Tiempo de la ética: sólo la verdad puede tranquilizar

Parece que esta honrosa distinción recayó inicialmente sobre Boris Johnson, al que se le ha anatematizado desde todos los frentes, pero ahora resulta que al puesto pueden aspirar muchos más.

A la ola de epidemiólogos la va a seguir otra de bioetistas y seguramente otras profesiones (psicólogos, matemáticos, meteorólogos, juristas y profetas en general). Pero todos tenemos legitimidad para hacer propuestas, al menos la sociedad tiene derecho a conocerlas, porque los pueblos son más listos que sus dirigentes y sólo obedecerán a líderes que sean coherentes y que no les animen a ir a una manifestación masiva el 8 de marzo y pocos días después confinarlos en sus domicilios o convocar una elecciones municipales, caso de Francia, y al día siguiente declarar un estado de alarma. Las prioridades absolutas eran y son hoy dos: preservar a los sanitarios del contagio y conocer dónde está el riesgo.

La economía y la industria han de ponerse al servicio de estos dos objetivos. Cualquier estrategia pasa siempre por saber dónde está el enemigo, cuántos son y cuál es su fortaleza y su debilidad.

¿Cuántas personas con capacidad de contagiar hay? ¿Dónde están? ¿Se sabe? No. Habrá que contar siempre con la rebeldía de la gentes y con que el aislamiento, aunque necesario, no puede, ni debe ser absoluto. Por eso hemos de saber, ante todo, quién contagia y obrar en consecuencia. Creo que se yerra en la jerarquía establecida a la hora de aplicar los test diagnósticos del coronavirus. Las gráficas que recogen el número de muertes que se han producido, tras la décima muerte en los países principalmente afectados, demuestran que en Corea han transcurrido 23 días para producir 23 muertes y en España 11 días para producir 2.000 ( J. Bur-Murdoch), ¿Donde está la diferencia?, pues Corea planteó una estrategia de hacer test masivos, rastrear contactos y aislar a los infectados y nosotros aún no hemos empezado.

La protección de los sanitarios es la primera prioridad. Los médicos han demostrado a lo largo de la historia que tienen anchas las espaldas para ayudar en medio de todos los peligros, lo dice el Código de Deontología, pero no se puede quedar todo el apoyo en envolverlos con la bandera del heroísmo y llenarlos de solidaridad todas las noches, con el aplauso. Son trabajadores y como tales tienen derechos a gozar de las medidas de seguridad que su trabajo exige y ahora no las están recibiendo, infringiéndose las normas que cualquier inspección del trabajo exigiría a una empresa. No es momento de lamentos, por errores de imprevisión pasados, pero sí es tiempo de actuar y exigir.

Es hora de reclamar el derecho que los ciudadanos tienen de ser atendidos por personal sanitario libre de virus, como el de los médicos de no ser contagiados en el ejercicio de su profesión. En tiempo de alarma no se pierden los derechos fundamentales, y por tanto, el derecho a preservar la intimidad y el secreto médico. Hoy nos enteramos al instante quién está infectado y quién no, su estado de gravedad y otros pormenores más sensibles, pero ello no obedece a razones de seguridad, sino de notoriedad. Los ciudadanos también deben aceptar que no son tiempos de exigencias más allá de lo razonable.

Finalmente aparecerá, ya lo ha hecho, el espinoso asunto de la distribución de los bienes de limitada disponibilidad, como son una cama en las UCI o un respirador. La demanda superará siempre a la oferta, de ahí la exigencia de que estas decisiones se tomen con justicia y equidad. Las autoridades tienen el deber de buscar los medios necesarios, para que no se tenga que plantear el dilema ético ¿A quién trato? ¿A quién le pongo el respirador y a quién no? ¿A quién desalojo, para que entre otro paciente más grave? La noticia que ha salido en la prensa es que las UCI de los hospitales se preparan para priorizar los enfermos más recuperables. Esta noticia no me inquietaría, si la interpretación de ese criterio se deja a los médicos de las UCI, porque esto forma parte de su trabajo cotidiano, siempre lo han hecho y lo saben hacer, pero me inquieta y mucho que eso vaya a surgir de protocolos salidos de expertos, porque si es así, la opinión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con su Comisión Central de Deontología y su equivalente en nuestra comunidad autónoma, el Consejo Andaluz y su Comisión Deontológica, tendrían algo que decir.

Es este un tema muy delicado y nada fácil, donde no se podría aplicar el postulado de G. de Ockham –«pluralitas non est ponenda sine necessitate (la pluralidad no se debe postular sin necesidad)– porque no hay una sola ética, caben diversas orientaciones basadas en principios filosóficos y convicciones morales. La ética no es neutra y de la orientación que se siga se pueden derivar acciones muy distintas. Los principios éticos están establecidos y nadie los niega: No maleficencia, autonomía, justicia y beneficencia, pero no está establecido cómo se jerarquizan, es decir, en qué orden se aplican. Según sea una directriz deontologista o utilitarista, el concepto de enfermo más recuperable puede cambiar. No será lo mismo partir del principio deontologista kantiano, que nos enseña que el hombre es un fin en sí mismo, que otro utilitarista en el que el fin justifica los medios. Dado que el principio de autonomía, por el cual el paciente decide, no será aplicable en estas situaciones, porque habrá otras personas con idéntico derecho, se impondrá el principio de beneficencia en concurso con el de justicia. Puestos todos los presuntos beneficiarios de ese bien escaso, en idéntica igualdad de oportunidades (Justicia), se le concederá a aquel en el que más beneficios se obtengan del recurso: principio de beneficencia. Para administrara este principio en una situación clínica crítica, el mejor posicionado para decidir es el que tiene el deber de garante, es decir, defender los derechos fundamentales de las personas llamadas a recibir este bien: el médico.

¡Las espaldas de los médicos son anchas, ma non tanto!