«Da miedo mandar a alguien a la cárcel»

Este error puso en cuestión la figura del jurado popular, presente en la legislación desde 1995 aunque se ha utilizado de forma intermitente desde 1820 y utilizada en los casos de asesinato, homicidio, cohecho, malversación de caudales públicos, allanamiento de morada, amenazas... En estos veinte años, los españoles han enjuiciado 10.500 causas: el 89,2% han sido sentencias condenatorias, algunas tan mediáticas como la de José Bretón, que cumple 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos, y se han recurrido el 22%. También han dejado sin tacha a otros, como al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, absuelto con cinco votos a favor y cuatro en contra de un delito de cohecho por aceptar trajes de la trama Gürtel. Próximamente, ciudadanos de a pie juzgarán a Sergio Morate, acusado del doble crimen de Cuenca.

La creencia generalizada es que lo hizo él. Y lo mismo sucede con Rosario Porto y Alfonso Basterra, sentados en el banquillo por el asesinato de su hija Asunta, la niña de origen chino que adoptaron y que apareció asfixiada hace dos años en una pista forestal de Teo (Galicia). La causa iba a celebrarse en junio, pero no se pudo formar el jurado porque la mayoría se excusó: están exentos los mayores de 65, los residentes en el extranjero, los militares, quienes tengan relación con las partes o importantes cargas familiares... Este martes, después de los cuatro descartes que hicieron los abogados defensores (tres) y la Fiscalía (uno), encontraron por fin a once personas (dos suplentes) con el perfil adecuado: mayores de edad, saben leer escribir y, teóricamente, ni arrastran prejuicios ni están contaminados.

De esto se aseguran las partes con un cuestionario previo. Les interrogan sobre cosas de lo más desconcertantes, desde si fuman o se echan la siesta (se lo preguntaron a los que fallaron a favor de Camps, presuponiendo que quienes pegan una cabezada tienen «cierto estatus y podrían ser favorables al procesado») hasta qué libros leen. Juan Carlos Navarro, abogado de Francisco Correa, imputado en la Gürtell, ha asistido a ochenta juicios con civiles, solo dos como acusación. «Yo les planteo siempre si aceptarían la pena de muerte o la cadena perpetua. Si dicen que sí les aparto: tienen un claro perfil condenatorio y no me conviene. Si mi cliente está acusado de allanamiento de morada, por ejemplo, les tanteo para ver si están de acuerdo con que la ley permita disparar contra los intrusos, como sucede en Italia. Y cuando necesito gente observadora en el jurado les digo lo siguiente: Sale usted a la calle y ve el suelo mojado. ¿Piensa que ha llovido o que alguien ha podido tirar un cubo?. Los que alegan lo del cubo suelen ser más observadores que los que se conforman con lo que a simple vista parece más lógico. También hablamos de las películas de juicios, de si se identifican más con el abogado defensor o con el fiscal, de cuál era su personaje favorito de la serie de televisión Policías...».

A cuestiones similares han respondido los ciudadanos que juzgan a los padres de Asunta. Cobran 67 euros diarios por esta labor, más dietas (18,70 euros por cada comida principal), desplazamientos en vehículo privado (0,19 por kilómetros de coche y 0,078 de moto) y transporte público (taxis no), lo que engorda el coste. Un juicio con magistrado sale por unos 1.300 euros, pero el de Camps se disparó hasta los 30.000 (duró 29 días). Más caro habría sido si llegan a permanecer aislados durante el proceso. Normalmente no es así y solo se incomunica al tribunal cuando tiene que emitir el veredicto, tarde horas o días (se les paga el hotel). Durante ese tiempo, no pueden usar el móvil, leer periódicos ni ver la televisión. Una burbuja sin fisuras, porque hasta les acompañan al baño. «Les llevan al hotel custodiados, como si fueran reos en una película americana», cuenta Pedro Apalategui, letrado de Dolores Vázquez. En su caso, el Supremo ordenó repetir el juicio, pero no se celebró porque antes encontraron al culpable: el británico Tony King. Apalategui había pedido recluir al jurado, aunque se lo denegaron. «Tengo la absoluta convicción de que un magistrado la hubiera absuelto por falta de pruebas. Pero esas personas iban a casa y veían en la tele a la madre de Rocío...». A Dolores también la veían a diario en la sala, con las esposas puestas. «Cuando nos enfrentamos a una persona esposada automáticamente pensamos: ¡Qué habrá hecho!. La opción de que no haya hecho nada de repente ya no existe», alerta Ángeles Esteban, doctora en Psicología y Criminología. Y a propósito del caso de Asunta, hace una advertencia. «Cuando ocurre algo malo tendemos a buscar un por qué, un culpable, más si la víctima es un niño. En la justicia hay un dicho, antes un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, pero en la sociedad la tendencia es más bien la contraria, aunque nos sigue costando mandar a alguien a prisión».

«Hay garantías»

Con estos precedentes, ¿hay garantías de un juicio justo para los padres de Asunta? La respuesta va por barrios. «Es imposible que esas personas no hayan comentado el asesinato en el café o hayan leído el periódico. El jurado popular es una solemne tontería, un disparate. En otros siglos, cuando no había jueces imparciales o la justicia la impartía el rey, era necesario, pero hoy está obsoleto», critica Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente.

Le rebate Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia: «La experiencia ha sido positiva. La gran mayoría de sentencias que dictan son confirmadas por instancias superiores». Y Antonio María Lorca, catedrático de Derecho y presidente de la Asociación Pro Jurado, refuerza esta línea. «Hay garantías d juicio justo, sin duda. Esos señores pueden ir mediatizados, pero no van a decir que son culpables porque les salga de la nariz. Antes de emitir un veredicto tendrán que responder sí o no y por qué a una serie de cuestiones que les trasladará el juez que dirige el caso. Por ejemplo: ¿Diría usted que a la vista de lo expuesto en el juicio la señora Porto llevó a su hija en el coche aquella tarde?».

En la mayoría de los procesos bastan 10 ó 15 preguntas, pero en el caso del etarra Mikel Otegi, acusado de matar a dos ertzainas con una escopeta en 1997, el jurado tuvo que responder a 98 cuestiones. Finalmente, le absolvieron, lo que echó por tierra su credibilidad. El Gobierno vasco hizo una encuesta posterior: l 82% de los encuestados calificó de injusta la sentencia y el 60% pensaba que el jurado tuvo miedo a represalias. Otegi aprovechó para huir e integrarse en un comando de ETA, pero en 2003 fue detenido, el proceso se repitió y fue condenado a 34 años. «El contexto socio político era el que era», concede un abogado, que prefiere mantener el anonimato.

En un juicio con tribunal no solo está sometido a examen el que se sienta en el banquillo. «Ser jurado popular provoca mucho estrés e implica una carga emocional fuerte. A veces son homicidios y las penas son muy altas. No todas las personas están preparadas. A alguien con depresión o desajuste emocional le va a provocar desasosiego y aumentar su desequilibrio», alerta la doctora Esteban.

Porque toda la responsabilidad es de ellos. No como en Europa, donde se ha adoptado el sistema escabinado, compuesto por ciudadanos y jueces y en el que los magistrados llevan el peso de la deliberación. España copió el modelo anglosajón, aunque lo modificó añadiendo las preguntas que el juez dirige al tribunal para ayudarles a determinar el veredicto, que deberá estar motivado. «Cada persona, por orden alfabético, lee en voz alta su decisión. Nadie se puede abstener porque acarrea multa y si persiste se le pueden exigir responsabilidades penales», explica el catedrático Antonio María Lorca. Determinada la culpabilidad o la no culpabilidad (no se utiliza el término inocente, sino no culpable), el juez impone la pena. «Está vinculado a lo que diga el jurado, sí o sí. Y si no piensa igual, se tiene que aguantar su criterio».

Con una pistola de juguete

A Rosario Porto y a Alfonso Basterra les juzgan cinco mujeres y cuatro hombres, una casi paridad que a simple vista no dice nada a favor ni en contra. Pero un análisis de las edades, profesiones, experiencias previas... da algunas pistas. «Una vez defendí a un ruso acusado de matar a una pareja. Pedían 47 ó 48 años de cárcel. Era un chaval con buena presencia, daba pena... Había mujeres mayores en el jurado y me vino bien porque le veían desde el punto de vista de una madre. Una treintañera le habría visto de otra forma», reconoce Juan Carlos Navarro, que pone el acento también en el buen hacer del abogado. «Yo quería desmontar el testimonio de un testigo que juraba que había visto que mi cliente llevaba un arma. Compré una pistola de juguete y me la guardé donde se supone que la llevaba él. El testigo no la vio y cuando la saqué quedó impactado. Otra cosa que hago mucho cuando alguien da detalles excesivos y sé que miente es pedirle al jurado que se tape el reloj con la mano: ¿Su reloj es de números romanos o de números naturales?, pregunto. La mayoría no lo sabe y con eso demuestro que es raro que una persona en una situación cotidiana pueda retener tantísimos detalles. Esos experimentos se pueden hacer con un tribunal popular, pero un magistrado igual te dice: ¿Dónde vas, chalado?».

Eso es precisamente lo que reprochan algunos jueces, el «numerito». «Los abogados tienden a sobreactuar para impresionar al jurado, como si fuera una película americana a la española». Lo hacen los defensores y los fiscales. «Sistemáticamente recuerdan que ellos son funcionarios y que nosotros cobramos por defender a los acusados. Nos presentan como mercenarios», se queja el letrado de Dolores Vázquez, con quien le une aún una relación de amistad (ella vive en Reino Unido). Compartieron bancada en la sala y los dos sufrieron una brutal presión mediática. «Psicológicamente ella acabó muy mal. Y yo he desarrollado aversión a que me fotografíen». Los abogados de Rosario Porto y Alfonso Basterra también están en los papeles... todos los días. Durante todo el mes.