Conservar el agua es una decisión política

¿Sabía que somos uno de los países europeos más expuestos al cambio climático? La Península Ibérica afronta la mayor desertificación de Europa, amenazando la seguridad hídrica. A ello se suma nuestro modelo económico intensivo en agua –regadío y turismo de masas- que multiplica la presión sobre recursos cada vez más escasos. Seamos claros: la ecuación es insostenible.

Los efectos de la sequía o el estrés hídrico ya son parte de nuestra realidad cotidiana. Por ello, conservar el agua no es solo un asunto técnico, también es político. Exige repensar a fondo cómo gestionamos este recurso: desde las decisiones institucionales hasta nuestra cultura del agua.

La transformación parece arrancar con la regulación e inversión en fuentes no convencionales como la desalación y la reutilización. Pero este impulso técnico y de conservación del agua choca con un debate todavía atrapado en lógicas de reparto y conflicto territorial. Transvases, propiedad de acuíferos y expansión del regadío siguen siendo armas partidistas más que objeto de planificación basada en datos y justicia ambiental. Mientras tanto, las reservas disminuyen, las sequías se agravan y el futuro se juega en un tablero demasiado inmóvil. Por eso, el verdadero reto es que esta incipiente apuesta técnica y actitudinal se consolide como una política de Estado, con gobernanza coordinada y compromiso real con la sostenibilidad.

Los politólogos sabemos que los recursos naturales no se distribuyen solos ni según la eficiencia técnica. El acceso al agua refleja relaciones de poder, asimetrías institucionales y prioridades sociales. Por eso, hablar de conservación del agua implica hablar de gobernanza. ¿Quién decide cuánta agua se usa, para qué fines y con qué criterios de equidad intergeneracional?

La buena noticia es que hay alternativas viables. La evidencia demuestra que medidas como el uso de dispositivos eficientes pueden recortar hasta un 50% el consumo, ahorrando también energía y emisiones y generando beneficios económicos y ambientales. Un win-win. Pero la tecnología sola no basta: muchos programas fracasan por fallos institucionales, desconocimiento o resistencias culturales. A menudo, las soluciones existen, pero no se adoptan por marcos normativos débiles, gobernanza fragmentada, incentivos erróneos o porque, con la lluvia, olvidamos los hábitos adquiridos en la sequía.

Esta brecha entre posibilidades técnicas y obstáculos políticos es evidente. Un ejemplo claro: Murcia lidera la reutilización de aguas residuales (98%), pero este éxito no se traduce en una visión nacional; Navarra y La Rioja no reutilizan nada. La planificación hidrológica sigue atrapada en criterios sectoriales y lógicas cortoplacistas. Se legisla más como reacción a crisis que como prevención.

Además, también influye la percepción social. Mientras el precio del agua se mantenga artificialmente bajo en muchas ciudades –desincentivando el ahorro-, la ciudadanía no siempre percibirá la gravedad del problema. Y, sin una cultura del agua responsable, la sostenibilidad es inviable.

Abrir el grifo y ver correr agua limpia para usted puede ser un gesto automático; pero, para muchos es un lujo inalcanzable. Mientras miles de millones sobreviven sin este derecho humano, nosotros dejamos escapar el oro azul sin pensarlo, entre dientes que se cepillan, duchas que se alargan y grifos que fluyen hasta alcanzar la temperatura perfecta. Como si no costara. Como si fuera para siempre. Pero no lo es.

Y ahí es donde la política debe entrar en escena. Cuidar el agua no depende solo de gestos individuales: requiere decisiones colectivas, visión a largo plazo y un marco institucional que esté a la altura del reto. Necesitamos diseñar políticas públicas que integren justicia ambiental, eficiencia económica y participación ciudadana. Esto implica revisar tarifas para reflejar el valor real del agua sin afectar el acceso básico, invertir en infraestructuras de ahorro y reutilización, y garantizar que los ecosistemas acuáticos también sean sujetos de derechos.

Pero también implica una mirada crítica sobre el modelo de desarrollo. ¿Podemos seguir expandiendo regadíos en zonas donde los acuíferos ya están sobreexplotados? ¿Tiene sentido promover urbanizaciones con campos de golf en áreas semiáridas? ¿Qué papel juegan los lobbies agrícolas o turísticos en la definición de nuestras prioridades hídricas? ¿Es sostenible seguir suministrando agua por debajo de coste, sin renovar las infraestructuras?

Estas preguntas no son cómodas, pero sí necesarias. La conservación del agua no es solo un reto ambiental; es un espejo que revela qué tipo de sociedad queremos ser. La elección también está en nuestras manos ¿queremos seguir priorizando el beneficio/ahorro a corto plazo, o apostar por un bienestar duradero y equitativo?

La transición hacia un modelo hídrico sostenible requiere una reforma profunda de nuestra relación con el agua, y como toda transición, necesita liderazgo político, transparencia institucional y una ciudadanía comprometida. Necesitamos un gran pacto que supere ciclos electorales, fronteras autonómicas y diferencias ideológicas. Un pacto que entienda el agua como un bien común, no como un botín a repartir.

Afortunadamente no partimos de cero. Contamos con experiencia en planificación, capacidad técnica y un marco europeo que nos empuja hacia la sostenibilidad. Pero falta voluntad política para poner estos elementos al servicio de una estrategia coherente, y adaptada a los retos presentes y futuros.

Cada vez que abra el grifo, no lo olvide: conservar el agua no es solo una necesidad ambiental, es una decisión profundamente política que marcará el futuro del país. O la afrontamos con coraje y visión, o nos enfrentaremos a una crisis que, esta vez, no podrá resolverse con parch