El Quinto poder

Más de 200 personas desembarcaron en la capital belga, llenaron hoteles e inundaron con sus argumentos los despachos de los funcionarios de la Comisión y de los eurodiputados. El rotativo The Guardian reveló que la ofensiva incluía listados sobre la facilidad de persuasión de los 766 miembros de la Eurocámara. «Los lobbies son un poder en sí mismo, son los mercados. En Bruselas se calculaba que había 15.000 profesionales dedicados a ello, pero las últimas estimaciones hablan del doble», arponea Juan Hernández Vigueras, exdirector de varias empresas, autor de libros como Los lobbies financieros, tentáculos del poder y miembro de la prestigiosa organización mundial Tax Justice Network. «Hace falta transparencia, poner los datos sobre la mesa, saber de qué y cómo se habla, crear una conciencia crítica. Regular todo esto. El poder financiero controla al político, aquí, en la City de Londres y en todo el mundo».

Más de 350 empresas y asociaciones españolas figuran en el Registro de Transparencia de Bruselas, capital del lobby europeo, donde declaran el dinero que invierten en «influir directa o indirectamente en la elaboración o aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones comunitarias». El año pasado destinaron al menos 13,2 millones. Firmas agroalimentarias, Telefónica, Cepsa, la patronal CEOE, los bancos Santander y BBVA... No están todas las que son porque no es obligatorio, pero al menos es algo.

En España, de momento, no hay nada. La recién investida presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometido, empujada por Ciudadanos, a regular esta actividad, obligando a los también denominados grupos de interés a inscribirse para hablar con los políticos de la Asamblea. Ser transparente, o parecerlo, se ha convertido en una de las prioridades de este nuevo tiempo político donde los catalanes llevan la delantera. El Govern de la Generalitat se puso a ello en abril y espera tener su propio registro lobista este otoño.

En el Congreso de los diputados lo han debatido hasta cuatro veces, la última hace unos meses, pero ha vuelto a quedar en nada. Y eso que, como recuerda Juan Francés, periodista y antiguo responsable de comunicación en varios ministerios, no se ha aprobado una sola ley en los últimos 10 años sin ser objeto de presión por parte de estos profesionales. Sebastián Mariz, 4 años de lobista en Bruselas y 16 en España «soy el más antiguo», ve complicado que salgan de la oscuridad y actúen con reglas transparentes.

Si hay un cambio radical en los escaños con los partidos emergentes puede que hagan algo, pero no lo creo. Entre mis competidores ahora se encuentran los propios políticos. No deberían pagar a Martínez-Pujalte o a Trillo por asesorar a unos constructores, sino a mí. Deberían recurrir a un profesional, nunca a un político.

Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ninguna justificación de dichos ingresos. El exministro de Defensa recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. El asunto se ha ventilado esta semana en el Congreso sin investigación ni penalización alguna.

Mariz, que ha defendido los intereses de todo tipo de empresas «salvo tabaco y defensa», ha visto y oído mucho en 20 años de profesión.

Numerosos políticos, cuando pierden su cargo, se dedican al lobby por las relaciones que tienen con funcionarios, altos cargos... Nos hacen la competencia, sin duda.

Cuando fundó Fipra España, los lobistas eran un puñado en nuestro país; ahora rozan el medio millar, calcula María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, asociación mayoritaria del sector, con 72 socios, un decálogo ético y el empeño de que se regule su trabajo. «Más que de influir se trata de informar y asesorar al poder público. Y solo hay una manera de hacerlo, impulsando el lobismo en un marco ético, profesional y transparente. El resto está en el código penal y se llama tráfico de influencias, cohecho...». Rotondo calcula que el 45% de estos agentes trabaja directamente en las grandes corporaciones, otro 45% en agencias y el 5% para asociaciones y ONG. Son abogados, economistas, periodistas, sociólogos... Los técnicos más especializados se contratan para proyectos puntuales.

«Jamás me han sobornado»

Joan Navarro es socio y vicepresidente de Llorente&Cuenca, empresa de lobby líder aquí y en Latinoamérica, con 370 empleados en 14 países. De 2004 a 2007 fue director del gabinete de Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, y participó directamente en la redacción de varias leyes. Luego saltó a la empresa privada para, por ejemplo, representar a la industria cultural en la ley Sinde de las descargas digitales. Ahora trabaja para grandes bancos no da nombres, Gas Natural, Telefónica o Microsoft. «Casi nunca los represento directamente, yo no hablo con los políticos, sino que completo la estrategia del cliente. A los políticos de aquí no les gustan los intermediarios, quieren hablar directamente con los interesados. En Estados Unidos es al revés, los directivos de las empresas tienen prohibido reunirse con altos cargos públicos».

¿Las puertas giratorias no están aquí demasiado engrasadas?

Un país no se puede permitir empresarios que no sepan cómo funciona la política, ni políticos que no hayan conocido la empresa privada, que no comprendan una cuenta de resultados. Tendríamos declaraciones mucho menos absurdas estos días. Ahora bien, tiene que haber límites. No se pueden preparar, como lo hacen, la salida de lo público a lo privado. El límite de dos años de espera es absurdo.

¿Nunca han intentado sobornarle?

Jamás. En España tenemos muy metido en la cabeza que al final te pillan. Influir es legítimo, pero lo sería mucho más si fuera transparente.

¿Ni siquiera se lo han insinuado?

Nunca, jamás, ha habido el más mínimo intento de soborno o cohecho.

En España, sin embargo, está muy instalada la creencia de que el dinero compra influencia política. Según el Eurobarómetro del año pasado, el 77% de los españoles opina que la corrupción es parte de la cultura de los negocios y el 67% considera imprescindibles las conexiones políticas para hacer dinero. Cuando se pregunta a las empresas es peor: un 91% ve excesivos vínculos entre negocio y polítca y el 93% cree que la corrupción y el favoritismo dañan la economía. Constatan, además, que son recurrentes muchas prácticas injustas, en ocasiones, ilegales, como favorecer a amigos y familia.

Con semejante panorama y ante la falta de controles democráticos, mucha gente confunde el trabajo de asesoramiento y presión de estos profesionales con el tráfico de influencias. «Mientras que el lobby presupone un cierto equilibrio en el campo de juego, el tráfico de influencias es todo lo contrario. La falta de información contribuye a que su imagen esté bajo sospecha, pese a que no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en corrupción en nuestro país», recuerda Transparencia Internacional en un amplio informe sobre esta actividad en España, elaborado el año pasado.

En transparencia e integridad les da un rotundo suspenso y los coloca al final de la tabla europea, pero también entiende que se trata de «una actividad ineludible en una democracia y que puede aportar elementos muy positivos a la toma de decisiones». Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional, no se cansa de reivindicar la huella legislativa: «Se debe saber todo de cada ley, de la cuna a la tumba. Fechas de modificación del borrador, con quiénes se han reunido los redactores... Que se haya vuelto a frenar su regulación no dice nada en favor de la clase política».

El catedrático Manuel Villoria, autor de más de cien publicaciones sobre administración pública y ética y director del estudio de Transparencia Internacional, baja a lo concreto: «Aquí se ejerce el lobismo ante el Ejecutivo y la dirección de los partidos, y también hay algo en el Parlamento. Los principales son las grandes organizaciones empresariales, las que más se juegan en las regulaciones. Siendo el lobby necesario en democracia, a veces lo ejercen de manera torticera y nombran en sus consejos a expresidentes de gobierno, exministros, abogados del Estado o inspectores de finanzas que saben muy bien cómo moverse. Los tres sectores principales son el financiero, el energético y el sanitario».

Lidia Mallo, periodista, trabajó hasta el año pasado en Bruselas defendiendo los intereses de la Asociación europea de medicamentos genéricos. «En España el lobby no tiene buena fama, pero en Bruselas sí. Y es útil y necesario». Mallo tocaba puertas en la Comisión, donde los funcionarios empiezan a escribir las propuestas legislativas y hacen consultas a los diversos grupos afectados, algo previsto en la ley: «El funcionario quiere escucharte. Yo les hablo de mis problemas». En 2004 se revisó la legislación farmacéutica y entraron los genéricos en juego. El debate estaba en si se iba a permitir su comercialización en seis o diez años. La asociación de Mallo peleó por los seis, pero las grandes empresas farmacéuticas presionaron para que se les vetara once. «A fuerza de lobby logramos un compromiso de ocho años, que está muy bien. Teníamos a nuestro favor a los consumidores y los pacientes. Yo lo presenté como un instrumento de ahorro y de mejora de acceso a los enfermos. Y eso a los políticos les encanta».

Otras veces se pierde, como cuando Sebastián Mariz defendió a una empresa de tarjetas de crédito, el pasado mes de febrero, en plena resaca de las black de Caja Madrid.

El Gobierno aprobó una ley de altos cargos y prohibió el uso de las tarjetas. Nos dirigimos al Ministerio de Presidencia, al de Economía, al Congreso, al Senado y a los partidos para intentar modificar esa disposición. No lo conseguimos por razones políticas.

José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, exdirector general de Farmacia (2004-2005) y exsecretario general de Sanidad (2005-2011), ha estado a ambos lados de la puerta y defiende esta práctica. «El despacho debe estar abierto a quien quiera, hay que escuchar a todas las partes. Otra cosa es que consigan sus objetivos, aunque a veces lo logren, como con la hepatitis C. El laboratorio que tiene el medicamento ha hecho una presión muy fuerte dando la información a los pacientes y luego son ellos, los afectados, los que han apremiado. La presión ha sido tal que el Gobierno ha comprado el medicamento por un precio muy alto».

El sector farmacéutico lo conoce bien Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5, con más de 15 años de experiencia. Defiende los intereses de sectores tan delicados como las bebidas alcohólicas, el tabaco o los medicamentos.

¿Nunca ha ido con un jamón debajo del brazo?

Un lobbista no tiene por qué ir con un jamón, sino explicar a los políticos lo que no saben. La gente que ejerce presión de malas maneras acaba en la cárcel. La intermediación entre la sociedad y el político es necesaria. Por ejemplo, el ministro de Sanidad es un gran político, pero no tiene formación sanitaria y llama para asesorarse.

Ya lo dijo John Fitzgerald Kennedy: «Los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días». La diferencia es que en Estados Unidos este negocio está perfectamente regulado: mueve 3.500 millones de euros al año y hay registrados 15.000 profesionales. Aquí ha sido una promesa más guardada en el cajón.