El Estado de derecho y su degradación en la España actual

• La permanente violación del principio de igualdad de los españoles estableciendo, de hecho y derecho, la preferencia de Cataluña sobre cualquier otra comunidad autonómica, como moneda de cambio para allegarse los votos catalanes se necesitaban para alcanzar el Gobierno y mantenerse luego en él.

• El ataque sistemático de los poderes ejecutivo y legislativo al poder judicial, del que es muestra evidente la indebida introducción en nuestro sistema jurídico de la amnistía –que no indulto, pues no se quiere perdonar el delito cometido, sino declararlo inexistente— beneficiando de esta forma a los numerosos condenados del «procés» en sentencia firme, incluso por malversación de fondos públicos.

• La lamentable injerencia del Tribunal Constitucional en lo ya decidido por la jurisdicción ordinaria sobre los delitos cometidos en el caso de los ERE andaluces, con la notoria intención de propiciar la revisión de determinadas condenas y de sus efectos económicos.

• Los sendos casos de corrupción, sin paliativos respectivamente tramitados ya por la Administración de Justicia, afectantes a la esposa y a un hermano del Presidente del Gobierno.

• Los casos Koldo, Abalos y Santos Cerdán (vinculado este último a una posible financiación ilegal del PSOE, como ya ocurrió en los años noventa con Filesa y Malesa).

• La pasividad gubernamental ante la contumaz negativa a dimitir del Fiscal General del Estado, pese a que el Tribunal Supremo le mantenga procesado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

• La implantación de la mentira en sustitución de la obligada transparencia en la gestión pública, apoyada a su vez esa mentira en una insoportable propaganda del más puro estilo nazi.

• La tramitación parlamentaria de los proyectos de ley en materia de justicia perpetrados por el ministro Bolaños, en contra la opinión prácticamente unánime de los juristas nacionales, y que comporta una considerable minoración de las ya reducidas competencias de autogobierno e independencia reconocidas al poder judicial.

• Las amenazas que se ciernen sobre una institución jurídica, plasmada en la Constitución y de tan honda raigambre en el Derecho español, como es la posibilidad del ejercicio sin especiales trabas de la llamada «acción popular».

• El reiterado incumplimiento del mandato constitucional imperativo de presentar a las Cortes anualmente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado; se trata de una vía bastarda para ocultar que el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para su aprobación.

• Etcétera.

En esta tesitura, es conveniente recordar el texto, especialmente brillante, del apartado primero del artículo 1 de la Constitución Española: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que promulga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Algo más adelante, el artículo 9.1 de la propia Constitución insiste en que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», con la proclamación expresa, en su apartado 3, de «la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». La evocación de estos preceptos constitucionales, nos plantea de inmediato la cuestión de su radical incompatibilidad con el estado de cosas antes descrito. Procede pues intentar concretar los medios con los que la propia Constitución cuenta para garantizar ese Estado de Derecho democrático y social que los españoles, en un hecho histórico sin precedentes, establecimos en 1978 como modelo de convivencia. Contrariamente a lo que con profusión se nos dice, la legitimidad de origen de este Gobierno no actúa como un cheque en blanco genéricamente exculpatorio, sino que es la legitimidad en el ejercicio del poder la que está en juego; y, cuando de ella se trata, son los mecanismos constitucionales –singularmente, el proceso electoral que ponga a cada uno en su sitio— los que impidan la perpetuación de tanta tropelía y de tanta ilegalidad.

Ante el presente estado de cosas, no cabe mirar para otro lado. Cada uno, en la medida que le corresponda, ha de evitar ser cómplice silente del gravísimo deterioro que está sufriendo la democracia española: ésta, día a día está siendo suplantada por la arbitrariedad, el populismo y, en definitiva, a la autocracia. En defensa de la democracia español y con relación a algunas de las prácticas antes descritas, diversos foros internacionales han emitido ya algunos estudios e informes críticos. Pero en España quizás no se esté actuando con la eficiencia y el rigor que la gravedad de la situación requiere, pues no se dan a conocer suficientemente tales trabajos foráneos ni los que se elaboran dentro de nuestras fronteras. Por eso, quiero poner de manifiesto, precisamente en estas fechas de cierre de los cursos académicos, cómo la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que extiende su acción a toda Andalucía Oriental, ha destinado gran parte de su actividad académica, de diciembre a mayo, a un ciclo de conferencias y mesas redondas sobre el «Estado del Estado de Derecho». En esas actividades ha contado con la colaboración de la Cátedra «Jean Monnet» y de valiosas personalidades de la Universidad de Granada. A mi juicio, se trata de un modelo a seguir, pues de este modo instituciones y entidades de indiscutible peso y tradición quedan implicadas en la realidad problemática más actual.