El sablazo andaluz

La política fiscal que han aplicado en este documento los delegados en Andalucía de Casado y Rivera lo deja meridianamente claro. El Gobierno andaluz prevé una subida de los ingresos de 2.000 millones de euros, que se consigue, básicamente, con un aumento de 700 millones en los impuestos directos e indirectos que pagan la mayoría de los andaluces, mientras a los más ricos se les rebaja la presión fiscal, como lo demuestra, por ejemplo, la bajada de 50 millones de euros prevista en el Impuesto de Sucesiones.

¿Y qué harán con todo este dinero recaudado? Crear empleo, de entrada, no mucho. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha asegurado que, con este presupuesto, el año que viene podrán crearse 60.000 puestos de trabajo en toda Andalucía, rebajando así, de manera drástica, los 600.000 nuevos empleos que prometió el PP en la campaña electoral para la legislatura. Aquella fanfarronada no les ha durado en pie ni un año.

Con ese supuesto aumento de ingresos tampoco van a mejorar la sanidad y la educación públicas, sino todo lo contrario. En el apartado sanitario, el presupuesto reconoce que, en 2019, el SAS ha acumulado un déficit de 326 millones de euros, por lo que sólo cabe esperar que sigan metiendo la tijera para equilibrar las cuentas. Habrá cero euros para más médicos, para más centros de salud o para más hospitales y, en el caso concreto de Almería, ya sabemos que el Materno-Infantil ni siquiera se abrirá por completo en 2020.

En cuanto a la educación, el presupuesto desglosado por provincias prevé una inversión de apenas 7 millones de euros para infraestructuras educativas en Almería, una cifra ridícula si se tiene en cuenta que el último presupuesto socialista contemplaba para este fin 30 millones de euros. Con esa cifra de inversión tan pequeña es evidente que no podrán sacar adelante muchos de los proyectos que ya estaban listos para llevarse a cabo. Como ejemplo, se puede citar el caso del conservatorio de danza, para el que han consignado 300.000 euros, o el CEIP de Almerimar, al que le han asignado 187.000 euros cuando las obras están valoradas en más de tres millones.  Estas cuentas, además, maltratan a los trabajadores públicos, ya que no se cumplirán los acuerdos que había alcanzado con ellos el anterior gobierno socialista, como la recuperación de la paga extra de 2013 y 2014 o las medidas de acción social y conciliación familiar.

Por si fuera poco, los papeles que ha llevado el Gobierno andaluz al Parlamento carecen de toda credibilidad, como lo demuestra el ridículo cumplimiento de las cuentas de 2019. Sin ir más lejos, la consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo, tuvo el valor venir a presentar el Presupuesto de 2020 sin haber ejecutado ni un solo euro de los 110 millones de euros que iba a invertir su consejería en Almería en 2019.

En definitiva, estamos ante unos presupuestos malos de solemnidad, que cargan todo el peso recaudatorio en las clases medias y trabajadoras, que no van a servir para crear empleo y que van a ahondar en la destrucción de los servicios públicos.