La violencia vicaria, un problema global

Vaccaro instaba a no disociar el delito de violencia de género del delito de violencia vicaria, argumentando que si un hombre es violento con su mujer o exmujer también lo va a ser o lo es ya con su descendencia, ya que su actitud hace de él una persona con tendencia a la violencia. Es decir, dejar de relacionar sendos delitos acaba con la posibilidad de evitar situaciones innecesarias de riesgo para los niños y niñas.

Una explicación al notable incremento del número de asesinatos de menores a manos de su padre es el hecho de que coincida con el despliegue del aparato jurídico puesto en marcha en los diferentes países para proteger a las mujeres frente a la violencia de género. Las leyes dificultan el acceso a las mujeres, de este modo, una vía alternativa para hacerles daño es utilizar a sus hijos. Las posturas negacionistas y el síndrome de alienación parental, que supone que las madres manipulan a su progenie para enfrentarla a su padre, lo cual carece de fundamento científico, también abonan un contexto social en el que los posibles agresores y/o asesinos se sienten en posesión de la razón y del apoyo de sus iguales.

En lo que va de año, 7 menores han muerto a manos de su padre, o la pareja o la expareja de sus madres, y apenas llevamos cuatro meses del mismo. Y si echamos la vista atrás, hasta 2013, año en el que comenzaron a contabilizarse estas muertes, los menores asesinados han sido 60.

La Organización de Naciones Unidas, entendiendo la violencia vicaria como un problema global, ya se planteo en 2022 elaborar un informe mundial para el Consejo de Derechos Humanos. En España, ayer martes se reunía el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y entre sus conclusiones, la necesidad de mejorar tanto la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En cuanto a la violencia vicaria, según palabras del presidente Sánchez, hay que reforzar la coordinación entre órganos judiciales y entre administraciones que ostentan las competencias, e insistir en la formación en perspectiva de género e infancia de los intervinientes en el proceso, entre otros, cuerpos forenses, judicatura, fiscalía, servicios sociales, etc.

Quizás sería bueno contar ya con el anunciado aval del Tribunal Constitucional a la conocida como Ley Rhodes, de protección a la infancia frente a la violencia. Esta Ley modifica el artículo 92 del código civil, por lo que se podrá retirar la custodia a los progenitores denunciados por malos tratos por el interés del menor.