Solidaridad
La Cerradura ·
José María Pérez Zúñiga
Domingo, 23 de octubre 2022, 00:23
Mientras la subida de los precios de la energía por la invasión de Rusia a Ucrania provoca que algunas empresas energéticas aumenten sus beneficios y ... el valor de sus acciones, los hosteleros de ciudades como Granada ven cómo se triplica el importe de sus facturas de la luz, lo que significa su ruina. «Nosotros no podemos subir los precios», explican, «porque los clientes dejarían de venir». Piden al gobierno bonos eléctricos, y que el Ayuntamiento prorrogue la bonificación de las tasas por aprovechamiento del dominio público, no las licencias por inicio de actividades económicas. Lo mismo que se crea un impuesto específico para las empresas energéticas se podría bonificar la factura de la electricidad de las empresas de hostelería. Una medida que puede parecer razonable, aunque en la práctica suponga discriminar o privilegiar a determinadas empresas, y que tendría más sentido quizá si atendiéramos básicamente al nivel de renta. Se grava a las empresas que tienen beneficios extraordinarios y se baja la tributación a las que obtienen menos y que se ven abocabas al despido de trabajadores o al cierre. Esto, que parece de sentido común cuando hablamos de empresas, no lo es sin embargo cuando nos referimos a personas físicas a secas, pues chocamos con la simplificación del discurso sobre si es bueno o malo subir los impuestos.
Gravar a las grandes fortunas o los grandes patrimonios se tilda de demagógico. ¿No resulta más bien demagógico establecer estas diferencias? ¿Quién está detrás de las empresas? La protección empresarial y la protección social deberían ir de la mano, y para eso hay que atender a criterios de capacidad económica: quien más gana, contribuye más; y se recibe según las necesidades. En eso consiste la solidaridad. Y a nivel territorial implica que las comunidades autónomas más ricas deben contribuir más a un arca común que redistribuya la riqueza entre los territorios más pobres. Para ello, obviamente, sería necesario que instituciones y ciudadanos acepten unos principios básicos que, de hecho, ya están recogidos en la constitución. ¿Por qué en España, entonces, cada comunidad va por un lado, cada partido por su calle, y cada sector por su cuenta? ¿Qué tipo de Estado quieren, no el social y democrático de derecho? Los que piden una bajada de impuestos argumentando que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos se están refiriendo a su propio bolsillo. No creen en realidad en una administración pública que, como su nombre indica, debe administrar lo que es de todos, a lo que contribuimos todos.
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