Rey neutral sí; Rey neutralizado no

Algunos no ocultan su satisfacción y aprovechan cualquier oportunidad para hacer mella en la monarquía. Pero lo insólito es que desde posiciones gubernamentales puedan lanzarse mensajes erróneos susceptibles de interpretarse como ataques a la institución monárquica.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha reaccionado furibundamente frente a la llamada del Rey Felipe VI al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expresándole que lamentaba no haber podido presidir en Barcelona el acto de entrega de despachos a la LXIX promoción de jueces.

El Ministro se ha colmado de gloria al criticar la posición insostenible de «una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumplimiento de ese modo la constitución que impone su neutralidad…» Aunque la Casa Real ha explicado que la llamada fue un simple acto de cortesía, Alberto Garzón atribuye Felipe VI una intención malévola y de paso contrapone la legitimidad democrática del Gobierno con la de la «monarquía hereditaria». Sus 33 palabras, treinta y tres, harán sombra a la doctrina del rey neutral de Benjamín Constan. No hay nada como un tuit planetario para sentar cátedra.

Pero resulta que la legitimidad de la Corona deriva ni más ni menos que de la Constitución, en la que se establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3). La Corona de España es hereditaria, sí, pero porque lo establece la Constitución en el artículo 57.1 y no por emanación divina, ni por el peso de una dinastía histórica. Tampoco por gracia y obra de Franco, aunque algunos quieran verlo así. Quizá hay un poco de envidia en quienes critican el carácter hereditario de la monarquía porque Felipe VI no se tiene que someter a reválida cada cuatro años, a diferencia de los representantes políticos. Pero cuestionar el pedigrí democrático de la Corona es absurdo. Tanta es su legitimidad y consistencia que el poder constituyente estableció un duro procedimiento para las reformas constitucionales que le afecten (aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara; disolución inmediata de las Cortes; ratificación de la decisión y aprobación por mayoría de dos tercios de las Cámaras elegidas y referéndum para su ratificación). Algunos ven en la regulación del artículo 168 de la Constitución un valladar inexpugnable. Semejante procedimiento de reforma no se lo salta un galgo y esto no gusta a los más acérrimos partidarios de la república, porque no ven posible un cambio de régimen político que necesitaría un altísimo consenso.

Al tuit del ministro Garzón le ha seguido otro del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que afirma que el «respeto institucional significa neutralidad política de la Jefatura del Estado». No recuerdo ningún precedente en la etapa constitucional que vivimos en el que miembros del Gobierno hayan cuestionado abiertamente y al unísono la neutralidad del Jefe del Estado. Aquí hay mar de fondo, porque la llamada de Felipe VI no tendría mayor trascendencia en una situación de normal funcionamiento de las instituciones. Pero los tuiteros juntan churras con merinas y la prueba está en que al mismo tiempo Pablo Iglesias señala que el respeto institucional supone también la renovación «en tiempo y forma» de los órganos judiciales. Entiendo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, y en esto lleva razón, pero no cuando acusa a Felipe VI de romper la neutralidad por la dichosa llamada. En ese juicio comete un grave error. Una cosa es que el Rey deba ser neutral y otra bien distinta es que deba ser neutralizado. El Rey, Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1 de la Constitución). En el marco de sus funciones es guardián de la Constitución y así lo jura ante las Cortes. El Rey no es un jarrón chino en el edificio constitucional, sino que ostenta relevantes funciones de obligado cumplimiento (arts. 62 y 63 de la Constitución), aunque haya perdido las prerrogativas propias del poder concentrado en las monarquías del Antiguo Régimen.

Felipe VI sabe muy bien que la neutralidad va de suyo en la monarquía parlamentaria. Recordarle en un tuit que debe ser neutral es un despropósito y más aún si no hay motivo para ello y se puede dar la impresión de que el fin de esos mensajes es achantarlo o neutralizarlo: «¡Chitón, majestad!» Seguro que no ha sido esa la intención, pero yo no he oído pedir perdón ni quitar hierro al asunto. Los fáciles equívocos a los que puede dar lugar un tuit se deben corregir inmediatamente cuando afectan al papel de la Jefatura del Estado, porque, como dice el profesor Eloy García, la neutralidad política del monarca no puede ser «una neutralización que le otorga una suerte de venia constitucional para permanecer, ciego, sordo y mudo ante lo que pueda pasar, independientemente de que se encuentre ante un simulacro que pueda llegar a implicar la aniquilación no ya de la monarquía, sino de la Constitución y de su misma fuente originaria, la propia democracia».