Tengo la sensación de que últimamente llego tarde a esta columna. Me pasó con la Ley de Educación, la ley Celaá, y me ha vuelto ... a pasar con la ley de la eutanasia que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de diciembre. Aquel día me asusté porque oyendo algunos informativos de radio y televisión, y a algunos que dicen ser periodistas, me pusieron el vello de punta. Oí de todo: Gobierno de la muerte, Ministerio de la Muerte, que se obligaba a los médicos a decidir sobre la vida de los demás... poco menos que iba a venir uno a determinar quién debía morir y cuándo. Yo en esto de la eutanasia he intentado ser siempre muy respetuoso y, aunque tengo mis propias ideas al respecto, prefiero no expresarlas fuera de mi entorno y mucho menos categorizarlas como si fueran verdad absoluta. Ello sobre todo porque siento un profundo respeto y admiración por aquellos que sufren hasta desear morir. Creo que quien llega a ese momento es consciente de lo que hace y de que seguir en esa situación no es compatible con lo que consideramos que es la vida y porque, dejémonos de tonterías, están hartos de sufrir dolor físico hasta el punto de querer terminar de una vez. No creo que alguien venga alegremente y diga «mátenme». Además, considero que es algo tan personal que no soy yo nadie para juzgar a quien llegado a ese extremo desea morir y nunca se me ocurrirá criticarlo sino, más bien al contrario, apoyarlo.
Pero como es natural no todos piensan igual que yo, sino que hay muchos que, por convicciones personales y otros por intereses políticos, rechazan la norma. Lo que no comprendo es cómo uno puede opinar, criticar y censurar a quien desesperado pide que le dejen morir. Me parece profundamente despiadado y falto de humanidad. Quién con su manera de pensar puede imponer que uno viva su agonía hasta que el corazón decida pararse sin mostrar ni un ápice de empatía aunque solo fuera guardando silencio. Alcanzar ese simplismo debe de ser fácil contemplando la televisión en una pantalla de 50 ó 55 pulgadas bien arrebujado en el sofá.
Fue tan duro todo lo que oí ese día a algunos periodistas que han insultado a la profesión para difundir ideas y hacer política que me dije yo que no podía ser cierto, que un gobierno no podía decretar quién debía morir y que tampoco podía obligar a un médico a matar a una persona. Así pues, decidí informarme y lo hice en este periódico. Resulta que según la ley cualquier persona mayor de edad, con nacionalidad española o residente legal en España y capacidad de obrar y decidir puede solicitar ayuda para morir. Lo debe hacer de forma autónoma, consciente e informada. El interesado deberá realizar dos solicitudes de manera voluntaria dejando que transcurran quince días entre la primera y la segunda. Si está impedido físicamente, otra persona mayor de edad lo puede hacer en su presencia y el documento se formalizará ante un profesional sanitario que lo rubricará.
El médico dispondrá de un plazo de dos días para iniciar un «proceso deliberativo» en el que estudiará su diagnóstico, así como las alternativas terapéuticas y sus posibles efectos. Además, el médico preguntará de nuevo al solicitante si desea seguir con el proceso y deberá exponer el caso ante otro médico consultor para que analice y ratifique que se cumplen los requisitos. Tras este paso, el médico encargado expondrá el caso ante el presidente de la Comisión de Evaluación y Control. A partir de ahí se administra al paciente por parte del profesional de una sustancia o se prescribe esa sustancia para que el enfermo se la tome. Llegado el momento final si el paciente está en posesión de sus facultades mentales deberá ratificar su determinación antes de seguir adelante. El médico responsable y los profesionales sanitarios asistirán al paciente hasta su muerte. Si es un suicidio asistido, el facultativo observará y apoyará a éste hasta su fallecimiento.
Por último señalar que la ley prevé una Comisión de Control y Evaluación para comprobar si se dan los requisitos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación. Asimismo, la petición puede ser denegada y lo podrá hacer el médico responsable de manera motivada.
Dos cosas más, se reconoce la objeción de conciencia para los médicos y no se debe olvidar que en 2011 el 77% de los españoles estaba a favor de la eutanasia y que en 2018 el porcentaje se elevaba al 85%.
Tras leer esta información me quedé mucho más tranquilo y llegué a la conclusión de que todo lo que había oído en torno a la aprobación de la ley no era periodismo, sino simplemente basura.
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