A oscuras

Más de 3.200 familias han padecido cortes de luz de larga duración en Almería en el último mes y medio. El dato –probablemente infraestimado– lo ha obtenido el periódico de la información pública que Endesa sirve en su página web de clientes. Según el censo, en Almería residen poco más de 69.000 familias. Hablamos de un porcentaje lo suficientemente relevante, el 4,62% de las unidades familiares almerienses, como para que las administraciones públicas comenzaran a tomarse en serio un problema ante el que llevan años haciéndose los ciegos.

Hace un lustro, la Subdelegación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería crearon una comisión interadministrativa para abordar un problema que está originado en la marginalidad y la vulnerabilidad por el rentabilísimo mercado de la marihuana. Más de la mitad de los 'desenganches' se produce en conexiones fraudulentas relacionadas con su cultivo. Pero que el origen sea delincuencial no exime a todos de fajarnos ante esta situación. Y me gustaría poder pensar que se está haciendo todo lo posible por evitarlo. Pero que haya pasado más de dos años sin que la comisión –de dudosa utilidad– se haya reunido da una elocuente construcción de la importancia que los responsables públicos dan a este problema severo con el que conviven miles de familias que viven con nosotros, que trabajan con nosotros y que tienen los mismos derechos constitucionales a vivir dignamente.

Sin caer en la fácil demagogia, sería de una ceguera inconmensurable no cuestionarse qué ocurriría si los afectados por los continuos cortes en el fluido eléctrico fueran los polígonos empresariales de nuestra ciudad, en los que frigoríficos industriales provocarían severas pérdidas económicas a las mercantiles. O simple y llanamente si ocurriera en barrios del centro de la ciudad. ¿Se lavarían las manos el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento si estos cortes tuvieran lugar, a diario, en la Rambla, en el Paseo, en Obispo Orberá, en Oliveros, en Nueva Almería o en La Vega?

Gobernar es regir el aparato del Estado, del que forman parte todos los niveles y estratos de nuestra arquitectura institucional, para solucionar los problemas de los ciudadanos. No tener luz eléctrica mientras se pagan las facturas, mantener un sistema que permite los enganches fraudulentos de manera casi impune, es negar un problema de primer orden, como lo sería dejar a Torrecárdenas sin suministro de agua o a un colegio sin mobiliario. Y a nadie se le ocurriría tal cosa.