¿Existe el Poder Legislativo en España?

Voto particular suscrito por la magistrada Ana Ferrer

En casos como este, la opinión que discrepa de la mayoría puede operar como resorte para cambios en los pronunciamientos de las posteriores instancias. Para ganar un litigio, más vale ofrecer al juez una salida airosa. Al final, el derecho es lo que el último juez quiere que sea… conforme a ley.

Dice la señora magistrada: «… La lectura de los preceptos citados advierte del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en los años 2014 y 2017… siempre que buscaran hacer realidad lo que el legislador denomina el proceso independentista catalán». Insisten, magistrada y condenados: no se puede prescindir manifiestamente de la voluntas legislatoris y de la voluntas legis. Éstos concluyen: «… socava los límites de la potestad jurisdiccional y se adentra peligrosamente en el terreno de la ficción legislativa, porque interpretar de manera tan amplía la Ley conlleva en este caso su práctica derogación».

Tales argumentos tienen también algo de ciencia ficción. El voto oculta o ignora al «verdadero legislador» en la Ley de Amnistía. Pero ¿a qué legislador, a qué voluntas legislatoris se refieren el voto particular y recurso de los condenados por el TS?

Puede que el Poder Legislativo actual sea una manipulación de la verdad.

La concepción positivista del derecho, –fórmula matemática con resultados previsibles–, fue superada y, pretende cambiar la realidad jurídica utilizando las leyes y el derecho desde dentro con distinta finalidad.

A veces, el legislador se arroga, de manera intrusiva, facultades y se atreve a cambiar la Constitución, aprobar una amnistía en un uso alternativo del derecho. Se apela a la voluntad del legislador, como si tuviera alma. En verdad, tampoco hay grandes estrategias para politizar la justicia. Se obra, con improvisación y chapuza porque o lo que importa es el boletín oficial del Estado, que lo aguanta todo.

El único legislador sustancial que hay en la Ley de Amnistía es Puigdemón y está fuera del Congreso de los Diputados. Instalado en Waterloo en la Casa de la República, interviene en la política española y ha dictado su propia Ley de Amnistía al Poder Legislativo para apuntalar el Gobierno.

¿El legislador ordinario, coadyuvando Puigdemón, puede interpretar el texto constitucional hasta admitir la amnistía no citada literalmente como medida de gracia? O, ¿sólo unas cámaras constituyentes, elegidas para esa función, pueden hacerlo?

¿Una amnistía puede ser legislada, sin previa reforma de la Constitución de 1978 con una interpretación extensiva?

Puigdemón, presidente de la Generalidad y cesado en base al art. 155 de la CE, huido, fue puesto en busca y captura y acusado de posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por actos que se le imputan en la organización del referéndum y la declaración unilateral de independencia. Reapareció en Barcelona e instaura, dirige e impulsa la 'iniciativa legislativa' de un oficioso proceso para la futura Ley de Amnistía anterior y paralelo a la Ley de Amnistía. Ha sido su amnistía política. Él ha adaptado y dictado la Ley obviando los obstáculos, incluyendo la derogación del delito de sedición al introducir la necesidad de enriquecimiento de los golpistas, de lo que la autora del voto particular hace casus belli. Es un traje hecho a medida. Y con un mediador salvadoreño para darle alcance internacional.

No caben negociaciones sobre ella, es res extra commercium.

El borrador de sentencia proyecto de la Ley de Amnistía del Tribunal Constitucional, filtrado vergonzosamente, avala su constitucionalidad. La Comisión Europea la califica de «autoamnistía». Y añade «que no responde a un interés general reconocido por la Unión», que los votos de sus beneficiados «han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español» y «que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España».

¿Se ha cumplido el art. 87.1 de la CE?: «La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras».

No se expresa en su extensa Exposición de motivos de la ley, su verdadera causa, que no es la simulada, ─el interés general y la pacificación─, sino una disimulada: se ceden unos votos en investidura por una despenalización.

Hay una perversión constante del proceso legislativo que reside en las Cortes y no en Waterloo. Van y vienen a negociar con el factótum presidiendo la embajada el sr. Santos Cerdá –asusta pensarlo y ahora: exdiputado y exsecretario de organización del PSOE–. Puigdemón mueve, teledirige todo el proceso legislativo en el Congreso y Senado. El Poder Legislativo firma un contrato de adhesión con el nieto de aquel carlistón que salvo el pellejo durante la Guerra Civil refugiado en la provincia de Cádiz.

La amnistía sólo puede ser unilateral y gratuita y sin embargo tiene una contraprestación al beneficiario de la medida de gracia: el apoyo a la investidura del Presidente de Gobierno. No sólo puede ser inconstitucional, sino ilícita, por venir precedida de un pacto entre el gobierno y sus socios catalanes, conocido por todos, con intercambio de votos, para «mi» investidura, por ley, en la que «yo» te amnistío, que determina su nulidad porque no se fundamenta en el interés general.

La dinámica creada por los que han pactado la Ley es una continua exigencia, extorsionadora, del cumplimiento de la contraprestación debida.

Puigdemón, Junts y ERC imponen a Francina Armengol como tercera autoridad del Estado pues preside el Congreso de los Diputados sin haber sido diputada. El acuerdo se consigue aceptando el Gobierno el acuerdo sobre el uso del catalán en las Cortes –luego vendrán el euskera y el gallego en la UE y por cuenta de nuestros maltrechos bolsillos–, la reapertura de la comisión sobre «las cloacas del Estado» y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils.

En el Congreso de los Diputados el banco azul aparece casi siempre vacío. Me preguntas por peces, te contesto con manzanas y se echa mano de una letanía prefabricada. La oposición pierde los estribos solicitando elecciones y desgañitándose contra el presidente sin ideas que convenzan, se espera la solución judicial o el adelanto de elecciones. Se insultan mutuamente hasta llegar a la injuria y calumnia contra personas elegidas democráticamente, sus electores y componentes de Instituciones, Poder Judicial y Fuerzas de Seguridad. Se prescinde del debate político entre los partidos.

Se presume sin embozo: ¡Avanzaremos con o sin el poder legislativo! El discurso de investidura es otra cuestión: «No hay Gobierno que funcione sin parlamento; pero tampoco puede haber un Parlamento que funcione indefinidamente sin Gobierno. Para funcionar plenamente, el mecanismo de la democracia necesita de todas sus piezas».

Continuará