito» en la actuación de los cuatro detenidos y aconsejaba ampliar la investigación al resto de los curas, en la sospecha de que «hubieran sido víctimas convertidas con el tiempo en cómplices».

Salvo los tres curas arrestados, los otros siete religiosos implicados han regresado a sus parroquias. En Atarfe, un pueblo del área metropolitana de Granada, los feligreses protestaron: no querían a un presunto pedófilo impartiendo catequesis a sus hijos. «El delito prescribió por el tiempo, no porque se haya demostrado que no eraculpable», argumentó uno de los padres, Javier Ruiz. Por su parte, el profesor de Religión, a quien la Junta de Andalucía se negaba a readmitir, fue restituido en su plaza por un juez de lo Social.

La semana pasada, la Audiencia de Granada ratificó la apertura de juicio oral contra Román Martínez. La diócesis figura como responsable civil subsidiaria.

Francisco Javier Martínez parece tener sus días contados como arzobispo. «Tiene que salir de Granada cuanto antes», zanja José Manuel Vidal, director del medio católico que destapó el escándalo, Religión Digital. Para el periodista y teólogo, el pontificado de Francisco marca un antes y un después en la actitud eclesial hacia los abusos sexuales a menores: «Hemos pasado del encubrimiento a la tolerancia cero». Benedicto XVI lanzó el mensaje, pero Francisco puso en marcha los instrumentos para hacerlo efectivo, al crear la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores que, presidida por el cardenal Sean OMalley, vela por que los casos de pederastia sean prevenidos, investigados y castigados. Todos los miembros de la Iglesia, ha advertido el nuevo arzobispo de Boston, tienen la obligación de informar a la Justicia de cualquier sospecha.

Vidal cree que la jerarquía española tiene clara la teoría, pero no la pone en práctica: «La tendencia es lavar la ropa sucia en casa. Eso hace un daño terrible a la institución. Granada lo simboliza muy bien. El arzobispo quizá no se opuso a la investigación, pero sí la obstaculizó. No fue diligente en su responsabilidad in vigilando: hay doce implicados, aunque solo se juzgue a uno, y eso clama al cielo. No era una manzana podrida; era una especie de secta organizada».

Premio o castigo

El corresponsal de este periódico en Roma, Darío Menor, también da por hecha la salida de Martínez, aunque cree que el Vaticano está dejando transcurrir un tiempo para evitar el escándalo. Incluso se apunta a que su sustituto será el actual obispo de Guadix-Baza, Ginés García Beltrán.

El periodista recuerda que no todo el mundo ve tan claro que Francisco esté decidido a terminar con esta lacra. A Peter Saunders, una de las dos víctimas de la pederastia que forman parte de la Comisión OMalley, acaban de pedirle que se tome un descanso, después de que este «superviviente» británico hiciera públicas duras críticas a ese organismo. «Durante el papado de Francisco la Iglesia católica no ha hecho nada para terminar con los abusos a menores por parte del clero», asegura, decepcionado. Saunders lamenta que el pontífice mantenga como ministro de Economía al cardenal George Pell, acusado de encubrir casos de pederastia durante su etapa como arzobispo de Melbourne (Australia), o que no retire su apoyo al obispo de Osorno (Chile), protector de sacerdotes condenados por abusar de niños.

Para Menor, el cambio de mentalidad es real. Hace 15 años, el cardenal colombiano Darío Castrillón difundía urbi et orbi, con permiso de Juan Pablo II, su efusiva felicitación a un obispo francés que se negaba a entregar a la Justicia a un cura condenado por abusar de niños. «No había ninguna sensibilidad. Hoy sería impensable», resalta el corresponsal.

Como contrapunto, recuerda que el castigo a Bernard Law por proteger a decenas de curas pederastas en Boston fue un retiro dorado: durante unos años fue arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y participó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI. Ya está jubilado, pero sigue viviendo en su iglesia romana.

¿Y en España? No es fácil decirlo. La Conferencia Episcopal (CEE), el Arzobispado de Granada y el Obispado de Bilbao han rehusado participar en este reportaje. El departamento de comunicación de la CEErecuerda que este es un órgano colegiado que no tiene una posición jerárquica sobre las diócesis y no registra ni investiga los casos de pederastia: eso corresponde al Vaticano y a los juzgados. Por ello, remite a una rueda de prensa de 2014 en la que su portavoz, José María Gil Tamayo, repetía como un mantra los cuatro puntos del argumentario de los obispos: tolerancia cero hacia la pederastia, cercanía y solidaridad hacia las víctimas, respeto a la presunción de inocencia de los supuestos abusadores y consideración de la Iglesia como víctima indirecta de estos hechos a los que es ajena y que tanto dañan su imagen. La pederastia, recordaba Gil, no es exclusiva del clero. Se da también en otros ámbitos de la sociedad.

La CEE remite también a dos protocolos de actuación de 2010 que reúnen información jurídica sobre los «delitos contra el sexto mandamiento», el que condena los actos impuros; en ambos llama la atención la ausencia de empatía hacia las víctimas. Uno de ellos comienza así: «Para afrontar estas complejas situaciones, la prudencia jurídica aconseja no ceder al clima de sospecha, de acusaciones con frecuencia infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje, de aprovechamento con objetivos económicos, de la confusión y del nerviosismo que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos». El resto de los puntos aborda cómo defender y cuidar a los acusados y cómo protegerse de las víctimas y sus familiares. La palabra perdón no aparece.

Detrás de estos dos textos está la mano del director del servicio jurídico de la Conferencia Episcopal, Silverio Nieto, que fue marino mercante, policía y juez antes de ordenarse sacerdote con 51 años. El también confesor del ministro del Interior, Jorge Fernández, ha sido enviado por el Vaticano en dos ocasiones como sabueso a investigar presuntos casos de pedofilia en el clero: en 2011, los cometidos por los Legionarios de Cristo nueve sacerdotes fueron hallados culpables y en 2015, los denunciados por un joven en el colegio Gaztelueta, del Opus Dei, en la localidad vizcaína de Leioa. El chico acusa a su preceptor una figura laica que ofrece a los estudiantes consejo espiritual y académico en los centros de la Obra de haber abusado de él cuando tenía 12 años.

Según la denuncia, el docente citaba al menor en su despacho varias veces a la semana y allí, con la puerta cerrada y las persianas echadas, le mostraba fotos de chicas desnudas, le conminaba a quitarse ropa y le acariciaba. Las pruebas periciales ordenadas por el juzgado, donde las investigaciones continúan, han determinado que el joven sufre «estrés postraumático» y que su testimonio tiene visos de credibilidad.

Tras la experiencia del granadino Daniel, las cartas al Papa se han convertido ya en un recurso común de las víctimas. El padre del denunciante vizcaíno, hoy mayor de edad, envió una misiva a Francisco en 2014 y recibió su apoyo sin fisuras. Sin embargo, tras escuchar las conclusiones de Silverio Nieto, que entrevistó al joven y a sus padres, el Vaticano cerró el caso por falta de pruebas. La familia, también vinculada al Opus Dei, ha pedido al Pontífice que lo reabra porque la investigación del jurista episcopal fue «una trampa y un engaño».

El cura inocente

Más correo a Roma. Esta misma semana, el padre de uno de los denunciantes de los abusos sexuales en dos centros de los Maristas en Barcelona pedía también al Santo Padre que investigase los hechos y obligase a la orden a pedir perdón. Los Mossos dEsquadra acumulan ya 30 denuncias contra siete docentes dos de ellos religiosos y un monitor, por presuntos abusos contra menores en los colegios desde los años 70. Tres han reconocido los hechos. La reacción del arzobispo de Barcelona ante las denuncias fue bien distinta a la de sus homólogos de Granada y Bilbao: Juan José Omella ha dirigido palabras de aliento a las víctimas y sus familias, a las que ha pedido perdón en nombre de la Iglesia.

Un caso especial es el de Asturias, donde la Justicia ha archivado las denuncias por abusos sexuales de las familias de tres menores dos de ellos hermanos contra Jesús María Menéndez, párroco en Villaviciosa y profesor de Religión en dos institutos de Gijón. Lo curioso es que el Arzobispado de Oviedo promovió la expulsión fulminante del sacerdocio de este cura progresista que dirige una casa de acogida para jóvenes con problemas. Menéndez también piensa recurrir al Papa. Quiere demostrar su inocencia.