Universidad no, bares sí

Porque esos mismos universitarios que no podrán asistir a sus clases, sí podrán continuar saliendo de cañas por los numerosísimos bares de la ciudad de la Alhambra. No es de extrañar entonces la lógica reacción de la rectora de la UGR, Pilar Aranda, cuyo lamento radica en que «se valoren más los bares abiertos que las aulas». Además, denunció que no se haya respetado el principio de autonomía de la institución que rige, y dijo desconocer el amparo legal de la decisión del Gobierno andaluz. Vamos, que la Junta de Andalucía se ha pasado por el arco del triunfo a una universidad del prestigio de la Granada. Claro, el Consejero de Educación, Javier Imbroda –del que no hay muchas noticias los últimos días-, estará ahora dedicado a asuntos más importantes. Qué sé yo, el comienzo de la ACB, sus clases de conocimientos políticos, sus inversiones aquí, allá y acullá… Habrá dejado determinadas decisiones en manos del Consejero de Sanidad, Jesús 'Chiquito' Aguirre, muy capaz de organizar la vida de nuestros jóvenes alrededor de un calimocho si estos guardan las distancias y no se quitan la mascarilla. Ello, si es capaz de explicárselo y que, además, estos se enteren.

Ahora, las instituciones educativas y sanitarias parecen pollos sin cabeza imponiendo medidas sin ton ni son, cuando tuvieron a su disposición, al menos, los meses de julio y agosto para realizar un planificación sosegada y abierta a todas las posibilidades pandémicas. En esos 60 días podrían haber enfrentado la contratación de un número idóneo de profesores y sanitarios, la elaboración de protocolos para una enérgica reducción de las ratios por aula en los centros educativos o de un servicio en los hospitales y ambulatorios coherente con las circunstancias, para que no colapsaran. Nada de esto se hizo. O, mejor dicho, en unos territorios 'comme ci, comme ça' –la minoría- y en otros 'rien de rien' –la mayoría-.

La Comunidad Valenciana es el ejemplo de lo primero, y la de Madrid la caricatura de lo segundo. Aun siendo conscientes de la responsabilidad autonómica en estas áreas, el Gobierno central no debió permanecer ajeno a la actuación de esos niños y niñas revoltosos que han demostrado ser algunos de los presidentes y consejeros autonómicos. Debió permanecer atento a sus trastadas, a su holgazanería o, directamente, a su ineptitud, poniendo en marcha los procedi- mientos necesarios para tomar el mando.

No lo hizo, y el resultado es este. Un número creciente de profesores, médicos, enfermeros y personal de limpieza superados por las circunstancias; incapaces, otra vez, de hacer frente a la segunda ola de la pandemia en unas condiciones dignas. Al límite de sus posibilidades físicas, o, en muchos casos –algunos los conozco personalmente-, ya de baja por enfermedad, aquejados con arritmias, depresión u otras patologías similares. No hay derecho. Son nuestros gobernantes los que deben descender al barro para caer en la cuenta de qué es lo importante para los gobernados, para todos ellos y todas ellas, no sólo para sus correligonarios más fieles.

Es por esto que la decisión de cerrar 15 días la Universidad de Granada me parece del todo paradigmática. Esta es la vara con la que ha de medirse, en este caso, al Gobierno de la Junta de Andalucía. El Hospital de Cazorla, también cerrado sine díe; los ambulatorios colapsados y ofreciendo citas médicas de higos a brevas; los comedores de los colegios cerrados; y los cines y teatros ahogados por el recorte irracional de su aforo. Mientras, en la misma ciudad de Granada, los bares y los restaurantes permanecen abiertos hasta la 1 de la madrugada. Triste, muy triste.