No es país para extranjeros

Verán, me casé con mi marido, ciudadano de la Unión Europea, en el año 2007, cuando él ya contaba catorce años viviendo y trabajando en 'la piel de toro'. La suma es fácil: es contribuyente español desde hace 28 años. Así que su 'españolidad' está más asentada que la de diez millones de españoles y españolas de pleno derecho cuya edad es menor que la que marca ese periodo. Pero es que, además, hace años que superó el tiempo aquí al transcurrido como residente en su tierra de nacimiento. Si a todo ello añadimos que es lector habitual de literatura española, que su trabajo le une íntimamente a nuestros artistas plásticos y dramaturgos, que atesora una reconocida y reconocible trayectoria artística en esta tierra, que es innegable su implicación en los asuntos de nuestra sociedad, y que es políticamente activo como el que más allí donde se le permite –a través de su voto en las elecciones municipales–, qué más se le puede pedir.

Bien, pues sí, por lo visto se le podía pedir mucho más. Por ejemplo, gastar sus dineros –habas contadas, como para casi cualquier trabajador autónomo cultural- en un curso de idiomas y otro de conocimiento de nuestras leyes y costumbres, con sus correspondientes exámenes, preceptivos para obtener los necesarios certificados. Unos conocimientos, demostrados al responder las preguntas de esas pruebas, que daría miedo saber a ciencia cierta cuántos de nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, acopiamos. Eso sí, toda esta estructura 'formativa' tiene como mullidor al Instituto Cervantes, una de nuestras instituciones públicas más relevantes a nivel internacional. Fíjense como se autodefine: «El Instituto Cervantes es una institución pública creada para la promoción y la enseñanza de la lengua española (…) para la difusión de la cultura española (…); y está presente en 90 ciudades de 43 países en los cinco continentes.» ¿A ustedes les parece lógico –y, sobre todo, coherente- que sea precisamente esta honorable institución, global e internacionalista en esencia, quien represente una de las mayores trabas y exija el mayor desembolso económico para cualquier persona que quiera obtener la nacionalidad española?

Pero ahí no queda la cosa. La inversión económica tuvo continuidad en el correspondiente pago a un traductor oficial para el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes penales –que tuvo que solicitar en Granada y que costó dos viajes a esa ciudad– y toda la documentación no española. Y una montaña burocrática que no voy a volver a subir ahora porque el espacio de esta columna es limitado. Todo fue convenientemente cumplimentado, cursado, traducido, examinado y presentado a lo largo de dos años, 2017 y 2018. Casi tres han pasado desde entonces y aun hoy el expediente se encuentra durmiendo el sueño de los justos en algún cajón, físico o cibernético, del Ministerio de Justicia.

Soy plenamente consciente de que fue durante los gobiernos de Mariano Rajoy cuando más se endureció, se burocratizó y se colapsó el proceso de nacionalidad por residencia en España. Pero no es de recibo que aún hoy se mantenga esta legislación tramposa, la descomunal burocracia y la inmoral paralización de los expedientes en curso. Porque detrás de este papeleo inmundo hay personas, muchas de ellas en una situación muy precaria, a las que no se les puede castigar más. O sí, porque hace unos días se acercó mi marido al Ayuntamiento para recoger su firma digital, necesaria para realizar algunos trámites en el desarrollo de su trabajo, y, ¡oh sorpresa!, resulta que le exigían que, para acreditar su identidad –de sobra conocida aquí–, además de su Tarjeta de Residencia o el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, ambos documentos oficiales, en regla y donde aparece su N.I.E., también debía adjuntar su Pasaporte. Con total inflexibilidad para un acto administrativo ordinario.

Y yo me pregunto: si fuera un futbolista de relumbrón, ¿estaría en esta situación? Seguramente no. Y esto, ¿dónde nos deja?