Esta columna ha dejado en numerosas ocasiones negro sobre blanco una realidad cada vez más palmaria: la necesidad de entrar a saco en la regulación ... estatal del menguante y desigual sistema tributario español. Un maremágnum legal en el que se superponen diversas regulaciones autonómicas, desgravaciones y deducciones. El paraíso para las grandes fortunas, los gestores más brillantes y los trasatlánticos empresariales del IBEX 35. Algo que se empeñan en negar los gobiernos conservadores de las comunidades autónomas, que no dejan de bajar los impuestos cedidos que más contribuyen a la redistribución de la riqueza. Tampoco hace demasiado por romper esta dinámica el Gobierno de la Nación, que arrastra los pies cuando se trata de cumplir con su compromiso de iniciar una reforma fiscal en la que prime la justicia social y se impongan los malhadados principios de progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria.
Ha tenido que ser de nuevo la OCDE la que llame la atención sobre un impuesto en particular, alrededor del cual se han vertido tantas y tantas medias verdades y mentiras: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los grandes patrimonios y las familias más prósperas de este país se han desvelado, a través de su enorme influencia social y mediática, por extender la especie de que una regulación más onerosa de este tributo perjudicaría al común de los mortales. Algo absolutamente falso, por más que hayan existido excepciones excepcionalísimas que se han puesto bajo la lupa en los medios de comunicación hasta llegar casi al esperpento.
Pues bien, el 'think tank' de las economías más avanzadas del mundo, en su informe 'Fiscalidad de las herencias en los países de la OCDE', publicado el martes, ha dejado escrito lo siguiente: «El impuesto de sucesiones puede desempeñar un papel importante para aumentar ingresos, reducir desigualdades y mejorar la eficiencia». Afirma, además, que la aportación de este tributo a las arcas públicas ha caído en las últimas décadas, pese a un paralelo aumento de la concentración de la riqueza. Fíjense que durante los años setenta del pasado siglo, solo este impuesto suponía el 1% del total de la recaudación en los Estados que engloba este organismo. Hoy este porcentaje se ha reducido a la mitad, al tiempo que el 10% de la población más rica posee el 52% de la riqueza, y el 1% más acaudalado acumula el 18%. Por otra parte, el informe también destaca que las herencias están distribuidas de manera desigual entre los hogares porque en los más ricos las herencias y donaciones son 50 veces mayores que en los más pobres, una circunstancia que se recrudecerá según las tendencias de los precios de los activos y el envejecimiento de la generación del 'baby boom'. Fíjense que España y Luxemburgo son los países con mayor riqueza media, y sus herencias son la cuarta y la tercera más elevadas del bloque.
Y, como no podría ser de otro modo tratando este tema, la Comunidad de Madrid sale a colación en este informe. Asegura que es una de las regiones con fiscalidad más baja en los tributos que gravan la riqueza, porque es la única que bonifica al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y se ha configurado como el mascarón de proa de las que han reducido al 99% el de Sucesiones y Donaciones para los familiares cercanos. Con lo que Madrid se comporta, sin lugar a dudas y por más que se empeñen en negarlo, como un verdadero 'paraíso fiscal interno', encajado en el mismo centro de la península ibérica. Para documentar este hecho, el informe cita un estudio de los economistas Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano que prueba el hecho de que contribuyentes muy acaudalados se movieron a Madrid a partir de 2011. Pasados cinco años, el número de ricos en Madrid había crecido un 10% en relación con otras regiones.
Así que, señores gobernantes de la izquierda, déjense de zarandajas con las carreteras, la deducción por tributación conjunta y otras figuras impositivas que afectan de lleno a las rentas medias y bajas. Envíen de una buena vez mensajes, seguidos de hechos constatables, que casen con su escala de valores progresista. Aunque en el corto plazo les pueda costar un puñado de votos. Tengo el pálpito de que, con el paso del tiempo, si actúan de manera coherente, la ciudadanía pueda sentir que los políticos son parte de la solución y no del problema.
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