Reflexiones en torno al caso Macarena Olona

Muy significativo del clima de polarización existente en la sociedad española, de las malas artes de que hacen gala algunos adversarios políticos (enemigos, más bien) y de la notable ignorancia o desconocimiento que del Derecho Público español tienen la mayoría de las personas que, alegremente, ocupan cargos públicos. Así pues, en mi opinión, la hora política actual de los españoles se compone de discordia, mala fe e ignorancia en el desempeño de funciones públicas, como regla general.

De esta manera, no puede sorprendernos tanto desatino, tanto error, tanto disparate de nuestros actuales gobernantes, pues es un hecho incontrovertible que el nivel intelectual y la madurez de raciocinio de aquéllos han bajado muchos peldaños desde que se echó a rodar esta democracia nuestra. Conmovidos por este clima de desasosiego, preocupados por lo que vemos y oímos, a algunos ciudadanos de a pie nos preocupa la inquietante deriva que ha tomado la mayoría de la clase política y por dónde se está llevando la gobernación del Estado: por mares políticos procelosos.

Y la prueba de lo que digo, una exageración para algunos, la tenemos en el caso Olona. En efecto, la primera reflexión sobre este caso nos lleva a descubrir el grado de sectarismo y rechazo que circula entre los partidos políticos y las diferentes ideologías en liza, ideologías que, cuando no se atemperan y concilian para perseguir el interés general, son elementos venenosos de los que la Historia reciente de España arroja páginas de espeluznantes episodios.

Hay algunos a los que les gustaría ser los únicos en el ruedo electoral. Viven de espaldas a la Constitución y se desenvuelven políticamente a la desesperada sin reparar en el daño que pueden infligir a la 'res pública' y a terceros. Es como si afirmaran aquello de «con razón o sin razón, mi partido y mi ideología es lo primero», antesala de ideologías fascistas o totalitarias. Instrumentalizan y manipulan las instituciones de todos, las públicas, destrozándolas, y cuando el ordenamiento jurídico, el Derecho, no les conviene, lo retuercen y arriman a su sardina, como dice el castizo refrán castellano. Lo malo es que, en política, en democracia, adoptar esa conducta conduce a la destrucción del sistema político dado. Se degrada y prostituye la vida política, y el país que padezca este modelo de relaciones y de sociedad se desliza hacia el caos.

El empadronamiento de la señora Olona, obligado por imperativo legal y no por capricho de la interesada, ha puesto de manifiesto todas las miserias partidistas y sectarias de los adversarios políticos. Algunos vimos, desde el primer momento, que le amparaban serios fundamentos jurídicos, sólidas razones para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Y así lo ha dictaminado la Junta Electoral Provincial de Granada.

La candidata ha tenido que sufrir innumerables descalificaciones y ataques personales y, siendo española, aguantar la discriminación de intenso tufo nacionalista (no en vano en el Estatuto andaluz de 2007 se cargaron las tintas nacionalistas como contrapeso al inconstitucional catalán de 2006) como es «tener la condición política de andaluz» (en su caso, andaluza). ¿Qué es esto último? ¿No es suficiente ser español? ¿Cómo se explica que baste la nacionalidad española para ser diputado en el Congreso y un Estatuto regional exija un plus, empadronarse en el territorio de esa comunidad autónoma? Y empadronado el aspirante, ¿le negamos la inscripción en el Padrón municipal?

Menos mal que todavía hay órganos electorales (de naturaleza cuasi jurisdiccional) encargados de la pureza y corrección del 'iter' electoral, amparadores de los derechos fundamentales de los electores y elegibles; y una Jurisdicción contencioso-administrativa para, en su caso, anular los abusos de los poderes públicos, principalmente de las Administraciones públicas, como sería el caso de la alcaldesa de Salobreña, mal aconsejada y peor decidida.

Y la última reflexión. Me cabe la satisfacción, como jurista, ver que se ha evitado una injusticia, un atropello de los derechos de una ciudadana a la que se le pretendía impedir el ejercicio de sus derechos reconocidos y protegidos por nuestra buena Constitución de 1978: «Derecho a participar en los asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos» (23 CE).

Para mí, la decisión de la Junta Electoral tiene el regusto de la frase inmortal e histórica de aquel molinero a quien el todopoderoso Federico el Grande de Prusia quería confiscar su medio de vida, el molino: «Pensad, majestad, que todavía hay jueces en Berlín». Todavía hay jueces honestos en Granada.