Cuando en marzo de 2020 se desató la maldita pandemia que puso de manifiesto todas las incompetencias, corruptelas, inutilidades y tintes totalitarios del gobierno sanchista ... podemita, muchos advertidos que el estado de alarma aprobado por Pedro Caballero era manifiestamente inconstitucional, ya que no solamente evitaba un estado de excepción de facto, sino que sería utilizado posteriormente para perpetrar otras ilegalidades como colar a Pablo macho alfa y al ahora acuchillado Iván en las entrañas del CNI. Claro que mi humilde opinión no significaba nada al lado de afamados juristas en su sumisión a las necesidades despóticas de la izquierda que aseguraban la legalidad y necesidad del estado de alarma; en esto, por cierto, de la misma manera que los magistrados que avalaron un carácter de urgencia en la profanación de la tumba de Franco, para que así el Frente Popular pudiese ganar la guerra civil unas décadas más tarde.
Bien es cierto que después de ese primer estado de alarma vendrían otros igualmente de injustificables como el que duró 6 meses y no tuvo más finalidad que utilizar al Estado contra Madrid y dar barra libre al caos y al enfrentamiento entre comunidades. La chapuza legal y política en este país contra la pandemia ha sido de tal magnitud que aun sigue dando sus últimos coletazos en Autonomías incapaces de gestionar lo que queda del virus y que piden amparo a los jueces para volver a encerrar a la gente, por ahora con toque de queda, dentro de unas semanas con lo que surja. Sin embargo, más allá de cuestiones jurídicas que a estas alturas no sirven más que para recurrir multas, ha existido un uso evidente y corrupto de la anormalidad constitucional por parte del gobierno para consumir casi media legislatura sin dar demasiadas cuentas de nada ni realizar nada parecido a lo que se esperaría de un gobierno de Estado en estas circunstancias tan excepcionales, tanto sanitarias como económicas. Ya sabemos que Largo Sánchez consiguió vencer al virus el verano pasado, por eso en estos momentos está más ocupado en vender los miles de millones «gratis» que vendrán de Europa y que solo servirán para empobrecer y mediocrizar aun más a nuestro país. Con este nuevo gobierno que estrena- que no es nuevo, sino lavado con sanchismo plus ultra- no ha tardado ni una semana en quemar a la mayoría de los nuevos ministros, auténticos semianalfabetos que vienen con el certificado de garantía de incompetencia sanchista.
El debate sobre lo que debe tener a priori una persona para ser, por ejemplo, ministro, siempre ha sido complejo, pero es deseable que, al menos, se hayan leído la constitución y la entiendan de una manera esencial. En este gobierno ni siquiera eso es posible, con la nueva rica Ione Belarra confundiendo el Constitucional con el Consejo General de Poder Judicial y pidiendo que se renueve ya para que los jueces no le toquen las narices al gobierno. Pero este desvarío no es algo propio de una iletrada funcional estilo Garzón, sino que una magistrada como Margarita, esa gran mujer con sentido de Estado, no ha tardado en salir a defender los atropellos del sanchismo de excepción contra nuestros derechos fundamentales. Es obvio que la tiranía del poder los iguala a todos, y no por arriba precisamente.
Con la crisis en Cuba se ha vuelto a demostrar la catadura democrática de esta izquierda asilvestrada. Hace algún tiempo publiqué un artículo donde explicaba que a la izquierda post 15-M le gustaban tanto sus dictaduras que preferían algo como Cuba antes que una democracia donde gobernase Aznar. En estos momentos, hay medio gobierno de España defendiendo que Cuba no es una dictadura y otro medio pidiendo que no se etiquete al régimen cubano. Me parece bien, pero empecemos por etiquetar lo que tenemos nosotros aquí: un gobierno contraconstitucional. Y, por supuesto, pseudodemocrático.
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