El Poder Ejecutivo: el abuso del derecho y el fraude de ley

El panorama no es positivo. ¿Se utilizan las instituciones públicas a conveniencia propia para acceder al poder o mantenerse? ¿Se gobierna y legisla para una parte con desprecio a la otra e ignorando el bien común y la universalidad de la norma jurídica?

La necesidad de siete votos para seguir en el poder un gobierno y, la continua exigencia del nacionalismo, condiciona su acción que puede degenerar en el ejercicio abusivo del Derecho y en una apariencia de legalidad para conseguir un resultado contrario a la ley que se instrumentaliza. Porque hay que aprovechar «el tiempo que nos queda».

El mito de la división de poderes

Es la teoría de los contrapoderes: si funcionan hay democracia, si faltan o fallan dudamos de que exista porque la ley queda sometida al interés partidista. Hoy la mayoritaria coalición de partidos controla al Legislativo y Ejecutivo e incluso también determinadas funciones del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, este con un poder desproporcionado. Hay otros poderes. También está el Rey con su neutralidad, otras instituciones y los medios de comunicación.

¿Por qué se ha llegado a esta situación de confusión que se fue gestando desde la Transición? Culmina actualmente con la mentira, la corrupción (sobre todo la 'ideológica', como dice Toni Nadal), un descreimiento de la democracia por la endeblez de un Parlamento atomizado y llega un encantador de serpientes, políticos con una mayoría coyuntural y el estado de derecho se disuelve como un azucarillo. Es la «partitocracia». Ya la vedete de la democracia no es el Parlamento porque se puede gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo».

El secretario general de un partido que para acceder a la presidencia del Gobierno y mantenerse necesita siete votos, ¿puede conceder millones de euros, condonar deudas, imponer una financiación 'singular', un concierto? Se ofrecen prebendas, bienes, innovaciones fiscales, suprimir o ceder instituciones.

La confusión de los tres Poderes del Estado en un presidente del Gobierno y en un ministro de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y de Justicia pueden llevar irremediablemente al deterioro del orden constitucional. Este anuncia la Ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Una vez más habla de 'modernización', 'inmovilismo' y 'progreso'. Ciertamente, es una necesidad mejorar el acceso a profesiones que deciden sobre nuestra vida y patrimonio y su compromiso constitucional y deber de asegurar el imperio de la ley, pero ese ministro y otros políticos ¿tienen autoridad para tal tarea más que necesaria? Traer a colación las primarias de su presidente con la poca importancia concedida, con su colmena familiar de pleitos y sus antecedentes académicos hace temblar a parte de la sociedad y augura un desastre monumental. Y eso que creemos al presidente cuando dice que es un «hombre horado que ignoraba» a los truhanes ahora aterrados porque gobierne la derecha.

La declaración testifical del ministro en el caso de la señora Begoña le ha conducido a estar pendiente su condición de investigado al responder sobre quién contrató a una asesora para asistirla. El tres veces ministro despachó con normalidad diciendo que nada «tenía que ver con el nombramiento, que lo ignoraba pero que se hizo conforme a ley y con todos los trámites reglamentarios». Puede que para el instructor sea normal que doña Begoña tenga una asesora pero no que recaben fondos y que ejerza funciones más propias de una asistenta en una empresa privada que de directora de programación de secretaría general de presidencia. Que alguien pagado por el Poder Ejecutivo solicite dinero constituye una forma de proceder que no se aceptaría con nadie más que con quien es la esposa de un presidente.

«¿Qué es lo que pasa en este país al lado de Gaza?» –comenta uno–. Pues lo que decía Santa Teresa: «Bástele a cada día su afán». Ni Gaza ni usted. Los dos para adelante si hay indicios de criminalidad.

No hay confianza en la gestión gubernamental y predomina el interés del partido y del político de turno a costa del presupuesto nacional. Hay una falta de consenso de los dos grandes partidos en temas generales y en vez de hacer política de Estado se entregan a los que les prestan los votos y se ceden competencias vitales para el Estado.

Del 'Pujol Enano, habla castellano' se pasó a la madre de todos los pactos: nuevo sistema de financiación autonómica –con la cesión progresiva de la recaudación del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales–; participación en la Agencia Tributaria con capacidad normativa sobre impuestos cedidos y compartidos; desaparición de los gobernadores civiles y su sustitución por subdelegados provinciales; asunción de las políticas del INEM; transferencia de los puertos; las políticas de tráfico pasaron a depender de Cataluña; se expulsó a la Guardia Civil y se sustituyó por los Mossos d'Esquadra; y la transferencia de cientos de competencias en educación, sanidad, justicia, agricultura, cultura, empleo, medio ambiente y vivienda.

Sirva otro ejemplo. Como aspirante a presidente de la nación, ¿puede negociar y obtener la presidencia de una comunidad a favor de uno de los suyos comprometiendo el patrimonio de España y de los españoles? Caso Illa. Hay un favoritismo y oportunidad en su nombramiento, una desigualdad respecto al resto de los candidatos: la promesa de la quita de la deuda catalana como condición para investirlo como presidente. Después se apremia el Gobierno para concretar el cupo como consumación del proyecto independentista. La desigualdad se institucionaliza. Y lo pagamos entre todos ahora y en el futuro.

Otro caso. Una ministra se le nombra candidata a presidir una comunidad. Su partido obtiene la alcaldía de una capital de provincia condonando la deuda. Otro día se hace hincha del Betis club de fútbol y viaja a Polonia a gritar «¡Viva el Betis, manque pierda!». O se hace la foto en El Algarrobico y anuncia su derribo.

Tal vez llegue un momento en que se reglamente y delimite el interés general y el particular propio del fin de semana en visita a su feudo político. Todos tenemos nuestras incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones. Se nos exige con regla y compás los impuestos. Usted no puede descansar, escribir cartas y coger el Falcón e irse de ejercicios espirituales dónde quiera. ¿Cuánto cuesta eso?

Deberían abstenerse o poder ser recusados como ocurre con un juez o funcionario público en caso de conflicto de intereses; aquí siete votos para seguir en la teta de la vaca. Se pierde el sentido del Estado de Derecho si no está ya perdido. Para el bien y utilidad del partido se utilizan los presupuestos generales aunque sean prorrogados. ¿Hay una incompatibilidad al disponer de bienes de todos los españoles?

Montesquieu tiene un pequeño ensayo: 'Grandeza y decadencia de los romanos'. Un catedrático de facultad lo recomendaba porque gravita en torno a la virtud, que es lo que nos falta. ¿Debemos olvidarnos de las siglas, de los programas electorales y distinguir entre buenas personas, malas e incluso malditas? La clase política debe tener un pacto interno de no agresión para esta picaresca que se agudizan en campaña electoral. Para justificar esos viajes y ausentarse recurren a actos irrelevantes que justifiquen los desplazamientos... Eso tendría que censurarlo el Tribunal de Cuentas, que creo a veces no es ni una cosa ni la otra porque en el Código Penal estará tipificado.

¿Se puede incurrir en abuso de derecho o en fraude de ley?

Continuará...