El bono de carestía, una foto más

Desde mi punto de vista, los ciudadanos tenemos la responsabilidad y la obligación de analizar, interpretar y criticar el contenido de las políticas relacionadas con el bienestar de los ciudadanos, independientemente de quienes compongan el poder legislativo que las promueve, y desde una perspectiva Weberiana, el político debe de tener ética en su responsabilidad y mesura en sus actuaciones.

Analicemos la última publicación aparecida en el BOJA del pasado día 10 de este mes de abril, y en la que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, anunciaba la convocatoria de lo que ha venido a llamar 'Bono de Carestía' destinado a apoyar a las unidades familiares con al menos un menor de 18 años a su cargo. Todo ello adornado con el discurso de integración social, políticas de inclusión, vulnerabilidad y con el objetivo, fíjense ustedes, de poner fin nada más y nada menos que a la pobreza, reduciendo las desigualdades.

Por otra parte, vienen a decir que, con esta medida «se pretende generar un impacto positivo y directo sobre el poder adquisitivo de las familias, salvaguardando su dinámica económica». Vamos a analizar eso del impacto, centrándome en las familias como personas con derechos.

Miren ustedes, para empezar el procedimiento de concurrencia no competitiva que se establece en esta convocatoria, o lo que es lo mismo, y perdonen la ironía, someter a los ciudadanos a una carrera: «Preparados, listos, yaaa el que llegue primero se lo lleva», con la única intención de abonar las ayudas en el menor tiempo posible, no cumple su cometido, ya que no abordan ni protegen los derechos sociales de todos los andaluces y andaluzas a las que van dirigidas estas ayudas.

Muchos técnicos de servicios sociales pensamos que este tipo de convocatorias de concurrencia no competitiva vienen a excluir a quienes realmente lo necesitan. No se puede establecer como única forma de presentación de solicitudes los medios electrónicos, cuando de todos es sabido que el perfil de la mayoría de las familias que necesitarían esta ayuda no sabe utilizar las redes sociales para este tipo de gestiones, y no disponen de certificado digital.

Esta forma de tramitar la solicitud está generando colas de espera infinitas que saturan el sistema y excluyen a los que sean menos habilidosos en el arte de relacionarse con registros electrónicos únicos, en lugar de ser atendido por un empleado público que le escuche, le atienda y le ayude.

La cuantía que se le ofrece a las familias es de 200 euros, en un pago único, y lo defienden diciendo que es para paliar el incremento del coste de la vida para las familias, por la subida de los precios en los productos alimenticios y de los suministros que han sido consecuencia del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y por otra parte por las consecuencias que aún arrastramos de la crisis sanitaria de la covid 19.

Dejemos las fotos a un lado, y analicemos la realidad desde un punto de vista técnico, a los que se sientan diariamente con los ciudadanos, no a los de despachos –mis respetos por delante–, son a los que deberían de tener más en cuenta a la hora de redactar este tipo de normas que contribuyen a analizar la realidad de las familias con menores, y sin menores, que también comen, y sufren las consecuencias del estado de malestar en el que se encuentran.

¿Ustedes creen que se puede hacer política diciendo que con un pago único de 200 euros se ayuda a las familias a paliar 'su pobreza'? A la semana de su publicación ya habían agotado el presupuesto. ¿Qué hacemos ahora con las familias en situación de vulnerabilidad que no han corrido y se han quedado fuera?

Como diría el señor J. J. Benítez, el que esto escribe lo hace con la intención de analizar las políticas que forman parte y afectan a las intervenciones diarias de un trabajador social, que acompaña diariamente a las personas en sus procesos de cambio y de resolución de problemas, pero también con la intención de poner en conocimiento de la opinión pública este tipo de planteamientos políticos que generan cabreo y malestar entre los técnicos por un lado, y los usuarios por otro, al tiempo que convertimos nuestros compromisos para con la profesión en actos, y no palabras como diría el filósofo francés Jean-Paul Sartre.