¿Y si la reforma laboral no se hubiera aprobado?

El Congreso de los Diputados se pareció el jueves a la Cámara de los Diputados italiana. Ver a algunos diputados saltarse la disciplina de voto en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo es tan emocionante como contemplar una nevada en el Desierto de Atacama.

El presidente Sánchez y las vicepresidentas Calviño y Díaz no salían de su asombro. Los dos diputados de UPN, con cuyo apoyo contaban, se rebelaron contra las instrucciones de su partido y dijeron nones a la reforma. Votaron según su pensamiento y lo que su cuerpo les pedía, aunque UPN los considere tránsfugas y les pida que entreguen sus actas de diputado. ¡Nanay de la China! Pueden esperar sentados, porque el acta pertenece a los diputados díscolos y no al partido.

Pero lo más sorprendente fue que la reforma laboral saliera adelante por un error en la votación de un diputado del PP, Alberto Casero, cuyo apellido pudo servir de chufla al bloque vencedor, ya que Casero votó desde casa, telemáticamente. La reforma laboral fue aprobada por 175 diputados a favor frente a 174 que votaron en contra. El final fue más emocionante que el Athletic-Real Madrid, pero el Pleno devino en un esperpento, lleno de confusión y mala educación; un sainete mal avenido con la votación de una norma que, según la vicepresidenta Díaz, es la más importante de la legislatura. El diputado Casero votó desde su domicilio en Madrid por padecer una gastroenteritis aguda. Él dice que votó no. ¡Que no, que no, que no!, como en la canción, pero el sistema informático 'certifica' que votó sí. Con lo mal que uno se pone con la gastroenteritis aguda, pudo ser un despiste por la calentura. Tierra trágame, debió pensar Casero, temiendo la incomprensión de los mandamases de su partido (ya se imaginan: «¿Pero quillo, estás apollardao?»). El caso es que, arriesgándose a sufrir diarrea durante el trayecto, el diputado se fue a toda prisa al Congreso, para que le dejaran votar como Dios manda, pero no lo consiguió. Ni la presidenta ni la Mesa del Congreso están por la labor de reconocer la existencia de error para trocar el resultado de la votación. Las máquinas siempre llevan razón. El PP anuncia que recurrirá la votación, calificándola como fraude. Vox también la impugnará y denuncia un pucherazo. Tanto el diputado del error, como el Grupo Parlamentario Popular pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional (TC). Estamos ante un caso en el que la «especial trascendencia constitucional», exigida para recurrir en amparo, va de suyo.

Con algunos matices que pueden ser importantes, el asunto guarda similitud con el examinado por el TC en su sentencia 361/2006, de 18 de diciembre. Entonces subrayó que el voto es uno de los derechos que se integran en el «ius in officium» de los parlamentarios, algo pacíficamente aceptado. Pero lo más relevante es que el TC consideró que correspondía al Parlamento Vasco probar, de manera irrebatible, que la diputada Novales cometió un error durante el desarrollo de la votación de la Ley del Presupuesto (debe aclararse que ella sí se encontraba en el hemiciclo, en el momento de apretar el botón). En aquella ocasión, el TC sentó la siguiente doctrina: «Recae sobre los órganos de la Cámara, y en especial sobre su presidente, la tarea de demostrar que la diputada tuvo una conducta negligente. Puede presumirse, por contra, que, salvo prueba indubitable en contrario, la misma actuó correctamente, entre otras cosas porque ningún interés puede suponérsele en crear una situación en la que ella y su grupo fueron los principales perjudicados». Y, finalmente, el TC concluyó que la Presidencia y la Mesa del Parlamento Vasco lesionaron el derecho fundamental «tanto de los parlamentarios como del grupo, a expresar su rechazo colectivo a una medida legislativa, y a que dicho rechazo tuviera unas consecuencias claras, consistentes en la no aprobación de la misma».

Todo lo ocurrido sugiere la necesidad de modernizar los reglamentos parlamentarios para introducir procedimientos ágiles de rectificación de errores materiales en la votación durante un breve espacio de tiempo; errores y no arrepentimientos, digo, normalmente verificables y deducibles de la posición de los grupos parlamentarios y de sus integrantes; de actos anteriores y coetáneos que hablan por sí solos y son reveladores de la verdadera voluntad de los representantes. Porque de eso se trata, al fin y al cabo. Lo que a la postre se lesiona en estos casos es el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio del voto de sus representantes. Casi nada en democracia. ¿Verdad?