Medidas con peso legal

La secuencia de la actuación institucional frente a la transmisión comunitaria en Lleida demuestra que existen lagunas jurídicas y de protocolos de actuación para que ... las autonomías afronten los brotes de la Covid-19 cuando pasan de ser episódicos a requerir medidas que afecten a derechos fundamentales o impliquen restricciones masivas. Lagunas que además pueden dar lugar a desencuentros políticos y hasta de carácter constitucional. El Gobierno de la Generalitat ordenó el confinamiento domiciliario en el territorio leridano. El juzgado de instrucción número uno de Lleida invalidó esa orden. El presidente Torra declaró que no aceptaba la resolución judicial, anunciando la publicación de un decreto ley para reforzar la decisión de la Generalitat. Frente a lo que el fiscal jefe de Lleida advertía de que «no cabe decreto ley si toca derechos fundamentales». Generándose así una situación de impasse inadmisible cuando de lo que se trata es de responder a la epidemia de inmediato. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez transmitía el mensaje de que las comunidades autónomas cuentan con los «instrumentos» de legalidad necesarios para atajar el coronavirus. El Ejecutivo central parece haber pasado de una defensa a ultranza de las bondades del estado de alarma con mando único a la centrifugación autonómica de las responsabilidades frente a la Covid-19. Ciertamente no solo las competencias sanitarias, también los medios para el seguimiento y control epidemiológicos se encuentran en las comunidades. Aunque estos últimos han de ser reforzados, como evidencia la entidad de algunos de los 120 brotes que se extienden por 15 provincias. Pero las comunidades autónomas no cuentan con la potestad de ordenar confinamientos domiciliarios que vayan más allá de personas cuya capacidad de transmisión haya quedado demostrada por PCR. Algo en lo que insiste la Fiscalía. Tampoco cabe decretar tales medidas si no es a través de la aplicación del estado de alarma bajo control parlamentario. El ministro Illa declaró ayer ante las dudas que generaba el enredo institucional en Lleida que los ciudadanos debieran «seguir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias». Pero esas recomendaciones han de tener algún rango normativo para que sean eficaces, para que las personas concernidas no se sientan desconcertadas, e incluso para evitar que haya disputas entre ciudadanos o entre empresas por seguir o no un mero consejo sanitario sin fuerza legal.