Tres juezas valientes

Su justificación sobre por qué la hermana del Rey no puede acogerse a la doctrina Botín en los dos delitos fiscales que se le atribuyen básicamente dejan claro que Hacienda sí somos todos ha sido calificada de intachable por sus colegas. ¿Era esperable esa «escrupulosidad»? Por sus currículos, sí. «Tienen un fuerte perfil técnico, especialmente en Derecho Penal, y se ve en lo ajustado a jurisprudencia que está el auto», apunta Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. También acumulan mucha experiencia pese a su juventud:entre las tres suman 32 años. Quienes han trabajado con ellas destacan que son un trío de profesionales «solventes y enormemente concienzudas». También independientes: «No se casan con nadie».

Estos días, están dando muestras de tener, además, una paciencia infinita en la calle. Lo que «peor llevan» del ciclón Nóos es la exposición pública. Sus rostros relajados y risueños se tornan hieráticos cuando asoman por la puerta de la EBAP y se topan con los periodistas. A sus conocidos no les extraña: «En su vida privada están acostumbradas a la discreción y al anonimato». Estos días redoblan esfuerzos y han conseguido blindarse: rascar algún dato entre su círculo más cercano es misión imposible. «Son poco dadas a la exhibición», añade un jurista de la isla. Ni siquiera Eleonor Moyà, que pertenece a una conocida familia balear y podría estar más acostumbrada a los focos.

Esta mujer de casi 47 años los cumplirá el día 16, mientras toma declaración a los 17 acusados es hija de un famoso economista mallorquín y uno de sus abuelos es militar. Está casada con un importante abogado con el que tiene tres hijos. Pero ella, lejos de «significarse», ha optado por levantar una cortina de humo para proteger su intimidad. Lleva poco más de dos años en la Audiencia de Palma y es la que menos experiencia tiene como jueza. Después de estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y hacer un máster en la Carlos III, se dedicó a la abogacía hasta 2011. «Es lista, trabajadora y tiene mucha templanza». Ese año accedió a la carrera judicial por el turno reservado a juristas con diez años o más de práctica. Su primer destino fue el Prat de Llobregat (Barcelona).

Hasta ahora, Nora, como la llaman sus allegados, acudía a los juzgados en bicicleta, pero en las últimas semanas lo hace andando. «Es encantadora, muy accesible y nada ampulosa», dice un excolega. Ni en el trato ni en el vestir, donde hace gala de un estilo casual y moderno, con aire desenfadado y que huye de los tacones. Lo suyo son los zapatos tipo oxford. En la sala, destaca por su educación «exquisita»:«Es una rara avis entre los jueces». También porque tiene una visión «más amplia al haber estado en el otro lado».

Moyà llegó a plantear por escrito su abstención para juzgar el caso porque su concuñado Juan Piña defiende a uno de los implicados, el exdirector general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester, que también es amigo de Iñaki Urdangarin. A su derecha se sienta ahora la presidenta del tribunal, Samantha Romero, una mujer de «amplia experiencia» y «muy seria». No es la primera vez que coinciden, el año pasado ordenaron la excarcelación del primer condenado por maltratar a un animal en España. Había matado a palos a su caballo, Sorky das Pont, en Manacor en 2012.

Talante moderado

Romero, la más clásica de las tres con la ropa, accedió a la carrera judicial con 31 años y ahora tiene 43. La mayoría de ellos ha estado fuera de la isla, en Cataluña. Su primer destino fue Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2002. A los dos años tuvo que pedir una baja por un caso de intimidación. El acoso comenzó al ordenar el traslado de una funcionaria, casada con un abogado que participaba en distintos casos de su juzgado. El letrado y el procurador con el que compartía despacho emprendieron una serie de actuaciones legales contra ella que la perjudicaron «de forma grave para el normal ejercicio» de su trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio amparo.

Superado el bache, esta jueza «rigurosa» siguió con su carrera y en 2007 saltó a la Audiencia Provincial de Tarragona. Estuvo ocho años, hasta que en abril de 2015 regresó a su tierra natal. No llevaba ni dos semanas cuando le cayó el caso Nóos. Primero fue nombrada ponente, pero tras la excedencia del presidente del tribunal, Juan Pedro Yllanes, para concurrir a las elecciones generales con Podemos, se hizo cargo de sus funciones. Es una profesional de «talante moderado» que conoce los cien tomos del sumario. ¿Exceso de celo? «Es lo habitual. Por muy absorbente que sea esta tarea, debemos tener una visión general e integrada de todo», apuntan sus compañeros.

Rocío Martín cierra esta terna de magistradas minuciosas cuya elección responde al estricto orden de reparto. Que sean tres mujeres sorprende más fuera que dentro de la Judicatura. «Es la evolución normal», explica Raimundo Prado, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. «Ellas son mayoría en la carrera judicial», precisa Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 5.352 jueces y magistrados en España, 2.781 son mujeres. En el tramo de edad en el que se mueven estas tres profesiones (entre los 41 y los 50 años), ellas ganan por goleada: 1.007 por 669 varones.

Martín es la más joven de la mesa que juzga al matrimonio Urdangarin-Borbón y al resto de imputados. Tiene 41 años y dos hijos de corta edad el mayor no supera los seis. En el juicio toma nota de todo lo que ocurre en su portátil. Quienes la conocen subrayan que es algo habitual. «Es muy meticulosa». Y no solo en el ámbito profesional, también en el personal. En la primera vista oral deslumbró con su look:coleta alta, gafas de pasta y una camisa blanca con un original cuello arlequín. Luego, ha sido más comedida para intentar desdibujarse.

Con mano firme

Fue la última en incorporarse al trabajo, a finales de noviembre, porque es quien cubre la plaza de Juan Pedro Yllanes. También recayó en sus hombros la responsabilidad de ser la ponente, es decir, de escribir la sentencia. Ya se encargó de esta labor en otro juicio de calado en la isla, el del caso Scala, que llevó al conseller de Industria en el primer gobierno de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, a la cárcel. Le cayeron 16 años por un «saqueo sistemático» de las arcas públicas, recoge el escrito. «No le tembló la mano», destaca un importante colega suyo. La decisión fue confirmada palabra por palabra por el Supremo. Los letrados también la respetan, incluso aquellos cuyos clientes no han salido bien parados. «Es una excelente profesional».

Su familia es conocia en la isla porque se dedicaba a la hostelería. Además, su padre, Anselmo, fue concejal de Izquierda Unida entre 1995 y 1999 en Calvià (escenario en la anterior legislatura del primer gran escándalo de corrupción del PP de Baleares). En 2011 optó a la alcaldía por Alternativa Calvià. A la hija, sin embargo, no se le conoce adscripción política alguna. Estudió Derecho en Salamanca y su primer destino fue Carlet, en Valencia. Cuentan que para sacarse la oposición estudiaba doce horas diarias. Esa capacidad de trabajo le vendrá bien en esta macrocausa que se alargará hasta el verano. «Será un juicio muy denso y muy técnico», auguran fuentes conocedoras del mismo. Y con el morbo que da ver a la infanta Cristina sentada en el sillón número 17 del banquillo. A ellas, en cambio, «no les asusta nada».