El juez debe resolver si Blablacar es un servicio electrónico o de transporte

Tras casi cuatro horas de vista, en la que ambas partes defendieron sus argumentos e intervino casi una decena de testigos, incluidos unos detectives privados que, a petición de Confebús, se habían hecho pasar por usuarios de Blablacar, el juez Andrés Sánchez Magro declaró el caso visto para sentencia.

El juez tiene que decidir ahora si dicta las medidas cautelares solicitadas por Confebús -que implicarían un cese temporal de la actividad de Blablacar- o si da razón a la patronal, que responsabiliza a la plataforma de la caída del tráfico en el transporte por autobús.

El presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, señaló a los medios, al término de la vista, que confía en la justicia y que la patronal ha puesto de manifiesto que BlaBlaCar está haciendo intermediación en el transporte y, por tanto, precisa de la correspondiente autorización administrativa para ello.

Los volúmenes de oferta que están manejando ya están afectando considerablemente al sector del transporte de viajeros, llegando en algunos corredores a concentrar hasta el 40 % de las plazas ofertadas, subrayó.

El director general de Blablacar para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, también confió en los argumentos que ha presentado su compañía a lo largo de la vista y que, en su opinión, demuestran que no son competencia desleal al autobús.

El letrado de Confebús señaló durante la vista que Blablacar es un caso parecido al de Uber, aunque "con algunos matices" -que cesó su actividad por un dictamen de este mismo juzgado- y que se trata de un servicio de transporte con ánimo de lucro, ya que los conductores cobran por el viaje y que la plataforma actúa como intermediario en este proceso.

Precisó que la patronal no pide que se cierre la web de Blablacar, sino que cese su actividad de transporte, al tiempo que aclaró que no se trata de un juicio sobre la economía colaborativa, sino que las normas deben ser iguales para todos.

La letrada de Blablacar pidió la desestimación de las medidas cautelares, ya que no existe ningún riesgo de amenaza del orden público, la seguridad o la salud pública y que la plataforma no tiene magnitud para perjudicar a las empresas de autobús.

En su opinión, el declive del sector del transporte por carretera comenzó con anterioridad a la llegada de Blablacar a España y recordó que los propios responsables de la patronal han achacado públicamente en numerosas ocasiones que su situación se debe a otras razones, como la crisis o las nuevas políticas de precios de Renfe.