El trabajo es un derecho, la salud también

Hay que situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas. Porque la salud es un derecho fundamental también en el trabajo.

Para CC OO es el momento de empezar a evaluar los efectos que en términos de salud laboral está teniendo esta pandemia. En nuestro país, la covid-19 sigue sin ser incluida en el listado de enfermedades profesionales, lo que hace que muchas personas trabajadoras queden desamparadas y sin la prestación que merecen. Otras cuestiones, como los casos de la covid persistente, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen políticas de prevención y de Seguridad Social específicas que aún no se están desarrollando.

La pandemia también ha puesto en evidencia el grave problema de salud mental que hay en nuestra sociedad. CC OO ya venía denunciando con anterioridad cómo la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo están afectando a la salud mental de la población trabajadora. A día de hoy, las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran enfermedad profesional y solo se han notificado 72 partes de accidentes de trabajo por trastornos mentales. El sindicato considera urgente desarrollar una legislación específica e impulsar políticas públicas para afrontar este problema de primer orden.

La precariedad causa accidentes y mata. Hay un 75% más de riesgo de sufrir un accidente de trabajo si tu contrato es temporal que si es indefinido. Los contratos fijos discontinuos también muestran una incidencia mucho más elevada que los indefinidos. Confiamos en que la reforma laboral reduzca la temporalidad y la siniestralidad asociada.

La incidencia de la siniestralidad laboral es más alta en las ocupaciones asociadas a menores ingresos y cualificación profesional, llegando a multiplicarse por 235 la diferencia entre la incidencia mínima y máxima. La construcción es el sector con mayor siniestralidad, seguido por industria y sector agrario, mientras que los servicios es el único sector por debajo de la media. Las personas jóvenes se accidentan más, pero son las veteranas las que sufren más accidentes mortales.

Mientras que los accidentes de trabajo tienen un marcado perfil masculino, ligado a las actividades y ocupaciones en las que se emplean, la incidencia de accidentes in itinere es más alta entre las mujeres que concentran mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial no deseados (lo que conlleva más desplazamientos entre trabajos), además de asumir mayoritariamente las necesidades en torno a la conciliación.

El subregistro de enfermedades profesionales ha empeorado con la pandemia. El procedimiento de notificación y registro es absolutamente inoperante, además de tener un impacto en la prevención, porque lo que no se registra no existe y, por tanto, no se previene, como ocurre con el cáncer y en otro orden con el amianto.

Desde nuestro punto de vista, non necesarios cambios legislativos que fortalezcan la prevención en las empresas, incorporar la perspectiva de género y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de trabajo, así como los riesgos psicosociales y los efectos que el cambio climático están teniendo sobre la salud laboral. También habría que ampliar los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tener una Fiscalía que aborde con más intensidad los delitos de riesgo y daño a la salud laboral. Se debe incorporar al ordenamiento español las directivas europeas de cancerígenos y radiaciones ionizantes y actualizar el cuadro de enfermedades profesionales. Sin olvidar un tema tan importante como la creación del delegado/delegada de prevención territorial y/o sectorial en aquellas empresas sin representación sindical.