Pensiones, cambio de rumbo

Empecemos por recordar que las pensiones públicas son un derecho constitucional que obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad.

Por otra parte, desde que el sistema financiero, en los años 80 del pasado siglo, percibió que la Seguridad Social tenía una gran importancia económica, trató de gestionar una parte de ese dinero como un negocio para el conjunto de las entidades financieras. Quedó constatado entonces que el debate sobre las pensiones es un debate profundamente ideológico.

Es, además, un debate muy complejo presentado a veces, y desde distintos espectros ideológicos, de forma muy simplista. A nuestro entender, las personas y organizaciones que niegan que exista problema alguno para mantener un sistema de pensiones como el nuestro no le hacen ningún favor. Lo que procede hacer es identificar los problemas y darles soluciones. Porque son problemas que, con voluntad política, tienen solución. Y eso es lo que se está haciendo en la mesa de diálogo social sobre la reforma de las pensiones.

El acuerdo alcanzado deroga la reforma de pensiones del PP, recuperando la revalorización de las percepciones según el IPC y eliminando el factor de sostenibilidad. Es decir, con el acuerdo se han cumplido las dos demandas que dieron origen al movimiento de pensionistas, cuando era reconocido, y reconocible, como un movimiento plural.

El acuerdo establece una nueva fórmula de revalorización de las pensiones por la que estas volverán a revisarse con el IPC medio registrado cada año, con lo que se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo. Además, se añade una garantía para que la pensión no baje en caso de años con inflación (evolución de los precios de los productos y servicios) negativa. Podemos afirmar que el acuerdo sirve para que la revalorización del 0,25% sea, ya mismo, parte de la historia.

El pacto, además, deroga el factor de sostenibilidad que, recordemos, reducía el importe inicial de la pensión contributiva en función de lo que crezca la esperanza de vida.

En cuanto a la tercera clave del acuerdo, la que hace referencia a la financiación, conviene tener en cuenta que el sistema de pensiones tiene que abordar su mayor reto hasta la fecha. Afrontar la presión que va a soportar el sistema con la incorporación a la jubilación de la generación más numerosa de nuestra historia, lo que va a suponer que, a mediados de siglo, el número de pensionistas pase de los casi 10 millones actuales a más de 15 millones. Y ello significa que sólo con las cotizaciones sociales no vamos a poder pagar pensiones comparables a las actuales. Por tanto, será necesario que, allá donde no lleguen las cotizaciones, se garanticen ingresos adicionales estables por la vía de los impuestos.

Nuestro gasto en pensiones en la actualidad se sitúa en torno al 10,9% del PIB y para hacer frente a los costes previstos para mediados de siglo, garantizando unas pensiones comparables a las actuales, se necesitarán 3,3 puntos adicionales de ingresos. Con el acuerdo alcanzado reforzamos la estructura de los ingresos, de manera que el Gobierno renueva su compromiso como garante del sistema público de pensiones y realizará una transferencia de fondos todos los años, a través de los Presupuestos Generales del Estado, del entorno del 2% del Producto Interior Bruto.

Otra de las claves del acuerdo es la mejora generalizada de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria se rebajan todos los coeficientes reductores y se amplían las causas de despido para acceder a esta modalidad a todas las causas objetivas. Además, conseguimos la equiparación de la pensión de viudedad para parejas de hecho al de las parejas constituidas en matrimonio y la cotización de personas becarias (incluyendo todas las prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades, aunque no tengan carácter remunerado), entre otros nuevos derechos.

El acuerdo es, en definitiva, una buena noticia para los pensionistas de hoy y del futuro. Además, debe ser nuestro particular punto de inflexión para recuperar y fortalecer la agenda social que proteja a más personas. Nuestras próximas metas pasan por impulsar la subida del SMI y la derogación de las reformas laborales. Frente a los discursos grandilocuentes tan propios de nuestro entorno necesitamos mejoras tangibles para la ciudadanía. Seguiremos trabajando para lograrlo.